TOTANA.- La Confederación de Empresarios del Bajo Guadalentín (CEBAG) ha
analizado el contenido de la proposición de ley del suelo que el PP
pretende aprobar en la Asamblea Regional antes de final de mes y
considera que resulta, "cuanto menos, sospechoso e irregular que se haya
tramitado sin transparencia y con la participación de solo algunos
colectivos vinculados al sector de la construcción".
Así, critican que se haya excluido del proceso de consulta a
instituciones "tan importantes" como el Comité Económico y Social (CES)
de la Región o al Consejo Jurídico de la Región, "entidades que aseguran
tanto la participación pública como la legalidad y seguridad jurídica
de las disposiciones y leyes de carácter regional".
Cebag, que
está integrada en CROEM, se muestra sorprendida de que la Confederación
de todos los empresarios de la Región "no haya sido consultada ni
conociese los términos de la proposición de Ley del Suelo, hasta una
reunión celebrada con el consejero Bernabé el pasado miércoles, en la
sede de CROEM, en la que participó el presidente de CEBAG, a solo dos
semanas de su posible aprobación por la Asamblea".
Por ello,
consideran que "el objetivo de esta ley, y sobre todo la urgencia en su
tramitación y aprobación, más que a motivos de interés público y
general, responde a los intereses concretos de algunos colectivos y
proyectos concretos".
Igualmente, se han mostrado preocupados
porque el proyecto de ley "no sólo no resuelve la grave situación de
miles de viviendas e instalaciones que planteaba el PGMO, sino que se
agrava esa situación al establecer que en estas edificaciones fuera de
ordenación, tanto de carácter de vivienda o instalaciones industriales o
comerciales, "no podrán realizarse en ellas obras de modernización"
salvo que se autoricen excepcionalmente como usos u obras de carácter
"provisional".
"Lo que sin duda supondría una hipoteca o una
expropiación de hecho para miles de totaneros y para cientos de miles de
ciudadanos de la Región, que puedan ser propietarios de viviendas o de
instalaciones comerciales o industriales en situación irregular o fuera
de ordenación", añaden.
Por otro lado, consideran que hay otros
aspectos en la nueva ley que perjudican los intereses de miles de
totaneros, porque en el proyecto de PGMO de Totana se reclasificó de
urbanizable a protegido inadecuado entre el 15-20 por ciento del suelo
del municipio, para supuestamente poder justificar la ejecución de las
20.000-25.000 viviendas previstas en los convenios.
El nuevo
proyecto establece en su artículo 95 que solo podrá hacerse la
edificación de una vivienda unifamiliar en suelo inadecuado en 10.000
metros, "siempre que sea zona de regadío", lo que -aclaran desde CEBAG-
"solo es posible que se produzca en una pequeña franja de la zona de
regadío oficial del trasvase, ya que en la amplia zona al sur del Río
Guadalentín y al norte del trasvase, aunque se esté regando, no solo no
se considera formalmente regadío, sino que hay decenas de expedientes
sancionadores que afectan directa o indirectamente a varios cientos de
agricultores, por estar cultivando tierras que se están regando desde
hace varias décadas".
En este sentido, señalan que no han
encontrado en otros municipios de la Región una situación similar a la
de Totana, de que se pretendan dejar fuera de ordenación miles de
viviendas y solares urbanos, situados en más del 90 por ciento de las
calles de Totana.
"Con independencia de otros muchos defectos no
subsanables del texto del PGMO propuesto, el proyecto de nueva ley
ratifica, sin lugar a dudas, que lo que se pretende aprobar por el grupo
municipal del PP como si fuese una subsanación del PGMO de Totana, no
es sino una revisión o modificación estructural del plan, que debería
someterse a un procedimiento y trámite similar a un nuevo Plan General,
que debería reiniciarse y aprobarse por la nueva Corporación municipal
que sea elegida el próximo mes de mayo", concluyen.
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