TOTANA.- El Ministerio Fiscal ha pedido el archivo definitivo al titular del
Juzgado de Instrucción nº 2 de Totana que instruye la causa abierta
contra la alcaldesa, Isabel María Sánchez, y la ex secretaria y
el interventor municipales por un supuesto delito de prevaricación y
apropiación indebida en el convenio urbanístico C-82, conocido como de
El Raiguero.
El representante de la empresa "Inmonuar" y "Nuaria
Inversiones" y promotor de este convenio, Manuel Núñez Arias, recurrió
en su día por la vía penal como medida de presión a los Tribunales de
Justicia para reclamar al Consistorio la devolución de los casi 2,5
millones de euros que entregó a las arcas municipales en los años 2006 y
2007 en virtud del citado convenio, que contemplaba una urbanización
coincidiendo con la firma del mismo y la aprobación inicial del Plan
General de Ordenación Urbana.
Este convenio urbanístico fue
anulado tras ser declarado ilegal por el Tribunal Superior de Justicia
(TSJ) de Murcia, pero el promotor gallego Núñez Arias interpuso una
querella contra la actual regidora, los dos ex alcaldes y los dos
funcionarios con el fin de intentar recuperar los 2,5 millones de euros
adelantados.
Aunque en un primer momento el juez la archivó, al no
apreciar indicios de delito y considerar que se trataba de un asunto
que debía ser resuelto por la vía contencioso-administrativa, el
promotor presentó recurso y fue admitida a trámite.
Ahora el
fiscal ha solicitado el archivo de la causa e incide en "el derecho que
puede tener a la devolución de la cantidad entregada por el querellante
puede tener su justificación, pero se considera que no es ésta la vía
adecuada para su reclamación, sino otra distinta ya sea civil o
administrativa".
El fiscal recuerda en su informe que el Consejo
Jurídico de la Región de Murcia dio la razón al Ayuntamiento en su
dictamen en el que resolvía que el Consistorio no debía reintegrar a la
sociedad "Inmonuar" los 2,5 millones de euros más intereses
correspondientes a dicho convenio urbanístico.
El organismo
jurídico regional consideró ajustado a derecho la declaración de nulidad
del convenio, la cual es preceptiva pero no vinculante, por lo que el
proceso judicial debe finalizar con la resolución judicial tras la
petición del informe fiscal.
Al respecto, la alcaldesa ha mostrado
su satisfacción con el informe del Ministerio Fiscal y ha reiterado que
"siempre he estado muy tranquila por confiar plenamente en la Justicia y
mi convencimiento de actuar siempre dentro de la legalidad vigente".
Ha
recordado que esta coyuntura procesal se dio "por defender sin fisuras
los intereses públicos generales del Ayuntamiento y mis vecinos" y ha
dicho actuar desde el primer momento "con responsabilidad y lealtad
institucional, a pesar del coste familiar y personal que acarreaba esta
situación procesal".
Sánchez Ruiz ha añadido que "espero que
ningún partido político nunca más me vuelva a vincular con el término
corrupción urbanística" y les ha exigido "que retiren todas las
acusaciones e infamias que han vertido en el último año y medio".
Además,
ha explicado que los partidos de la oposición han "intentado sacar
rentabilidad política de este proceso de judicialización de la vida
pública".
La regidora ha apostillado que "tenía claro que no iba a
permitir que ningún individuo ni partido político insinuaran otra cosa
distinta a la realidad para obtener rentabilidad política" y ha
comentado que "siempre se han seguido escrupulosamente los
procedimientos administrativos que nos dictaba el dictamen del Consejo
Jurídico y Consultivo de la Región y la Sala de lo Penal del TSJ; y así
ha quedado demostrado".
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