MURCIA.- El juicio que iba a comenzar hoy en la
Audiencia Provincial de Murcia contra trece acusados de defraudar a la
Unión Europea (UE) casi 700.000 euros hace ahora veinte años con la
compra de frutas para transformación en zumos ha tenido que ser
suspendido en el último minuto al renunciar el abogado de uno de ellos.
Al abrirse el
juicio y plantearse las cuestiones previas, el defensor de H.R., que
era auxiliar del Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola
(FEOGA) cuando ocurrieron los hechos, ha señalado que no podía asumir su
labor al no haber podido localizarlo con anterioridad.
El
acusado, que reside en una población extremeña, ha expuesto al tribunal
que aunque en su día le negaron el beneficio de justicia gratuita, no
dispone de medios para pagar a un letrado.
Ante esta situación, y
en un intento de evitar la suspensión de la vista -lo que finalmente no
se ha logrado-, el presidente de la Sala, el magistrado José Luis
García, ha preguntado a los demás abogados si alguno de ellos se
consideraba en situación de asumir la defensa, contestando todos ellos
que no.
Por este motivo, se ha visto obligado a acordar la
suspensión del juicio, que queda así aplazado "sine die", aunque para
tratar de que el tiempo sea el menor posible, el decano del Colegio de
Abogados y defensor de uno de los imputados, Francisco Martínez
Escribano, ha hecho de inmediato las gestiones oportunas para que le sea
nombrado un nuevo abogado.
El fiscal del caso, José María
Alcázar, ha adelantado al abrirse la vista que -por dilaciones
indebidas- se propone rebajar en dos grados las penas que había
solicitado inicialmente, que, en el caso del principal acusado, el ex consejero socialista José
María C., consejero delegado de Alimentos del Valle, S.A., sumaban siete
años y medio de prisión y multas por 1,2 millones de euros.
Alcázar ha dicho que con las nuevas penas que se propone pedir,
ninguno de los acusados tendría que ingresar en prisión y que, además,
piensa proponer que sean sustituidas por multas.
Según el
ministerio público, los acusados participaron, presuntamente, en
distintas maniobras con las que consiguieron defraudar a los fondos
comunitarios casi 700.000 euros con las ayudas concedidas por la compra
de frutas para su transformación en zumos. La vista oral, para la
que estaban citados numerosos testigos y peritos, estaba previsto que se
celebrara a lo largo de dos semanas.
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