miércoles, 27 de mayo de 2015

Las defensas de los imputados en el crimen de los holandeses piden la suspensión de la audiencia preliminar

MURCIA.- Los abogados que defienden a Ion Valentín, Constantin Stan, Juan Cuenca y Serafín de Alba, imputados por el asesinato de la pareja de holandeses Ingrid Visser y Ludewijk Severin en Murcia, han interesado la suspensión de la audiencia preliminar, alegando la violación de derechos fundamentales al entender que se debe repetir de forma "correcta" la transcripción de las conversaciones incluidas en las diligencias.

En concreto, las defensas han reclamado que se vuelva a practicar la diligencia consistente en la transcripción de las conversaciones grabadas a los dos ciudadanos rumanos, Ion Valentín y Constantin Stan, durante la fase de instrucción, al entender que son "inaudibles" y están hechas de forma incorrecta, tal y como ha reconocido el abogado de Cuenca, José María Caballero.
En este sentido, han reiterado que se practiquen diligencias de investigación que ya han sido denegadas con anterioridad, alegando igualmente que los recursos impiden la continuación de la causa. Además, las defensas de Constantin Stan y Serafín de Alba han interesado el sobreseimiento de sus clientes.
Así lo han hecho saber los letrados en la audiencia preliminar, en la que el Ministerio Fiscal y la acusación particular se han ratificado en sus escritos de conclusiones provisionales, pidiendo la apertura de juicio oral. Así, no interesan nuevas diligencias y manifiestan que los recursos interpuestos no impiden la continuación del procedimiento.
Cabe recordar que la acusación particular y la Fiscalía piden 50 años de cárcel --25 años por cada uno de los asesinatos-- para cada uno de los acusados, los dos ciudadanos de nacionalidad rumana, Ion Valentín y Constantin Stan, considerados autores materiales del asesinato; y el ex gerente del Club Voleibol Murcia en el que jugó la asesinada, Juan Cuenca, entendiendo que concurre el agravante de ensañamiento.
Asimismo, la acusación particular y la Fiscalía piden tres años de cárcel para el propietario de la finca en la que fueron enterrados los cadáveres, el funcionario municipal Serafín de Alba.

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