jueves, 26 de marzo de 2015

La Fiscalía del TSJ estudia recurrir ante el Supremo el envío a Lorca del caso del Auditorio lumbrerense

MURCIA.- La Fiscalía no descarta recurrir el auto del Tribunal  Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJRM) que confirmó la decisión de enviar a los juzgados de Lorca su querella por las obras del auditorio de Puerto Lumbreras dirigida contra 20 personas, entre ellas, el exalcalde Pedro Antonio Sánchez, del PP.

Aunque en el auto del TSJRM que confirmó esa decisión por mayoría se indicaba que contra él "no cabía recurso", el Ministerio Público estudia si existe posibilidad de acudir al Tribunal Supremo para tratar de revocar el acuerdo que afecta al actual consejero de Educación, Cultura y Universidades y precandidato a la presidencia de Murcia en las próximas elecciones autonómicas del 24 de mayo.
En el recurso que no prosperó, la Fiscalía consideraba que el TSJRM debió asumir la instrucción de la causa al figurar entre los imputados Sánchez, que goza de un fuero especial.
Por el contrario, los magistrados que conformaron la mayoría sostuvieron que los hechos deben ser investigados en primera instancia por el juzgado lorquino al que corresponda por reparto por haberse cometido los hechos presuntamente delictivos en Puerto Lumbreras, municipio perteneciente a aquel partido judicial.
Y añadían que debía respetarse el derecho de los no aforados a ser investigados por el juez predeterminado por la ley, sin perjuicio de que si en el transcurso de las diligencias aparecían indicios contra Sánchez, el juez enviara al TSJRM una exposición motivada para que asumiera la competencia en su caso.
En el recurso del Ministerio Público que no prosperó había un apartado en el que los juristas han creído ver que se dejaba abierta la puerta para emprender acciones contra los magistrados.
En concreto, el texto señalaba que "la confirmación del auto recurrido, dado lo irrazonable de la argumentación, supondría, dicho sea en términos de defensa de la legalidad propia del ministerio fiscal, la ratificación consciente y voluntaria de una resolución situada extramuros de cualquier razonamiento admisible jurídicamente".

(En la imagen, Manuel López Bernal, fiscal superior de la Región de Murcia)

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