MOLINA DE SEGURA.- La candidata del PSOE a la Alcaldía de Molina de Segura, Esther
Clavero, exige responsabilidades al equipo de Gobierno del PP, con
Eduardo Contreras a la cabeza, tras la sentencia judicial que anula el
acuerdo de la Junta de Gobierno local del 29 de marzo de 2011 que
concedió licencia de obras para la construcción de una estación de
servicio en la urbanización Altorreal.
Clavero asegura que el alcalde
"ha sufrido un duro varapalo ante la justicia" y recuerda que el PSOE se
opuso frontalmente en su momento, con varias mociones en 2010 y 2011, a
la instalación de la gasolinera en Altorreal junto a las viviendas.
Además, Clavero critica que Contreras se aferró los informes de la
secretaría general y de un arquitecto municipal para rechazar la
petición de suspender la licencia. La sentencia sostiene que "el acto
administrativo de concesión de licencia de gasolinera se dictó en base
de una determinación urbanística ilegal, por lo que procede su
anulación".
En una sentencia fechada el pasado 11 de marzo, el magistrado José
Miñarro estima el recurso presentado por la entidad de conservación de
Altorreal contra el Ayuntamiento y las mercantiles Disa Península
-propietaria de la gasolinera- y Laborda Inmuebles -dueña del terreno-,
que podrán presentar recurso porque la resolución judicial no es firme.
Clavero indica que el PSOE siempre dijo que la licencia otorgada a la
anterior propietaria de los terrenos, Urbis S.A., se hizo sobre una
parcela de tipo EP2, que corresponde a equipamiento social y privado,
que no permitía la construcción de una gasolinera, según la ordenanza.
Urbis reconoció ser propietaria de un terreno calificado como EP2, como
así indica el juez quien además remarca que "quedó resuelta la queja
denunciada de forma definitiva mediante acuerdo del Consejo de Gobierno
de 26 de septiembre de 2003, por el que se estableció que la parcela
litigiosa es EP2".
La sentencia comulga con el planteamiento de la entidad urbanística,
de la referida plataforma 'No a la gasolinera de Altorreal' y del PSOE,
que insistieron en que el PGOU de Molina se aprobó en 2006 y que el
acuerdo del Consejo de Gobierno regional, fechado tres años antes, no
fue recurrido "jamás" por la propietaria de los terrenos ni por el
Ayuntamiento, por lo que se debe partir del mismo a la hora de
determinar la calificación urbanística de la parcela sobre la que se ha
construido un centro comercial y gasolinera. De hecho, el juez sostiene
que "no hay ninguna duda" de que la parcela estaba calificada
jurídicamente como EP2, y añade el magistrado que el Ayuntamiento
concedió licencia de obras el 9 de enero de 2007 para la construcción
del referido centro.
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