MURCIA.- El instructor del caso en el que se investiga una presunta trama
urbanística en 'Novo Carthago', el magistrado del TSJRM, Manuel Abadía, ha dictado esta tarde una providencia
en la que da de plazo al fiscal anticorrupción y contra el crimen organizado, Juan Pablo Lozano, 24 horas para que informe sobre la
competencia de la Sala de lo Civil y Penal del TSJ para seguir con la
instrucción.
La providencia se ha dictado después de que ayer martes dictara
un auto en el que daba al ex presidente del Gobierno murciano, Ramón
Luis Valcárcel, un plazo de 30 días para acudir voluntariamente como
imputado a prestar declaración por su posible implicación en este caso
de presunta corrupción urbanística.
Igualmente, acordó citar como
imputados por un supuesto delito de cohecho a una de las hijas de
Valcárcel, R.V.C.; a su yerno F.P.J.; a su cuñado J.F.C.A.; así como a
J.S.C. y J.A.M.G..
En estas diligencias se recoge, además, la
imputación del actual delegado del Gobierno, Joaquín Bascuñana, por un
presunto delito de prevaricación, investigado porque, en su condición de
consejero de Obras Públicas y Urbanismo en 2005, "firmó la aprobación
definitiva de la Modificación Puntual del PGOU de Cartagena en San Ginés
de la Jara"; y la de la alcaldesa de Cartagena, Pilar Barreiro, quien
está citada mañana jueves a declarar en el Tribunal Supremo.
Además,
están imputados el que fuera delegado y consejero del Gobierno
regional, Francisco Marqués, por delitos de cohecho, prevaricación y
tráfico de influencias; y también se encuentra imputado el consejero de
Agricultura y Agua, Antonio Cerdá, desde que el pasado mes de julio se
decidieran abrir diligencias para investigar su actuación en este asunto
por los presuntos delitos de prevaricación, ordenación del territorio y
del medio ambiente, y tráfico de influencias.
Bascuñana, la
primera vez que fue citado a declarar por este asunto, se acogió a su
derecho a no declarar, pendiente de un recursos de apelación que
finalmente fue desestimado, por lo que permanece imputado en la causa.
De hecho, un informe del fiscal anticorrupción, Juan Pablo Lozano (en la imagen),
remitido a la Sala de lo Civil y Penal del TSJ de Murcia, le apunta como
la persona que dio el "beneplácito final" al proyecto urbanístico de
Novo Carthago.
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