MURCIA.- El candidato de Podemos a la presidencia de la Comunidad Autónoma, Óscar
Urralburu, ha presentado este miércoles el programa marco que servirá
como referente para la elaboración del programa electoral regional, y
que incluye, entre otras medidas, una renta garantizada a medio camino
entre la Renta Básica de Inserción y el salario mínimo interprofesional;
así como una apuesta decidida por las energías renovables; facilitar a
las pymes y autónomos la reestructuración de sus deudas o la dación en
pago con carácter retroactivo, por ejemplo.
Urralburu ha señalado
que este programa marco, que se presentó este martes en Madrid, contiene
215 medidas que servirán de "envoltorio" para todos los programas
electorales autonómicos de las 13 comunidades que concurren a las
elecciones el próximo 24 de mayo, por lo que refleja la "idea de país"
de Podemos, entendiendo que todas las propuestas autonómicas "tienen que
estar engarzadas en unas líneas o ejes marco".
Los fondos para financiar estas medidas, según Urralburu, saldrán de una lucha contra el fraude fiscal y de una reforma de los impuestos de Patrimonio y de Sucesiones, que ahondan en la progresividad fiscal. Así, el que más tiene "tendrá que pagar más, especialmente en el IRPF". Las rentas superiores a los 50.000 euros, que en la Región de Murcia representan el 10 por ciento del total, van a sufrir un aumento progresivo.
Por otra parte, Urralburu ha reconocido la infrafinanciación de la Región, que recibe un 95 por ciento de lo que reciben españoles en otras comunidades, por lo que apuesta por hacer una "presión", pero rehúsa una "pugna entre comunidades". Asimismo, reconoce que la Región tiene un "retraso histórico en modelo productivo" organizado en torno al turismo y la construcción, por lo que plantea invertir en otras áreas para rectificarlo.
El primero de los ejes planteados en el programa electoral es el plan de rescate ciudadano, que contiene las primeras medidas a tomar para rescatar a la ciudadanía de la situación de crisis, y que se tomarían en los cien primeros días de gobierno.
En este sentido, Podemos propone un plan de renta garantizada, a medio camino entre el salario mínimo interprofesional y la Renta Básica de Inserción aprobada en 2013 por el Gobierno regional pero que no se ha puesto en funcionamiento, y que contemplaba 300 euros mensuales para las personas sin ningún tipo de ingresos. Este plan pretende garantizar que todas las familias tengan recursos para poder "llenar el frigorífico todos los días", destaca Urralburu.
Podemos también firmó el pacto propuesto por la Marea Blanca, asumiendo integralmente las propuestas de rescate sanitario, la reversión a lo público de las privatizaciones y externalizaciones, la limitación de las listas de espera, el freno de los recortes y la modificación del modelo sanitario hacia una atención primaria, así como una auditoría del gasto farmacéutico.
En materia educativa, Podemos reconoce las reivindicaciones de la Marea Verde, apostando por la enseñanza pública, considerando que la enseñanza concertada "debe asumir esa corresponsabilidad social y entender el carácter de subsidiariedad, que significa que no se puede hacer un mercadeo con la educación".
Además, propone reconocer el derecho a la educación durante toda la vida, reducir las ratios, planes de aprendizaje integrados de lengua, reducción de horas lectivas para el profesorado, ampliación de la oferta de FP y la adaptación al nuevo modelo productivo, o la paralización de la LOMCE.
El segundo eje programático contiene medidas de empleo, innovación y nuevo modelo productivo centrado "fundamentalmente" en la I+D+i. Y es que Urralburu atribuye "gran parte de la crisis" a un tejido productivo "desarticulado y débil".
Por ejemplo, lamenta que la esperanza de las decenas de miles de autónomos y pymes de la Región "se han convertido en deuda en los últimos años de crisis", lo que "está lastrando las posibilidades de recuperación", según Urralburu, quien recuerda que el 97 por ciento de las empresas de la Región son pymes o unipersonales.
De todas ellas, recuerda que han desaparecido casi el 14 por ciento en los años de crisis, hasta 13.500, lo que achaca a la "falta de financiación y apoyo de las instituciones públicas".
Por ello, propone reformar la Ley de consumidores que reconoce la posibilidad de que los consumidores se reestructuren y cancelen sus deudas, considerando a los autónomos y pymes como consumidores. Darles esa categoría "podría facilitar la reestructuración de la deuda y el reflote de miles de empresas en la Región". Todo ello acompañado por políticas de fomento de los microcréditos por parte de las instituciones autonómicas.
En segundo lugar, destaca la adopción de medidas de estímulo "verde" frente a la abundancia de las energías fósiles. El objetivo es desarrollar nuevas políticas energéticas que reconozcan que la energía fotovoltaica es la nueva minería del siglo XXI, recuperando "el tiempo perdido por los gobiernos del PP y del PSOE".
La tasa aplicada por el Gobierno de Rajoy "ha penalizado el consumo de fotovoltaicas en un 27 por ciento frente al consumo de las energías fósiles", cuando su tecnología "permite unas enormes capacidades, precisamente, en la región europea con más potencialidad, como es Murcia, que puede incrementar hasta un 80 por ciento la producción energética".
De hecho, ha recordado que la contribución energética de las fotovoltaicas en 2006 se situaba en el 1,4 por ciento de la producción energética global en el país, mientras que en 2012 era el 20 por ciento, y no aumenta "porque se ha frenado la inversión". Por ello, propone abaratar la energía fotovoltaica para modificar el tejido productivo.
Urralburu ha recordado que la Región es la quinta comunidad con más desahucios de España, tiene un 18 por ciento de viviendas de su parque desocupadas y en manos de grandes entidades financieras, al tiempo que hasta 6.500 familias han sido desahuciadas en el periodo 2008-2012.
"No podemos permitir una situación en la que familias y niños están siendo expulsados de sus domicilios y caen en la situación de exclusión social", según Urralburu, quien hace hincapié en que el 35 por ciento de la población murciana ya está en riesgo de exclusión y sigue aumentando "si no se le dan alternativas".
Frente a ello, el tercer eje, 'Gobernar para la gente' incluye medidas como la dación en pago con carácter retroactivo o no permitir desahucios energéticos, de agua, de luz o de gas, garantizando un "bienestar social mínimo" que evite los cortes de suministros.
Y es que recuerda que hay 180.000 personas de la Región en situación de pobreza extrema, 31.000 de ellos niños, por lo que apuesta por "atender de manera urgente" esta situación.
En lo que respecta al cuarto eje lleva por título 'Instituciones para la democracia', Urralburu ha recordado que el Colegio de Economistas de la Región realizó en febrero una encuesta que revelaba que los dos problemas fundamentales que impedían el crecimiento económico en la Región eran la corrupción y el paro, por lo que Podemos apuesta por tomar medidas a este respecto.
En este sentido, destaca que la corrupción tiene como elemento "sustancial" las "puertas giratorias" y el peso que tienen en todo el país "los lobbys" energéticos, de comunicaciones, financieros o farmacéuticos, por lo que propone ponerles "freno".
De hecho, considera que "no hubiera ocurrido lo que ha ocurrido con el diputado 'popular' Vicente Martínez-Pujalte" o el ex diputado del PP Federico Trillo "si no hubiera esa connivencia entre los poderes públicos y los lobbys".
Los fondos para financiar estas medidas, según Urralburu, saldrán de una lucha contra el fraude fiscal y de una reforma de los impuestos de Patrimonio y de Sucesiones, que ahondan en la progresividad fiscal. Así, el que más tiene "tendrá que pagar más, especialmente en el IRPF". Las rentas superiores a los 50.000 euros, que en la Región de Murcia representan el 10 por ciento del total, van a sufrir un aumento progresivo.
Por otra parte, Urralburu ha reconocido la infrafinanciación de la Región, que recibe un 95 por ciento de lo que reciben españoles en otras comunidades, por lo que apuesta por hacer una "presión", pero rehúsa una "pugna entre comunidades". Asimismo, reconoce que la Región tiene un "retraso histórico en modelo productivo" organizado en torno al turismo y la construcción, por lo que plantea invertir en otras áreas para rectificarlo.
El primero de los ejes planteados en el programa electoral es el plan de rescate ciudadano, que contiene las primeras medidas a tomar para rescatar a la ciudadanía de la situación de crisis, y que se tomarían en los cien primeros días de gobierno.
En este sentido, Podemos propone un plan de renta garantizada, a medio camino entre el salario mínimo interprofesional y la Renta Básica de Inserción aprobada en 2013 por el Gobierno regional pero que no se ha puesto en funcionamiento, y que contemplaba 300 euros mensuales para las personas sin ningún tipo de ingresos. Este plan pretende garantizar que todas las familias tengan recursos para poder "llenar el frigorífico todos los días", destaca Urralburu.
Podemos también firmó el pacto propuesto por la Marea Blanca, asumiendo integralmente las propuestas de rescate sanitario, la reversión a lo público de las privatizaciones y externalizaciones, la limitación de las listas de espera, el freno de los recortes y la modificación del modelo sanitario hacia una atención primaria, así como una auditoría del gasto farmacéutico.
En materia educativa, Podemos reconoce las reivindicaciones de la Marea Verde, apostando por la enseñanza pública, considerando que la enseñanza concertada "debe asumir esa corresponsabilidad social y entender el carácter de subsidiariedad, que significa que no se puede hacer un mercadeo con la educación".
Además, propone reconocer el derecho a la educación durante toda la vida, reducir las ratios, planes de aprendizaje integrados de lengua, reducción de horas lectivas para el profesorado, ampliación de la oferta de FP y la adaptación al nuevo modelo productivo, o la paralización de la LOMCE.
El segundo eje programático contiene medidas de empleo, innovación y nuevo modelo productivo centrado "fundamentalmente" en la I+D+i. Y es que Urralburu atribuye "gran parte de la crisis" a un tejido productivo "desarticulado y débil".
Por ejemplo, lamenta que la esperanza de las decenas de miles de autónomos y pymes de la Región "se han convertido en deuda en los últimos años de crisis", lo que "está lastrando las posibilidades de recuperación", según Urralburu, quien recuerda que el 97 por ciento de las empresas de la Región son pymes o unipersonales.
De todas ellas, recuerda que han desaparecido casi el 14 por ciento en los años de crisis, hasta 13.500, lo que achaca a la "falta de financiación y apoyo de las instituciones públicas".
Por ello, propone reformar la Ley de consumidores que reconoce la posibilidad de que los consumidores se reestructuren y cancelen sus deudas, considerando a los autónomos y pymes como consumidores. Darles esa categoría "podría facilitar la reestructuración de la deuda y el reflote de miles de empresas en la Región". Todo ello acompañado por políticas de fomento de los microcréditos por parte de las instituciones autonómicas.
En segundo lugar, destaca la adopción de medidas de estímulo "verde" frente a la abundancia de las energías fósiles. El objetivo es desarrollar nuevas políticas energéticas que reconozcan que la energía fotovoltaica es la nueva minería del siglo XXI, recuperando "el tiempo perdido por los gobiernos del PP y del PSOE".
La tasa aplicada por el Gobierno de Rajoy "ha penalizado el consumo de fotovoltaicas en un 27 por ciento frente al consumo de las energías fósiles", cuando su tecnología "permite unas enormes capacidades, precisamente, en la región europea con más potencialidad, como es Murcia, que puede incrementar hasta un 80 por ciento la producción energética".
De hecho, ha recordado que la contribución energética de las fotovoltaicas en 2006 se situaba en el 1,4 por ciento de la producción energética global en el país, mientras que en 2012 era el 20 por ciento, y no aumenta "porque se ha frenado la inversión". Por ello, propone abaratar la energía fotovoltaica para modificar el tejido productivo.
Urralburu ha recordado que la Región es la quinta comunidad con más desahucios de España, tiene un 18 por ciento de viviendas de su parque desocupadas y en manos de grandes entidades financieras, al tiempo que hasta 6.500 familias han sido desahuciadas en el periodo 2008-2012.
"No podemos permitir una situación en la que familias y niños están siendo expulsados de sus domicilios y caen en la situación de exclusión social", según Urralburu, quien hace hincapié en que el 35 por ciento de la población murciana ya está en riesgo de exclusión y sigue aumentando "si no se le dan alternativas".
Frente a ello, el tercer eje, 'Gobernar para la gente' incluye medidas como la dación en pago con carácter retroactivo o no permitir desahucios energéticos, de agua, de luz o de gas, garantizando un "bienestar social mínimo" que evite los cortes de suministros.
Y es que recuerda que hay 180.000 personas de la Región en situación de pobreza extrema, 31.000 de ellos niños, por lo que apuesta por "atender de manera urgente" esta situación.
En lo que respecta al cuarto eje lleva por título 'Instituciones para la democracia', Urralburu ha recordado que el Colegio de Economistas de la Región realizó en febrero una encuesta que revelaba que los dos problemas fundamentales que impedían el crecimiento económico en la Región eran la corrupción y el paro, por lo que Podemos apuesta por tomar medidas a este respecto.
En este sentido, destaca que la corrupción tiene como elemento "sustancial" las "puertas giratorias" y el peso que tienen en todo el país "los lobbys" energéticos, de comunicaciones, financieros o farmacéuticos, por lo que propone ponerles "freno".
De hecho, considera que "no hubiera ocurrido lo que ha ocurrido con el diputado 'popular' Vicente Martínez-Pujalte" o el ex diputado del PP Federico Trillo "si no hubiera esa connivencia entre los poderes públicos y los lobbys".
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