miércoles, 15 de abril de 2015

El promotor López Rejas dice estar imputado por envidia del ex decano del Colegio de Arquitectos

MURCIA.- El promotor inmobiliario José López Rejas ha declarado en el Juzgado de Instrucción nº 4 de Murcia, que investiga la presunta corrupción urbanística conocida por "caso Barraca", al estar imputado, según él, "por la envidia del ex decano del Colegio de Arquitectos, Francisco Camino, tras contratar a Ricardo Bofill para hacer el proyecto de La Paz".

Ese comentario se recoge en el acta de la declaración que ha prestado en el Juzgado que investiga los hechos y con el mismo se refiere al proyecto de rehabilitación de este barrio murciano marginal, que López Rejas encargó al arquitecto Bofill.
Para este imputado, su inclusión en la causa tuvo su origen en un escrito hecho llegar a la fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de la Región -sin llevar pie ni firma- y en el que se le relaciona con el gabinete de arquitectos de la familia del ex-jefe de Planeamiento del ayuntamiento de Murcia y también imputado en esta causa, Joaquín Peñalver.
Con respecto a esa relación, ha aclarado que los encargos hechos a ese despacho solo supusieron el cinco por ciento de los negocios de sus empresas.
A lo largo del interrogatorio ha reconocido la amistad existente entre su familia y la de Peñalver, pero ha negado que se aprovechara del cargo que este ocupaba para obtener beneficios.
La amistad, ha añadido, viene de muchos años atrás, por haber estudiado juntos y por veranear ambas familias en Águilas.
Ha admitido que en una época contó con los servicios de la esposa de Peñalver, igualmente imputada, Sandra de la Puente, pero que comenzó a contar con su colaboración como economista, cuando vio que tenía que profesionalizar sus empresas por la envergadura que las mismas tenían.
Ha admitido que De la Puente llegó a tener una participación en una de esas empresas, para negar que fomentara esa compra de acciones para beneficiarse del cargo que el esposo de aquella ocupaba en la Gerencia de Urbanismo de Murcia.
Por otra parte, Esteban Martínez-Abarca declaró ante la juez en calidad de imputado. Era socio de la mercantil Titobio, vinculada a la familia de Peñalver y a la que se le atribuyen diversas operaciones urbanísticas en el municipio de Murcia. 
Es cuñado de Joaquín Peñalver, que fuera jefe de Planeamiento Urbanístico del ayuntamiento de Murcia, imputado en los casos Barraca y Umbra, y declaró que sabía que el hermano de su esposa trabajaba en el consistorio, pero que desconocía qué puesto ocupaba. 
El "caso Barraca", abierto hace ahora ocho años, investiga una presunta corrupción urbanística que se habría cometido con la compra de terrenos forestales a bajo precio con los que luego se conseguían, presuntamente, grandes beneficios al lograr su recalificación para convertirlos en urbanos, así como supuestos delitos de cohecho, negociaciones prohibidas a los funcionarios, uso de información privilegiada, tráfico de influencias, asociación ilícita y blanqueo de capitales.

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