viernes, 27 de marzo de 2015

El susanazo consuela al PP murciano / Ángel Montiel

Las elecciones en Andalucía han supuesto un gran alivio para el PP murciano, pues la moraleja ha sido: la corrupción no computa en las urnas. El mecanismo para que esto resulte es sencillo: se trata de quitar de en medio a los Chaves y Griñán y poner en cartel ‘caras nuevas’ que simulen un cambio sin significar una ruptura. Así, al electorado se le envía un mensaje de renovación con una oferta designada por los líderes averiados, lo que garantiza a su vez la protección a éstos de las consecuencias de sus fechorías. En Murcia, Chavez y Griñán serían nuestros Valcárcel y Cámara. Y en este aspecto de la cuestión, el PP murciano, como el PSOE andaluz, llaga a las elecciones con los deberes hechos.

El error de los partidos de la actual oposición sería tragar ese anzuelo. Ya se escuchan voces, sobre todo en el PSOE, que eliminan en la campaña electoral la corrupción del PP como uno de los ejes de denuncia de su gestión pública. Hay quienes lo consideran un recurso fácil, y que lo que corresponde es aportar ideas de programa. Esto último, sin la menor duda, pero obviar la corrupción significa dar normalidad a un estado de cosas que no podría entenderse sin ella.

La nefasta gestión de la crisis económica por la Comunidad Autónoma y la larga parálisis política en la ciudad de Murcia tienen en la corrupción la principal causa y explicación. La ineficacia es un correlato de la falta de autoridad moral. La dirección del PP ha consentido, además, la corrupción en la periferia de la capital al permitir la permanencia de alcaldes hasta que no han sido condenados o inhabilitados por el Supremo tras arrastrar sentencias condenatorias, y todavía vuelven a presentar a candidatos pendientes de juicio. Si no se atiende a esto sólo se escarbará en la espuma del problema. Aparte de que la corrupción no es ‘una cosa más’, sino el primer motivo de deslegitimación de los gestores políticos que incurren en ella, con o sin sanción judicial, y de los partidos que no les exigen responsabilidades.

Saltarse el capítulo de la corrupción no es sólo una ingenuidad, sino una grave torpeza, además de que para los ciudadanos debiera constituir un sospechoso indicio de complicidad corporativa. Esto también es una lección de Andalucía.

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