CARTAGENA.- "El Colegio de Ingenieros Técnicos e Industriales de la Región de Murcia no está de acuerdo con la ley". Éste es uno de los argumentos esgrimidos por el portavoz de IU-Verdes, José Antonio Pujante, para votar en contra de la ley del Suelo, que ha aprobado este miércoles en solitario el Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea.
El diputado de IU-Verdes ha expuesto a los grupos parlamentarios que existe una falta de consenso con el texto que ha aprobado el PP en comisión.
Según Pujante, esta mañana ha recibido un correo electrónico procedente del Colegio de Ingenieros Técnicos e Industriales de la Región de Murcia en el que se plantean una serie de recomendaciones y consejos para mejorar la ley. "Esto pone de manifiesto una falta de consenso de esta ley, que será derogada en poco tiempo", ha dicho, en referencia a las próximas elecciones autonómicas.
Por parte del Grupo Parlamentario Socialista, Joaquín López, considera que se trata de una ley "caciquil precedida del engalo a los grupos parlamentarios por determinados lobbys". El socialista ha explicado que su grupo ha votado en contra del texto porque "no se adapta a las necesidades de los ciudadanos y no ha tenido consenso porque ustedes no han querido", ha reprochado al PP.
Por contra, el 'popular' Juan Guillamón considera que la ley que han aprobado en la Asamblea es "necesaria" porque había que adaptar la normativa de la Región a las ley estatal del Suelo, aprobada en el año 2007 y se reformó en el año 2013.
Además, Guillamón ha insistido en que uno de los objetivos de la ley es "avivar al sector de la construcción" porque, según ha asegurado, "es un motor clave en la economía regional y con esto se podría subir el PIB y repartir las rentas de una manera equitativa".
Entre las medidas que contempla esta ley destaca que se precisan los contenidos de los instrumentos de ordenación del territorio y se estandariza el sistema general de equipamiento comunitario, en materia de planeamiento urbanístico, aunque dependiendo de la población del municipio.
El texto recoge que aunque los espacios naturales no se puedan transformar urbanísticamente, sí que se pueden calificar como sistemas generales para su obtención gratuita por parte de los municipios.
Por otro lado, se regulan los convenios urbanísticos para evitar los problemas generados por la regulación actual. En este caso, se acomete una regulación más precisa y se potencia la participación ciudadana en su firma, del mismo modo que se prohíben de forma general los convenios para la reclasificación del suelo.
Los objetivos de la ley del Suelo, tal y como se recoge en el texto legal, es la coordinación de las administraciones competentes para evitar duplicidades, la flexibilidad normativa que posibilite la adaptación de la política urbanística y del planeamiento de los municipios a las coyunturas económicas y propiciar mayor seguridad jurídica a los agentes sociales facilitando los trámites.
No obstante, los grupos de la oposición consideran que esta ley "no cambia nada", advierten que es una ley "express" y plantean que en el documento se sientan las bases para "un modelo urbanístico depredador, especulador del suelo asociado a la falta de transparencia y esto se resume con una ley apresurada como ésta", ha manifestado el socialista Joaquín López.
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