MURCIA.- Unión, Progreso y Democracia (UPyD) asegura que mejorará la
calidad de la justicia y suprimirá la figura del aforamiento. Así se
desprende del programa electoral y
en el que anuncia que llevará a cabo un proyecto de reforma del
Estatuto de Autonomía con el punto expreso de la supresión del
aforamiento en los diputados autonómicos.
Además instará al
Gobierno de la Nación a que derogue la Ley 10/2012, de 20 de noviembre,
por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la
Administración de Justicia, así como a paralizar la tramitación del
proyecto de Ley de Asistencia Jurídica Gratuita.
También impulsará
las medidas oportunas a fin de recuperar el Servicio de Orientación
Jurídica o el de Asistencia Psicológica y gestionará "de forma eficaz"
la Justicia gratuita, "garantizando el abono puntual e íntegro a los
abogados del turno de oficio y simplificando la tramitación de este
servicio por los ciudadanos, eliminando trabas burocráticas
innecesarias".
UPyD indica que dotará a los Juzgados y Tribunales
de los medios personales y materiales necesarios, "realizando una
adecuada y eficaz gestión de personal que incluya el redimensionamiento
de plantillas o el replanteamiento de las medidas de refuerzo", con
especial atención a los Juzgados que se ocupan de casos de corrupción.
Creará
un servicio de Ventanilla Única para la recepción de todo tipo de
escritos, iniciadores e interlocutorios, y para todos los órganos
jurisdiccionales y reconfigurará las sedes de los órganos judiciales de
la Región de Murcia "conforme a un proyecto racional y eficiente",
manteniendo la construcción de las sedes en la ubicación prevista en el
caso de que sea viable.
En relación con menores infractores,
indica que promoverá un acuerdo con las Comunidades Autónomas para la
firma de un convenio de financiación y utilización conjunta de centros y
recursos, "para que cualquier menor al que se le imponga una medida
privativa de libertad pueda cumplir la sanción impuesta en el centro más
próximo a su domicilio independientemente de la comunidad de
residencia"; articulando igualmente la colaboración en la gestión, por
parte de las entidades locales, de las medidas de medio abierto
impuestas por el Juez.
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