MURCIA.- El abogado Diego de Ramón, ha solicitado a la Asamblea Regional, Confederación
Hidrográfica del Segura y presidente en funciones de la Comunidad Autónoma, la investigación de
las recalificaciones e instrumentos urbanísticos de todas las
urbanizaciones de más de 500 viviendas desde 2003 a 2015, por los ex-consejeros Joaquín Bascuñana (ex delegado del Gobierno), José Ballesta (alcalde de Murcia actualmente) y Antonio Sevilla (presidente de la Autoridad Portuaria de Cartagena),
todos ex consejeros de Obras Públicas de la Comunidad Autónoma de Murcia, para
saber si han aplicado obligatoriamente el artículo 25.4 de la Ley de
Aguas, en cuanto a la autorización de disponibilidad de agua en dichas
urbanizaciones.
El citado letrado, les solicita entre otras varias cosas, los informes de los servicios jurídicos de los ayuntamientos afectados, de la Consejería de Obras Públicas de la Comunidad Autónoma así como los informes jurídicos de la Presidencia y los que fueran pasados al Consejo de Gobierno.
De Ramón recuerda a los funcionarios a los que se requiere la citada información que si observasen cualquier acción, resolución o declaración administrativa que fuese contra el ordenamiento jurídico y estuviese tipificado en el Código Penal, de conformidad con los artículos 259 y 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, tendría que ponerlo en conocimiento de la Autoridad Judicial Penal ya que su no remisión pudiera ser entendido como infracción penal por omisión en cuanto a la posible responsabilidad en un Estado de Derecho.
Este abogado solicita a la Asamblea Regional que dé traslado de su escrito a todos los grupos políticos representados.
El citado letrado, les solicita entre otras varias cosas, los informes de los servicios jurídicos de los ayuntamientos afectados, de la Consejería de Obras Públicas de la Comunidad Autónoma así como los informes jurídicos de la Presidencia y los que fueran pasados al Consejo de Gobierno.
De Ramón recuerda a los funcionarios a los que se requiere la citada información que si observasen cualquier acción, resolución o declaración administrativa que fuese contra el ordenamiento jurídico y estuviese tipificado en el Código Penal, de conformidad con los artículos 259 y 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, tendría que ponerlo en conocimiento de la Autoridad Judicial Penal ya que su no remisión pudiera ser entendido como infracción penal por omisión en cuanto a la posible responsabilidad en un Estado de Derecho.
Este abogado solicita a la Asamblea Regional que dé traslado de su escrito a todos los grupos políticos representados.
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