CARTAGENA.- El presunto uso fraudulento de ayudas de la Unión Europea (UE) para
modernizar regadíos en la ribera sur del Mar Menor afecta no solo a
terrenos incluidos en el proyecto de urbanización Novo Carthago, sino
también a suelos que han acabado siendo recalificados por el
Ayuntamiento de Cartagena, e incluso a campos de golf del complejo
residencial La Manga Club.
Así lo denunció a 'La Verdad' la Asociación de Naturalistas del Sureste
(ANSE), que solicitó en el juzgado que instruye el 'caso Novo Carthago'
una investigación complementaria por fraude y otros posibles delitos, y
que también pidió a la Comunidad Autónoma que inicie un expediente de
retirada de las ayudas, salvo que anule el Plan General de Cartagena.
Éste fue aprobado en 2012, con el visto bueno de la Administración
regional, y anulado hace varias semanas por el Tribunal Superior de
Justicia (TSJ) de la Región. Pero el Ayuntamiento ha presentado un
recurso ante el Tribunal Supremo.
Un informe de la Consejería de Agricultura y Agua solicitado por el
magistrado del TSJ Manuel Abadía reveló ya en mayo que las subvenciones millonarias
concedidas a la Comunidad de Regantes Arco Sur Mar Menor, a través de
la Consejería, fueron destinadas en parte a terrenos del plan parcial
Novo Carthago. En éste, la promotora alicantina Hansa Urbana pretende
hacer 10.000 viviendas, un campo de golf y dos hoteles.
Tras analizar los planos remitidos al juzgado y compararlos con los
del Plan General, ANSE ha comprobado el solapamiento de cientos de
hectáreas agrícolas receptoras de dinero público con terrenos
urbanizables.
«Una parte importante de los suelos incluidos en el Plan de Mejora
han sido calificados como suelos urbanos, urbanizables o de
equipamientos, algo incompatible con la actividad para la que se han
invertido importantes sumas», explican en ANSE.
Los ecologistas citan suelos residenciales situados entre Cartagena y
La Unión, y otros ubicados al sur de El Algar y de la autovía de La
Manga, entre ésta y la Sierra Minera y el Cabezo de San Ginés, así como
entre la carretera y cabezo de San Ginés, Los Belones y el cabezo de El
Sabinar. ANSE también señala terrenos para equipamientos (como polígonos
industriales) entre la depuradora municipal Cabezo de Beaza y el
polígono de Los Camachos, así como entre éste y El Algar.
Lo más llamativo es la inclusión de «campos de golf de La Manga
Club-Plan Parcial de Atamaría». El director del grupo ecologista, Pedro
García, lo resumió así: «Entendemos que supone un disparate no solo
económico, sino también jurídico».
García subrayó que su colectivo también ha pedido a la Consejería que
tiene las competencias en medio ambiente, y que dirige en funciones
Adela Martínez-Cachá, un Plan de Medidas para la reducción y eliminación
de la contaminación agrícola en la zona. Explicó que «una parte
importante de los citados regadíos contribuye a la llegada al Mar Menor
de contaminantes, sobre todo nitratos, por escorrentía superficial y por
filtraciones al subsuelo».
Comisionistas
El exconcejal de Turismo Juan Martínez declaró en la Fiscalía que cuando uno de los propietarios de las fincas en el entorno del saladar de Lo Poyo, Florentino Martínez, le buscó en 2002 para que se interesara por el expediente urbanístico relativo a sus parcelas, él a su vez contactó con José Antonio Alonso. Lo hizo, afirmó el propio ex edil, en calidad de «amigo».
Según el testimonio del exedil del PP, el exalcalde socialista, con el que Martínez coincidió en la corporación en la legislatura de 1995 a 1999 (Alonso pasó de regidor a concejal de la oposición), le dijo pasado un tiempo que tenía un comprador para las fincas de la zona de Miramar.
El responsable de Turismo en el gabinete de Pilar Barreiro -la relación de la ex alcaldesa con Alonso ha salido a relucir en los interrogatorios del 'caso Púnica'-, declaró asimismo que Alonso y Florentino Martínez mantuvieron una reunión sobre las condiciones de la venta del suelo.
Al fructificar la operación con Hansa Urbana, aseguró Juan Martínez, él mismo cobró una comisión de unos 45 millones de pesetas y Alonso percibió una cuantía que desconoce.
Comisionistas
El exconcejal de Turismo Juan Martínez declaró en la Fiscalía que cuando uno de los propietarios de las fincas en el entorno del saladar de Lo Poyo, Florentino Martínez, le buscó en 2002 para que se interesara por el expediente urbanístico relativo a sus parcelas, él a su vez contactó con José Antonio Alonso. Lo hizo, afirmó el propio ex edil, en calidad de «amigo».
Según el testimonio del exedil del PP, el exalcalde socialista, con el que Martínez coincidió en la corporación en la legislatura de 1995 a 1999 (Alonso pasó de regidor a concejal de la oposición), le dijo pasado un tiempo que tenía un comprador para las fincas de la zona de Miramar.
El responsable de Turismo en el gabinete de Pilar Barreiro -la relación de la ex alcaldesa con Alonso ha salido a relucir en los interrogatorios del 'caso Púnica'-, declaró asimismo que Alonso y Florentino Martínez mantuvieron una reunión sobre las condiciones de la venta del suelo.
Al fructificar la operación con Hansa Urbana, aseguró Juan Martínez, él mismo cobró una comisión de unos 45 millones de pesetas y Alonso percibió una cuantía que desconoce.
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