lunes, 18 de mayo de 2015

El Ayuntamiento de Murcia acusa al fiscal de mentir para pedir su expulsión del 'caso Umbra'

MURCIA.- La representación procesal del Ayuntamiento de Murcia en la pieza separada de presunta corrupción urbanística en el caso 'Umbra', sobre el convenio Nueva Condomina, ha acusado al fiscal Anticorrupción de verter afirmaciones "falsas" para solicitar la expulsión del consistorio de las diligencias.

En el escrito, que ha sido entregado en el Juzgado de Instrucción que investiga los hechos, se indica que el fiscal, Juan Pablo Lozano, se ha excedido al hacer esa solicitud.
Y añade que "nos vemos en la obligación de advertir que como siga interfiriendo en nuestra labor, acudiremos a las instancias oportunas para poner de manifiesto el acoso y la coacción a la que estamos siendo sometidos".
El documento sale así al paso del escrito presentado por Lozano en el que pide al juez de Instrucción que aparte del proceso al ayuntamiento de Murcia, que ejerce la acusación popular, al considerar que actúa más bien como defensor de políticos y funcionarios.
La representación procesal del Ayuntamiento recuerda que el estatuto orgánico del Ministerio Fiscal señala que los fiscales tienen como misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, respetando los principios de legalidad e imparcialidad.
Y añade que la Ley de Enjuiciamiento Criminal contempla la posibilidad de que soliciten el sobreseimiento de una causa.
"No podemos permitir, con las advertencias legales oportunas, que por el ministerio fiscal se ponga en tela de juicio el trabajo de esta representación, que se lleva a cabo de forma honesta y según el leal saber y entender de los letrados municipales".
"Esta -añade- podrá ser de mayor o menor agrado para el ministerio público, al igual que la actuación del mismo puede gustar más o menos a esta representación, sin que por ello acusemos al señor fiscal de ejercer su función de forma ilegítima, puesto que en estas actuaciones cada parte defiende sus intereses como mejor crea conveniente".
Al rechazar las afirmaciones de la fiscalía, dicen que no es fraude procesal aportar todas las pruebas relacionadas con los hechos objeto de investigación, "sean o no favorables a la acusación pública".
Tampoco se puede considerar fraude procesal -comentan- aportar sentencias que declaran la legalidad de actuaciones urbanísticas que él cuestiona, en referencia a resoluciones de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJ).
Por otro lado, niegan el reproche del fiscal sobre una actitud pasiva por parte del ayuntamiento, "cuando lo cierto es que este ha colaborado siempre con el Juzgado, remitiendo cuanta documentación se nos ha solicitado, aparte de que esta representación actúe como crea conveniente".
"Sin embargo -concluyen-, nada dice el señor fiscal respecto a las acusaciones populares de Huermur Y PSOE, que es público y notorio que no intervienen de ninguna forma en el proceso y que incluso ni acuden a las diligencias que se practican a instancias de otros intervinientes".

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