Por ello, propone a los partidos políticos que van a concurrir a
las elecciones del próximo 24 de mayo en la Región la necesidad de un
pacto social.
"Los factores principales que influyen en el mantenimiento en toda España de unas condiciones de pobreza y exclusión social de carácter estructural son la estructura social, las políticas de vivienda, el empleo, la sanidad y el sistema educativo; las políticas redistributivas y los mecanismos de protección social, sobre todo los servicios sociales y sistemas de garantía de rentas; y la composición de los hogares, las redes sociales y el capital social", ha explicado. Además de "aspectos culturales o simbólicos dentro de las familias".
Cáritas considera que "es imprescindible y urgente recuperar la acción política como cauce principal de respuesta a las necesidades de las personas y de la sociedad, en especial en lo que se refiere a las desigualdades no resueltas".
Para ello, estima que "es prioritaria la articulación de un pacto de ámbito estatal que, con la colaboración y coordinación real entre todas las Administraciones públicas -locales, autonómicas y estatal- aborde, con los recursos económicos necesarios, la solución a tal problema".
Propone "la creación a corto plazo de un sistema de protección social básico para las personas y familias más necesitadas, que se haga operativo a través de un sistema de garantía de ingresos mínimos". Esta propuesta adquiere especial urgencia para aquellos hogares donde se da la presencia de menores.
Tal sistema de ingresos mínimos "debería ser complementado con medidas concretas de apoyo, como becas para comedor, para libros o para escuelas infantiles".
Así como "un desarrollo de una protección social basada en el fortalecimiento de los servicios sociales públicos, cuya naturaleza y objeto habría que redefinir para dar prioridad a las situaciones personales y familiares de mayor empobrecimiento y exclusión". Tal protección "no debe quedar reducida a la mera gestión de las prestaciones económicas, sino que debe ir encaminada a facilitar la promoción de las personas".
Habría, asimismo, que crear "un sistema concreto y estable de interlocución y colaboración entre todas las Administraciones Públicas y el Tercer Sector en el diseño, ejecución y evaluación de las políticas sociales, lo que, al mismo tiempo, contribuiría a potenciar la sociedad civil que la Región necesita para un equilibrado y justo progreso".
Así como la "puesta en marcha de políticas activas destinadas a incrementar el empleo y a mejorar los recursos financieros de las familias, fomentando la incorporación al mercado de trabajo de los cabezas de familia y de los jóvenes y activar políticas de reducción de costes de los hogares más desfavorecidos o de aquellos que tienen a la mayoría de sus miembros en desempleo, con guarderías y ayudas a los gastos de la vivienda y la salud".
"Implantar políticas directamente centradas en la prevención y fomento del bienestar infantil, realizando los adecuados estudios, profesionales y fiables que evalúen el alcance del problema, por municipios, en la Comunidad Autónoma, y que sirvan para emprender actuaciones realistas y eficaces que promuevan el bienestar de los más pequeños, así como un paquete de derechos básicos de ciudadanía social que incluya temas de vivienda, salud y educación, que garantice a los inmigrantes en situación administrativa irregular el acceso a estos derechos en igualdad de condiciones con el resto de ciudadanos" son otras de las propuestas.
A juicio de Cáritas, "a corto plazo hay que asegurar ingresos para las personas y familias en riesgo de exclusión social; a medio plazo es necesario trabajar en la educación y el acompañamiento social como medidas válidas para revertir las situaciones de exclusión y de forma permanente, las administraciones locales y autonómica deberían poner en marcha una agenda que, en estrecha colaboración con los gobiernos, empresarios y sindicatos, esté abierta a la participación de los nuevos movimientos sociales y a las organizaciones del Tercer Sector como creadoras de puentes y facilitadoras de cohesión social".
"Los factores principales que influyen en el mantenimiento en toda España de unas condiciones de pobreza y exclusión social de carácter estructural son la estructura social, las políticas de vivienda, el empleo, la sanidad y el sistema educativo; las políticas redistributivas y los mecanismos de protección social, sobre todo los servicios sociales y sistemas de garantía de rentas; y la composición de los hogares, las redes sociales y el capital social", ha explicado. Además de "aspectos culturales o simbólicos dentro de las familias".
Cáritas considera que "es imprescindible y urgente recuperar la acción política como cauce principal de respuesta a las necesidades de las personas y de la sociedad, en especial en lo que se refiere a las desigualdades no resueltas".
Para ello, estima que "es prioritaria la articulación de un pacto de ámbito estatal que, con la colaboración y coordinación real entre todas las Administraciones públicas -locales, autonómicas y estatal- aborde, con los recursos económicos necesarios, la solución a tal problema".
Propone "la creación a corto plazo de un sistema de protección social básico para las personas y familias más necesitadas, que se haga operativo a través de un sistema de garantía de ingresos mínimos". Esta propuesta adquiere especial urgencia para aquellos hogares donde se da la presencia de menores.
Tal sistema de ingresos mínimos "debería ser complementado con medidas concretas de apoyo, como becas para comedor, para libros o para escuelas infantiles".
Así como "un desarrollo de una protección social basada en el fortalecimiento de los servicios sociales públicos, cuya naturaleza y objeto habría que redefinir para dar prioridad a las situaciones personales y familiares de mayor empobrecimiento y exclusión". Tal protección "no debe quedar reducida a la mera gestión de las prestaciones económicas, sino que debe ir encaminada a facilitar la promoción de las personas".
Habría, asimismo, que crear "un sistema concreto y estable de interlocución y colaboración entre todas las Administraciones Públicas y el Tercer Sector en el diseño, ejecución y evaluación de las políticas sociales, lo que, al mismo tiempo, contribuiría a potenciar la sociedad civil que la Región necesita para un equilibrado y justo progreso".
Así como la "puesta en marcha de políticas activas destinadas a incrementar el empleo y a mejorar los recursos financieros de las familias, fomentando la incorporación al mercado de trabajo de los cabezas de familia y de los jóvenes y activar políticas de reducción de costes de los hogares más desfavorecidos o de aquellos que tienen a la mayoría de sus miembros en desempleo, con guarderías y ayudas a los gastos de la vivienda y la salud".
"Implantar políticas directamente centradas en la prevención y fomento del bienestar infantil, realizando los adecuados estudios, profesionales y fiables que evalúen el alcance del problema, por municipios, en la Comunidad Autónoma, y que sirvan para emprender actuaciones realistas y eficaces que promuevan el bienestar de los más pequeños, así como un paquete de derechos básicos de ciudadanía social que incluya temas de vivienda, salud y educación, que garantice a los inmigrantes en situación administrativa irregular el acceso a estos derechos en igualdad de condiciones con el resto de ciudadanos" son otras de las propuestas.
A juicio de Cáritas, "a corto plazo hay que asegurar ingresos para las personas y familias en riesgo de exclusión social; a medio plazo es necesario trabajar en la educación y el acompañamiento social como medidas válidas para revertir las situaciones de exclusión y de forma permanente, las administraciones locales y autonómica deberían poner en marcha una agenda que, en estrecha colaboración con los gobiernos, empresarios y sindicatos, esté abierta a la participación de los nuevos movimientos sociales y a las organizaciones del Tercer Sector como creadoras de puentes y facilitadoras de cohesión social".
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