MURCIA.- El abogado murciano Diego de Ramón exige al Banco de España una vigilancia exhaustiva de 'Caixa Bank' como tercera entidad bancaria en un escrito que le ha dirigido por conducto fehaciente al gobernador del mismo, Luis María Linde de Castro, al objeto de que se revise su modelo de negocio conforme a las últimas normas de la Autoridad Bancaria Europea respecto a las exigencias de solvencia.
El letrado murciano le recuerda al señor Linde que el Mecanismo de Supervisión (MUS) del Banco Central Europeo (BCE) tiene facultades de conceder y revocar licencias bancarias y de aprobar actividades financieras de participaciones en compañías de la zona euro, ya que el señor Linde no ha contestado todavía a la reclamación-denuncia hecha a comienzos de 2015 por Diego de Ramón por ser el Banco de España colaborador del BCE en la vigilancia de los 14 bancos más grandes de la Eurozona.
Insiste el abogado en analizar e investigar, entre otros aspectos, la retribuciones económicas del presidente de 'Caixa Bank', Isidro Fainé Casas; saber por qué obtiene más beneficios en otros negocios distintos al crediticio y por qué luego acude al mercado de capitales del BCE a pedir 7.000 millones de euros si todo le va bien ya que prestó 212.077 millones.
De Ramón exige una investigación a fondo de 'Vidacaixa' (que posee el 42,92% de 'SegurCaixa Adeslas' y el 99% de 'AgenCaixa') así como de la alianza de Mutua Madrileña y 'Caixa Bank'.
Igualmente quiere saber más de la conexión entre la Obra Social de 'Caixa Bank' y la Fundación Bancaria 'La Caixa' ya que ésta controla ahora el 58% del capital de 'Caixa Bank' a través de 'Criteria Caixa Holding', lo que hace preguntarse al abogado murciano por qué la Fundación dedica fondos al constante crecimiento de 'Caixa Bank' y una parte no equiparable a la Obra Social. Y se pregunta por escrito ante el gobernador: "¿Quién controla ese 58% del beneficio a la Fundación no existiendo accionistas?. De ahí el interés del exámen o fiscalización de la gobernanza de 'Caixa Bank'".
En consecuencia, pide sean investigadas, por si fueran motivo de inspección, 'Criteria Caixa Holding', la inmobiliaria 'Building Center', Caixa Girona, CajaSol, Caja Guadalajara, Banca Cívica y Banco de Valencia, como integrantes del grupo financiero 'Caixa Bank'.
Luego se pregunta en el escrito Diego de Ramón qué entidades de tasación han sido las que han evaluado los activos inmobiliarios de la entidad y sus referencias de valor. También quién tasa el crédito total o fallido y dónde va el dinero parcialmente recuperado en daciones, pagos o subastas judiciales y si se cumple la circular 4 del Banco de España si es que se examinan estas actividades ya que las tasadoras las elige 'Caixa Bank' y rinden cuentas a 'Caixa Bank' así como los servicios jurídicos o de gestión de activos rinden cuenta a ellos mismos.
Este abogado pide al Banco de España investigación sobre los activos inmobiliarios irrealizables de 'Caixa Bank' y la colocación de capital en cotización entre los 'inocentes y dóciles clientes' para alcanzar el mínimo exigido de capital líquido a los bancos salidos de las antiguas cajas de ahorro a través de fundaciones.
"La ingeniería financiera ha sido que, tras la última emisión de bonos convertibles en acciones, el número de propietarios de la entidad ha pasado de los 365.000 con 'Criteria' a más de 600.000 con los clientes de 'La Caixa'", sostiene Diego de Ramón.
A juicio de este letrado, la inspección deberá dirigirse a cuentas, balances y estimación de pérdidas, donde computan las ayudas públicas recibidas como capital.
Insiste el abogado en analizar e investigar, entre otros aspectos, la retribuciones económicas del presidente de 'Caixa Bank', Isidro Fainé Casas; saber por qué obtiene más beneficios en otros negocios distintos al crediticio y por qué luego acude al mercado de capitales del BCE a pedir 7.000 millones de euros si todo le va bien ya que prestó 212.077 millones.
De Ramón exige una investigación a fondo de 'Vidacaixa' (que posee el 42,92% de 'SegurCaixa Adeslas' y el 99% de 'AgenCaixa') así como de la alianza de Mutua Madrileña y 'Caixa Bank'.
Igualmente quiere saber más de la conexión entre la Obra Social de 'Caixa Bank' y la Fundación Bancaria 'La Caixa' ya que ésta controla ahora el 58% del capital de 'Caixa Bank' a través de 'Criteria Caixa Holding', lo que hace preguntarse al abogado murciano por qué la Fundación dedica fondos al constante crecimiento de 'Caixa Bank' y una parte no equiparable a la Obra Social. Y se pregunta por escrito ante el gobernador: "¿Quién controla ese 58% del beneficio a la Fundación no existiendo accionistas?. De ahí el interés del exámen o fiscalización de la gobernanza de 'Caixa Bank'".
En consecuencia, pide sean investigadas, por si fueran motivo de inspección, 'Criteria Caixa Holding', la inmobiliaria 'Building Center', Caixa Girona, CajaSol, Caja Guadalajara, Banca Cívica y Banco de Valencia, como integrantes del grupo financiero 'Caixa Bank'.
Luego se pregunta en el escrito Diego de Ramón qué entidades de tasación han sido las que han evaluado los activos inmobiliarios de la entidad y sus referencias de valor. También quién tasa el crédito total o fallido y dónde va el dinero parcialmente recuperado en daciones, pagos o subastas judiciales y si se cumple la circular 4 del Banco de España si es que se examinan estas actividades ya que las tasadoras las elige 'Caixa Bank' y rinden cuentas a 'Caixa Bank' así como los servicios jurídicos o de gestión de activos rinden cuenta a ellos mismos.
Este abogado pide al Banco de España investigación sobre los activos inmobiliarios irrealizables de 'Caixa Bank' y la colocación de capital en cotización entre los 'inocentes y dóciles clientes' para alcanzar el mínimo exigido de capital líquido a los bancos salidos de las antiguas cajas de ahorro a través de fundaciones.
"La ingeniería financiera ha sido que, tras la última emisión de bonos convertibles en acciones, el número de propietarios de la entidad ha pasado de los 365.000 con 'Criteria' a más de 600.000 con los clientes de 'La Caixa'", sostiene Diego de Ramón.
A juicio de este letrado, la inspección deberá dirigirse a cuentas, balances y estimación de pérdidas, donde computan las ayudas públicas recibidas como capital.
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