MADRID.-El juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, retomará este jueves los interrogatorios de la causa en la que investiga las "redes clientelares de tráfico de influencias" entre la red Púnica y la Administración Pública.
El magistrado interrogará en calidad de imputado al empresario valenciano Alejandro de Pedro, dueño de la compañía Estrategia de Identidad y Comunicación Online (EICO) especializada en trabajos de posicionamiento 'online', a quien preguntará por los pagos en negro, por un total de 120.000 euros, que se habrían reclamado desde la Agencia Informática de la Comunidad de Madrid (ICM) a la empresa Indra para ser destinados presuntamente a sus sociedades.
Velasco pedirá explicaciones también a De Pedro sobre el volumen de contratos que se adjudicó EICO en relación con la plantilla que tenía, de apenas diez trabajadores. Durante el interrogatorio al presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, el juez mostró su extrañeza por el hecho de que el club contratara a las empresas de De Pedro para situarlo en las redes sociales cuando apenas tenía "diez empleados y veinte clientes". A su juicio, EICO no tenía "capacidad" suficiente para afrontar esta tarea.
Velasco pedirá explicaciones también a De Pedro sobre el volumen de contratos que se adjudicó EICO en relación con la plantilla que tenía, de apenas diez trabajadores. Durante el interrogatorio al presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, el juez mostró su extrañeza por el hecho de que el club contratara a las empresas de De Pedro para situarlo en las redes sociales cuando apenas tenía "diez empleados y veinte clientes". A su juicio, EICO no tenía "capacidad" suficiente para afrontar esta tarea.
El exconsejero de Industria, Turismo, Empresa e Innovación del Gobierno de Murcia, Juan Carlos Ruiz, declarará con la misma condición y acompañado de su abogado de confianza el próximo 22 de junio. Ruiz dimitió el mismo día en que conoció su imputación.
El juez Velasco investiga en el 'caso Púnica' las "redes clientelares de tráfico de influencias" constituidas en torno al exsecretario general del PP de Madrid Francisco Granados y el empresario David Marjaliza, que se hicieron con contratos de hasta 100 millones de euros en ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, la Diputación de León y el Instituto de Fomento de la Región de Murcia.
El juez les envió el pasado
30 de octubre a prisión por formar parte de una "organización criminal"
tras tomarles declaración.
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