MURCIA.- El juzgado de Instrucción nº 2 de los de Murcia, por auto notificado este
miércoles, ha acordado suspender las declaraciones en calidad de
imputados en el caso Novo Carthago de la hija del expresidente del
Gobierno murciano Ramón Luis Valcárcel, R.V.C.; su yerno F.P.J.; su
cuñado J.F.C.A.; así como de J.S.C. y J.A.M.G., acordadas por el anterior
instructor para los días 21 y 28 de marzo de 2015.
Además, el Juzgado ha aceptado la remisión de las Diligencias
Previas 2/2013 desde el Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia y
se declara competente para la instrucción de la causa, según informaron
fuentes del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Región de Murcia.
Por
último, incoa piezas separadas con los recursos de reforma y apelación
pendientes, a excepción de los recursos interpuestos por la alcaldesa de
Cartagena y diputada nacional Pilar Barreiro, "al no ser parte en la
presente causa debido a su aforamiento ante el Tribunal Supremo".
La resolución no es firme, contra ella cabe recurso de reforma y subsidiario de apelación.
Cabe
recordar que en esta causa se encuentran imputados por un supuesto
delito de cohecho una de las hijas del expresidente Ramón Luis
Valcárcel, R.V.C.; su yerno F.P.J.; su cuñado J.F.C.A.; así como a
J.S.C. y J.A.M.G..
Igualmente, según la providencia dictada por el
juez Manuel Abadía el pasado 3 de marzo, éste daba a Valcárcel un plazo
30 días para acudir voluntariamente como imputado a prestar declaración
por su posible implicación en este caso de presunta corrupción
urbanística.
En estas diligencias se recoge, además, la imputación
de la alcaldesa de Cartagena, Pilar Barreiro, que declaró el jueves
pasado ante el Supremo. Además del actual delegado del Gobierno, Joaquín
Bascuñana, por un presunto delito de prevaricación, investigado porque,
en su condición de consejero de Obras Públicas y Urbanismo en 2005,
"firmó la aprobación definitiva de la Modificación Puntual del PGOU de
Cartagena en San Ginés de la Jara".
Igualmente, están imputados el
que fuera delegado y ex consejero del Gobierno regional, Francisco
Marqués, por delitos de cohecho, prevaricación y tráfico de influencias;
y también se encuentra imputado el ex consejero de Agricultura y Agua,
Antonio Cerdá, desde que el pasado mes de julio se decidieran abrir
diligencias para investigar su actuación en este asunto por los
presuntos delitos de prevaricación, ordenación del territorio y del
medio ambiente, y tráfico de influencias.
En esta causa se
investiga una presunta trama de corrupción urbanística relacionada con
la construcción del resort 'Novo Carthago', que consistía en la
construcción de hoteles y más de 10.000 viviendas en una zona que estaba
calificada como de especial protección para el Mar Menor y donde una
parte de los terrenos eran LIC, ZEPA y ZEPIN y por otra parte como no
urbanizable de protección del trasvase (NUPT).
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