Los planes de gestión de los espacios de la Red Natura 2000 en la Región de Murcia han recibido 12.000 alegaciones

MURCIA.- Todos los espacios de la Red Natura 2000 murciana continúan sin un plan de gestión que garantice su conservación y que active las medidas y políticas de desarrollo que contempla esta figura de protección europea. Una vez agotados todos los plazos, que han sumado seis años en total, más de mil espacios en toda España no se han dotado aún de estas herramientas, lo que ha motivado la apertura de un procedimiento de infracción por parte de la Comisión Europea.

En el caso de Murcia, "el problema es que los representantes políticos que han gobernado no se han creído la conservación de la naturaleza", ha afirmado el portavoz de la Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE), Pedro García. "Es evidente que la conservación de espacios establece limitaciones a ciertos tipos de usos" -ha reconocido-, "pero no es cierto que estas limitaciones afecten a todas las actividades tradicionales ni que se hagan de manera caprichosa".

Hasta 12.000 alegaciones se presentaron en la Región de Murcia a los planes de gestión durante su fase de exposición pública, lo que demuestra, según la Asociación de Empresarios del Noroeste, el rechazo a unas medidas "que criminalizan la actividad económica". 

Juan Cava, presidente de dicha asociación, integrada en la Confederación Regional de Organizaciones Empresariales de Murcia (CROEM), ha denunciado que "se está legislando a la fuerza" y en este momento de crisis económica "urge un acuerdo de máximos".

Por su parte, el secretario general, Antonio López Marín, ha reconocido que "nadie está en contra de los planes de gestión", pero en los últimos años "hemos visto cómo se ha utilizado la Red Natura 2000 para limitar y restringir muchas actividades económicas".

En este sentido, el portavoz de ANSE ha culpado a los empresarios de "boicotear" la gestión del territorio y ha matizado que "si no tenemos los planes aprobados la Unión Europea no permitirá que empleemos el dinero destinado a conservación".

Los empresarios esgrimen falta de sensibilidad con las gentes que desarrollan su actividad en Natura 2000, que "más que una oportunidad supone limitaciones, incompatibles con el desarrollo de las poblaciones".

 "Partimos de la base de que si una actividad económica ya estaba en el territorio antes de la Red Natura 2000 es porque no suponía una merma", ha dicho Antonio López; "el verdadero problema surge cuando vas a acometer la ampliación o mejora de tu negocio".
Se ha referido al proyecto hoy paralizado de construcción de un nuevo puerto en una zona protegida del litoral, El Gorguel, junto al LIC y ZEPA de la Sierra de la Fausilla, una zona "completamente degradada" por la minería que daría respuesta a una "necesidad indiscutible" para el desarrollo económico de la región.

Los ecologistas denuncian la "ambición desmedida de un sector insaciable del empresariado" y plantean como alternativas el aprovechamiento de parte de la infraestructura del puerto de Escombreras o la construcción de un "puerto seco" en algún lugar destinado al desarrollo industrial.

El emplazamiento en El Gorguel "era el mejor" una vez se había protegido ya todo el litoral murciano, ha matizado el jefe del departamento de Planificación y Gestión del Puerto de Cartagena y uno de los responsables del proyecto, José María Gómez Fuster. 

"Era evidente que cualquiera que fuera la ubicación elegida tendría repercusión medioambiental", y por ello "planteamos un proyecto de medidas compensatorias que genere la suficiente mejora en los hábitats para compensar el posible daño a Red Natura 2000".

Para el portavoz de ANSE, "resulta curioso que se hable de medidas compensatorias cuando hace sólo unos años negaban la mayor y decían que el proyecto no iba a generar ninguna afección". Además, ha advertido de la "inviabilidad" de modificar los límites de la Red europea para extraer esta zona del ámbito de protección, ya que los mecanismos que la UE tiene previstos para ello no se dan en este caso. Ha abogado por aprovechar todos los cauces que permiten las leyes comunitarias, en las que tiene "una gran confianza", en aras de evitar la destrucción de otra zona del litoral murciano.