El responsable político de la
organización de las elecciones del próximo domingo y del recuento de los
votos de los murcianos, el delegado del Gobierno, es un señor que está
imputado en un caso de presunta corrupción, Novo Carthago, una
urbanización multimillonaria junto al Mar Menor, parte de ella en
terreno protegido. Si las elecciones se celebraran en Venezuela, por
ejemplo, diríamos que no hay garantías. El dato aparecería destacado,
sin duda, en los informes de los observadores internacionales y la
prensa mundial lo reproduciría.
Se dirá que no puede haber arbitrariedad, pues los controles técnicos
y democráticos son muchos y satisfactorios, que el pucherazo es
inimaginable, pero ese responsable político, Joaquín Bascuñana
(¡cuádrense!), lo es también de la Agencia Tributaria, un estamento
supuestamente intocable, y no hace mucho destituyeron a su director
territorial después de que hubiera facilitado a un juez instructor
informes sobre las finanzas de altos jerarcas del PP, entre ellos el
propio delegado del Gobierno. O sea, que la arbitrariedad cabe.
A lo anterior hay que sumar que su sillón depende del resultado de
las elecciones. Si el PP gana por mayoría absoluta, seguirá en él; si no
es así, para facilitar que gobierne en minoría o en coalición tendrá
que entregar su cabeza por condicionamiento de la oposición y quedará
dibujado como nuestro Chaves. Fíjate tú si Bascuñana se juega algo en el
voto a voto. ¡Como para dejarlo a cargo!…
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