Las elecciones en Andalucía han supuesto un gran alivio para el PP
murciano, pues la moraleja ha sido: la corrupción no computa en las
urnas. El mecanismo para que esto resulte es sencillo: se trata de
quitar de en medio a los Chaves y Griñán y poner en cartel ‘caras
nuevas’ que simulen un cambio sin significar una ruptura. Así, al
electorado se le envía un mensaje de renovación con una oferta designada
por los líderes averiados, lo que garantiza a su vez la protección a
éstos de las consecuencias de sus fechorías. En Murcia, Chavez y Griñán
serían nuestros Valcárcel y Cámara. Y en este aspecto de la cuestión, el
PP murciano, como el PSOE andaluz, llaga a las elecciones con los
deberes hechos.
El error de los partidos de la actual oposición sería tragar ese
anzuelo. Ya se escuchan voces, sobre todo en el PSOE, que eliminan en la
campaña electoral la corrupción del PP como uno de los ejes de denuncia
de su gestión pública. Hay quienes lo consideran un recurso fácil, y
que lo que corresponde es aportar ideas de programa. Esto último, sin la
menor duda, pero obviar la corrupción significa dar normalidad a un
estado de cosas que no podría entenderse sin ella.
La nefasta gestión de la crisis económica por la Comunidad Autónoma y
la larga parálisis política en la ciudad de Murcia tienen en la
corrupción la principal causa y explicación. La ineficacia es un
correlato de la falta de autoridad moral. La dirección del PP ha
consentido, además, la corrupción en la periferia de la capital al
permitir la permanencia de alcaldes hasta que no han sido condenados o
inhabilitados por el Supremo tras arrastrar sentencias condenatorias, y
todavía vuelven a presentar a candidatos pendientes de juicio. Si no se
atiende a esto sólo se escarbará en la espuma del problema. Aparte de
que la corrupción no es ‘una cosa más’, sino el primer motivo de
deslegitimación de los gestores políticos que incurren en ella, con o
sin sanción judicial, y de los partidos que no les exigen
responsabilidades.
Saltarse el capítulo de la corrupción no es sólo una ingenuidad, sino
una grave torpeza, además de que para los ciudadanos debiera constituir
un sospechoso indicio de complicidad corporativa. Esto también es una
lección de Andalucía.
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