martes, 12 de mayo de 2015

La COAG pide a la ministra de Agricultura más presión en Bruselas para paliar el veto ruso

MURCIA.- Representantes de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) reclamaron en rueda de prensa al gobierno central mayor presión en Bruselas en torno al tema del veto ruso a los productos hortofrutícolas, después de entrevistarse la semana pasada con la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina.

 En concreto, los agricultores criticaron «la falta de valentía del Gobierno español en Bruselas», y el responsable de COAG de frutas y hortalizas a nivel nacional, Andrés Góngora, solicita que se utilice el fondo destinado a la crisis por el veto ruso para paliar el desequilibrio en la balanza de mercado.
La reunión con la titular de la cartera de Agricultura, según dijo, sólo comprometió 750.000 euros para promoción del consumo de frutas y hortalizas de origen nacional, pero para Góngora, «de nada sirve si en el supermercado no puedes identificar el origen del producto». 
La acción emprendida por el presidente ruso Vladimir Putin es para los agricultores la principal causa de la mala campaña de los cítricos. Según Góngora, los agricultores no reclaman ayudas públicas, sino «herramientas para poder reequilibrar un sector que ha sido alterado», como el caso de la retirada de ciertas cantidades de productos del mercado para poder mantener el precio de esos alimentos, y el aumento de las compensaciones.
A la mala campaña de los cítricos se suman las del brócoli -producto del que la Región de Murcia es la primera productora de la Unión Europea- y tomate, según destacó durante la rueda de prensa el presidente de COAG en la Región de Murcia, Miguel Padilla.
La otra cara de la moneda la muestran el resultado de las cosechas de calabacín, alcachofa, lechuga y limón, pero Padilla denuncia que en agricultura extensiva se necesita poseer cuatro veces más tierra para producir los ingresos de hace ocho o nueve años.
Otra crítica de los agricultores murcianos es la competencia desleal que permite a la Unión Europea a abrir sus mercados a productos de países extracomunitarios cuyos procesos de elaboración y comercialización son «menos rígidos» y, por lo tanto, permiten costes mucho menores que los que se exigen en la Unión Europea.

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