El
espectáculo de dos ex presidentes de la Junta de Andalucía -Chaves y
Griñán, diputado y senador, respectivamente- declarando ante el Tribunal
Supremo en calidad de imputados y el interesado debate público de los
dos partidos mayoritarios, parapetados en la presunción de inocencia,
sobre si es pertinente o no que se presenten a las elecciones cargos
electos imputados, no parece que vaya a cambiar el actual escenario.
Tanto
PP como PSOE siguen manteniendo en sus lista innumerables
candidatos involucrados en un delito o, como señala el Derecho
Penal, a quien se le atribuye participación en un delito, siendo
uno de los más relevantes sujetos del proceso penal.
No
ocurre lo mismo, por el momento, con los dos partidos emergentes
-Podemos y Ciudadanos- que están manteniendo una postura inflexible
en este campo como lo demuestra su disposición en complicar la
investidura de la socialista Susana Díaz a la Junta de Andalucía,
mientras los dos anteriores presidentes de la Junta no
desaparezcan de la escena política.
A poco más de un mes de
las elecciones municipales y autonómicas, y sin conocer a
ciencia cierta el empeño de los partidos tradicionales por dar
cobijo a políticos imputados (salvo cuando son el resultado de
denuncias de la oposición), los casos de miembros de las listas
electorales con causas pendientes con la Justicia se repiten a lo
largo y ancho de la geografía nacional.
La crisis de las
antiguas cajas de ahorro, es fuente y origen en varios casos de este
tipo de decisiones políticas y ello se ha podido comprobar
recientemente cuando, en plena precampaña electoral, la juez
titular del Juzgado de Instrucción nº 5 de León, que venía
instruyendo desde hace años el caso de los multimillonarios
créditos concedidos al antiguo presidente de Caja España, ha
decidido citar como imputados por un presunto delito de
administración desleal a 14 de los 17 miembros que en el año 2009
integraban el Consejo de Administración de la entidad, formando
cuatro de ellos parte de las listas electorales: el presidente de
la Diputación de Zamora, el alcalde de Medina de Rioseco, un concejal
del ayuntamiento de Ponferrada y un procurador en Cortes hasta la
reciente disolución de las éstas.
Según la publicación
vallisoletana El Topillo, además de la desaparecida Isabel
Carrasco, los otros dos que de momento se han salvado de la
imputación son el propio ex presidente de Caja España, Santos Llamas,
quien se supone que se abstenía de votar los acuerdos que le
concernían personalmente, y el ex consejero José Francisco
Martín, quién, además de ser procurador es miembro de la Diputación
Permanente de las Cortes y, en consecuencia, aforado al que solo
puede imputar el Tribunal Superior de Justicia y que al parecer no
asistió a la reunión del Consejo que la jueza habría tomado como base
para la imputación.
El PSOE castellano-leonés también
participa de esta situación ya que, al igual que el PP, venía
presumiendo de no incluir a ningún imputado en sus listas y en la
relación de imputados está la concejala del ayuntamiento de
Palencia, Begoña Núñez.
En Canarias, por ejemplo, y a pesar de estar imputados por presuntos
delitos de prevaricación o de malversación, siguen contando
con la confianza de sus respectivos partidos (PP, PSOE y Coalición
Canaria) y vuelven a presentarse una veintena de imputados
investigados por la Justicia.
El PP gallego, por su parte,
presenta en su candidaturas municipales a distintos imputados
en la Operación Orquesta o en la Operación Pokémon. En total, 18
alcaldes en ejercicio —14 del PP y cuatro del PSOE, entre ellos el
regidor de Lugo— encabezarán sus candidaturas pese a que tienen
problemas con la Justicia.
En la Comunidad Valenciana, se
mantienen en las listas algunos políticos bajo sospecha. Media
docena de alcaldes, entre ellos un socialista (Benidorm) y cuatro
del PP (La Nucia, Paterna, Cullera y Alboraia) repetirán como
candidatos.
En Cataluña, los dos casos más emblemáticos de alcaldables
imputados son el del alcalde de Santa Margarida de Montbui (PSC) y el
del alcalde de Vila-Seca y presidente de la diputación provincial
de Tarragona (CiU), imputado por seis delitos, entre ellos blanqueo y
malversación.
En Cantabria, el PP mantiene al frente a seis
candidatos imputados (Noja, Castro Urdiales, Alfoz Lloredo, Ramales
de la Victoria, Liérganes y Santa María de Cayón), cinco de ellos
alcaldes en la actualidad, argumentando el Comité Electoral
Regional que los seis imputados están en esta situación por
denuncias de la oposición, uno de ellos por un tema "privado" sin
relación con su cargo.
El PP de Madrid ha dado el visto bueno a
las candidaturas a alcalde de al menos tres imputados, los
aspirantes a renovar su mandato en Las Rozas, Colmenar Viejo y
Ciempozuelos.
Como corolario, el caso andaluz en donde los 35 años de gobierno
ininterrumpido del PSOE ha sido un buen caldo de cultivo para
macroprocesos de corrupción que han sido el contrapeso al caso
Gurtel.
Aún así, la comunidad andaluza es donde menos fácil
resulta contabilizar los casos de corrupción u otros delitos que
afectan a candidatos del PSOE y solo cuando el caso es relevante
como el de la alcaldesa socialista de Grazalema, imputada por cinco
delitos, entre ellos el de cobro de comisiones, el asunto
adquiere relevancia pública. Además de este asunto, se conoce que
en Andalucía, el PSOE mantiene a diez candidatos imputados, entre
ellos, el aspirante a la alcaldía de Granada.
Tampoco le falta
al PP una presencia activa en la lista de supuestos cargos públicos
acusados de irregularidades y en ese sentido, la Intervención
General del Estado ha denunciado ante la Justicia numerosas
ilegalidades en la adjudicación de tres contratos para el
montaje del pabellón de Jerez en Fitur 2004, siendo el organismo
encargado de adjudicar los contratos, el Instituto de Promoción y
Desarrollo de la Ciudad, presidido por la alcaldesa popular de
Jerez.
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