martes, 3 de marzo de 2015

El magistrado Abadía elevará al Tribunal Supremo las diligencias sobre un Valcárcel ya imputado por él

MURCIA.- El magistrado instructor del 'caso Novo Carthago', Manuel Abadía elevará al Tribunal Supremo las diligencias sobre el ex presidente regional Ramón Luis Valcárcel, tras recibir el informe no vinculante del fiscal anticorrupción, Juan Pablo Lozano, y por su condición de persona aforada, según aseguran esta mañana fuentes del TSJRM.

El magistrado ha emitido hoy un auto de imputación de Valcárcel donde le da 30 días hábiles para que se presente ante el TSJRM asistido de abogado y procurador con los medios de prueba que considere oportunos, antes de elevar el procedimiento a la Sala Segunda del Tribunal Supremo.
El magistrado instructor de las Diligencias 2/2013, sobre prevaricación en el proyecto Novo Carthago ha acordado, mediante auto notificado este martes, dar al ex presidente del Gobierno regional y vicepresidente del Parlamento Europeo, Ramón Luis Valcárcel, "la facultad de asumir la condición de parte, tomar conocimiento de todas las actuaciones, y declarar voluntariamente como imputado por los supuestos delitos de prevaricación y cohecho ante este Magistrado Instructor".
Asimismo, ha acordado citar como imputados por un supuesto delito de cohecho a la hija de Valcárcel, R.V.C.; a su yerno F.P.J.; a su cuñado J.F.C.A.; así como a J.S.C. y J.A.M.G, según el auto notificado por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ).
Además, en la parte dispositiva del auto, se da a Ramón Luis Valcárcel la facultad de "aportar documentos, proponer pruebas y participar en las diligencias probatorias, poniendo en conocimiento del aforado ante el Tribunal Supremo el contenido de este Auto a los efectos del artículo 118 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal".
Asimismo, Valcárcel puede "designar abogado y procurador que lo asista y represente y, en el caso de que decida prestar declaración de forma voluntaria, tiene 30 días hábiles para hacerlo ante este Magistrado Instructor, que señalará en sábado o domingo su declaración si desea prestarla, con la finalidad de no interrumpir su actividad en el Parlamento Europeo".
En el caso de que transcurran treinta días hábiles, continúa la resolución, sin que desee prestar declaración de modo voluntario se dará por cumplido el plazo y elevará este Magistrado Instructor Exposición Razonada al Presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo.
El expresidente regional, actual vicepresidente de la Eurocámara, podría comparecer ante esta sede, incluso, en sábado o domingo para "no interrumpir su actividad en el Parlamento Europeo". Si no acepta dicho ofrecimiento, Abadía elevará la causa, mediante una Exposición Razonada, a la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que sería el órgano competente para investigar a Valcárcel, dada su condición de aforado por ser eurodiputado.
Por este motivo, el magistrado pide que se acredite documentalmente la condición de eurodiputado de Ramón Luis Valcárcel, dirigiéndole atenta comunicación a la secretaría del Parlamento Europeo, para que acredite fecha de inicio de la actividad parlamentaria y si continúa en la actualidad en el desempeño del cargo de europarlamentario.
Respecto al modo de impugnación, el juez recuerda que la resolución debe notificarse al Ministerio Fiscal y demás partes personadas, haciéndoles saber que la misma no es firme y que pueden interponer un recurso de reforma y subsidiario de apelación en el plazo de tres días siguientes a su notificación o recurso de apelación directo dentro de los cinco días siguientes a su notificación.
Cabe recordar que este procedimiento investiga una presunta trama de corrupción en torno a la construcción del complejo 'Novo Carthago', un proyecto que consistía en la construcción también de hoteles y más de 10.000 viviendas.
En la causa está también imputado el ex consejero de Agricultura y Agua, Antonio Cerdá, que ocupó el cargo ininterrumpidamente desde 1999 hasta el pasado jueves, cuando decidió dimitir alegando razones personales.
Asimismo, en el procedimiento se encuentra imputada la alcaldesa de Cartagena y diputada, Pilar Barreiro, quien ha sido citada a declarar por el Tribunal Supremo el próximo el 5 de marzo; y el actual delegado del Gobierno, Joaquín Bascuñana, por un presunto delito de prevaricación, investigado porque, en su condición de consejero de Obras Públicas y Urbanismo en 2005, "firmó la aprobación definitiva de la Modificación Puntual del PGOU de Cartagena en San Ginés de la Jara".

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