CARTAGENA.- El concejal portavoz de Movimiento Ciudadano (MC) en el Ayuntamiento de Cartagena y también candidato en estas elecciones municipales, José López,
reclamó a los jueces de Cartagena una investigación «seria y
pormenorizada» sobre la empresa promotora del llamado barrio
universitario, Residencial Puerta Nueva.
Lo ha hecho después de que la
Fiscalía de la Comunidad Autónoma ha pedido al juzgado decano de la
ciudad que abra diligencias ante las sospechas de delitos societarios y
alzamientos de bienes en esa sociedad de la que fue gerente el exalcalde
socialista José Antonio Alonso y sobre la que el Ayuntamiento tenía
control de su gestión.
Esta investigación se inició a instancias de la sociedad municipal
Casco Antiguo de Cartagena, SA, después de que así lo solicitaran los
consejeros representantes de los partidos de oposición -entre ellos,
López-. El propio MC aportó a los consejeros un informe de sus servicios
jurídicos alertando de que si no se actuaba podían acabar siendo ellos
los responsables de la pérdida de los más de dos millones de euros que
la mercantil debe al Ayuntamiento.
«Sobre el desarrollo de la investigación somos escépticos, porque no
sería la primera vez que ésta queda interrumpida a pesar de que los
indicios de delito sean claros y evidentes», aseguró López, en un
comunicado. Recordó, que como consecuencia de otra denuncia anterior, la
Fiscalía señaló en un informe de 30 de diciembre de 2013 los indicios
de prevaricación que afectaban a todo el consejo de administración de
Casco Antiguo Cartagena cuando adjudicó el barrio universitario a Puerta
Nueva. De aquel consejo formaba parte la alcaldesa, Pilar Barreiro, y
otros concejales del PP, como José Cabezos y José Fidel Saura, añadió.
«Estamos en condiciones de afirmar que si esta investigación es seria
y pormenorizada puede acabar arrojando un posible delito continuado,
puesto que desde que Barreiro tomó la palabra en el consejo de Casco
Antiguo de 2002 para adjudicar esta operación, recordemos que a las
mercantiles de las que era cabeza José Antonio Alonso, hasta que en 2011
MC destapó la situación irregular, la sociedad fue vaciada de modo
sistemático y constante. Y el bolsillo de los cartageneros, a los que
pertenece Casco Antiguo, ha perdido más de dos millones de euros
(nuestros cálculos son superiores) que quedaron en manos de los socios,
en operaciones que la alcaldesa saliente rubricó como miembro del
consejo de administración en las cuentas de la sociedad, y nunca reclamó
desde el Ayuntamiento o la sociedad municipal», añadió el edil.
En concreto, la denuncia de Casco Antiguo SA a la que el Ministerio
Público da credibilidad se refiere a que Residencial Puerta Nueva pudo
desviar 9,8 millones de euros a préstamos a otras sociedades que la
integraban entre 2005 y 2007.
Los créditos fueron otorgados en un
periodo en que la alcaldesa formaba parte del consejo de administración
de Puerta Nueva en representación municipal. Ella debía ser la garante
del cumplimiento del contrato que iba a permitir la transformación del
área del casco histórico situada entre el eje que forma la calle del
Duque y el campus universitario de la Muralla del Mar. El acuerdo
incluía el abono al municipio del 30% de los beneficios extraordinarios
que se lograran cada año, dinero que no siempre cobró ni reclamó el
Ayuntamiento.
En cambio, portavoces de Puerta Nueva defienden la legalidad de los
préstamos entre sociedad y recordaron que no fueron devueltos debido al
estallido de la crisis. También descargaron de responsabilidad al
consejo de administración, pues esas operaciones fueron autorizadas por
la junta general de la compañía
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