MURCIA.- El todavía alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara (PP), estaría
disponiendo para su defensa en el 'caso Umbra' de supuesta corrupción de
dos gabinetes o grupos de abogados bien diferentes: uno privado,
constituido por los letrados José María Caballero Salinas y Vicente
Sanmartín, a quienes en apariencia paga de su bolsillo, y otro público,
sufragado con los impuestos de todos los ciudadanos de Murcia, que
estaría velando de manera más o menos encubierta por los intereses del
primer edil y del resto de los funcionarios públicos encausados.
Unos
abogados, estos últimos, que están personados en la causa en calidad de
acusación popular o particular -teóricamente en representación de los
ciudadanos y en defensa de los intereses públicos-, pero que en la
práctica se estarían limitando exclusivamente a aportar el material
legal y a impulsar aquellas iniciativas que benefician a Cámara, al
exconcejal de Urbanismo Fernando Berberena y a la antigua cúpula de la
Gerencia de Urbanismo: Alberto Guerra, Pedro Morillas, Joaquín
Peñalver..., según publica 'La Verdad'.
Tal es, al menos, la opinión que al Fiscal Anticorrupción, Juan Pablo
Lozano, le merece la labor que viene desempeñando en este asunto la
pretendida acusación popular, a la que acusa de estar ejerciendo «en
fraude de ley, con claro abuso del Derecho y con vulneración de la buena
fe procesal», al estar «procediendo de facto a defender a los imputados
del ámbito municipal y la legalidad de todo lo actuado por la
Corporación».
El Ministerio Público, que esta semana ha pedido al titular del
Juzgado de Instrucción número 8 de Murcia, David Castillejos, que expulse
del 'caso Umbra' a esa acusación, pone de relieve «la contradicción y
el fraude» que supone «considerar que todo lo referente al Convenio
Nueva Condomina resulta ajustado a derecho, y que ninguna
responsabilidad penal ni civil existe en esta pieza separada» y, pese a
ello, seguir utilizando «la atalaya procesal que le brinda esa posición
de acusador». A tal extremo habría llegado esta 'acusación' que en sus
escritos ya ha dejado caer que solicitará el sobreseimiento para todos
los funcionarios públicos imputados, entre ellos el propio Cámara.
A modo de ejemplo de una posición acusadora que «es mero artificio,
meramente retórica y carente de sustrato real», Lozano señala que esa
parte se ha limitado a lo largo del proceso a defender que el Convenio
Nueva Condomina fue legal, salvo en los referente a la cesión del 10%,
pero que tal ilegalidad ya se vio corregida por sentencia de lo
contencioso; que ese proyecto solo ha traído beneficios al municipio;
que el protocolo marco que en 1999 firmaron Cámara y el hoy presidente
del Real Murcia, Jesús Samper, nunca fue secreto ni reservado; que todo
se hizo conforme a la ley «pese a que se utilizaron a conveniencia dos
planes generales (PGOU) distintos; que los reparos que puso la Comunidad
eran una mera «discrepancia técnica...».
Es más, les reprocha el fiscal que en ningún momento han llegado a
solicitar una sola diligencia de investigación, por lo que si finalmente
acaba descubriéndose alguna conducta digna de ser castigada no será por
su exhaustiva labor 'acusadora'.
Ante todo ello, el representante del Ministerio Público se pregunta,
de manera retórica: «¿A quiénes pretenden acusar, si todo ha sido legal?
¿No está realmente utilizando de forma fraudulenta la figura del
acusador para tratar de ser un defensor más? ¿Qué sentido tiene que de
cara a un hipotético juicio oral la 'acusación' del Ayuntamiento realice
de facto una defensa de los imputados, al margen de sus respectivos
abogados defensores, presentando un futuro escrito de 'acusación'
absolutorio?».
Razones, todas ellas, por las que ha reclamado al magistrado
Castillejos que expulse de ese caso a los representantes del
Ayuntamiento...
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