MURCIA.- La decisión del Tribunal Superior de
Justicia de la Región de Murcia (TSJ) de remitir a Lorca la querella de
la fiscalía contra el consejero del gobierno murciano y candidato a la
presidencia de la Comunidad Autónoma, Pedro Antonio Sánchez, "es
arbitraria e injustificada", según se recoge en el recurso presentado
por el ministerio público.
El recurso tacha también la decisión de la Sala de lo Civil y Penal del TSJ de
"estrambótica", tras lo que pide al tribunal que acepte su competencia y
anule su decisión anterior de enviar el asunto a los Juzgados de Lorca
para que sea en éstos donde se investiguen los hechos, de los que se
acusa a una veintena de personas.
Para el ministerio fiscal, su
querella reúne todos los requisitos exigidos por la legislación para ser
admitida a trámite ya que se dirige, entre otros, contra un aforado y,
además, se individualizan los hechos presuntamente ilícitos cometidos
por éste en torno al concurso y adjudicación de las obras del auditorio
cuando era alcalde de Puerto Lumbreras.
Se dice en el recurso que
resulta "estrambótico" que la Sala reconozca, "en principio", su
competencia y que, acto seguido, señale que lo hace "a los exclusivos
efectos de su presentación".
"La competencia -asegura la fiscalía- se
tiene o no se tiene, y viene establecida por imperativo legal; otra cosa
es que la querella se admita o no se admita".
"Si una de las personas
contra las que se dirige -añade- es aforada, y resulta evidente que lo
es el señor Pedro Antonio Sánchez, y los hechos objeto de la querella,
de ser ciertos, pudieran ser constitutivos de delito, se cumplen los dos
requisitos de admisión que establece la Ley de Enjuiciamiento
Criminal".
En contra de lo mantenido por el TSJ para acordar la
remisión de la querella a los Juzgados de Lorca, por pertenecer el
municipio de Puerto Lumbreras a ese partido judicial, la fiscalía
comenta que la Sala "niega, contra toda razón, la realidad incontestable
de la rigurosa individualización de los hechos con relevancia penal
atribuidos al aforado".
El recurso recoge esa serie de hechos que
solicita sean investigados, además de ir acompañado de una serie de
fotografías acreditativas de que las instalaciones no estaban acabadas
cuando el ayuntamiento recibió las obras.
Indica también el recurso que
confirmar el auto recurrido -que contó con un voto particular
discrepante- "supondría, dicho sea en términos de defensa de la
legalidad propia del fiscal, la ratificación consciente y voluntaria de
una resolución situada extramuros de cualquier razonamiento admisible
jurídicamente".
Esta apelación planteada ahora deberá ser resuelta
por un tribunal que no tendrá la misma composición que el que dictó el
acuerdo anterior al haber salido del mismo el anterior presidente del
TSJ, Juan Martínez Moya, al cesar en el cargo y ser sustituido por el
magistrado Miguel Pasqual del Riquelme.
El auto contra el que
ahora se recurre fue dictado con el criterio mayoritario de dos de los
tres integrantes de la Sala, el propio Martínez Moya y el magistrado
Enrique Quiñonero, y con el voto discrepante del tercer componente,
Manuel Abadía.
Hace hoy una semana, la Sala de lo Civil y Penal
del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJ) decidió
enviar a los Juzgados de Lorca la querella presentada por la fiscalía
contra el consejero de Educación y exalcalde de Puerto Lumbreras, Pedro
Antonio Sánchez, y otras veinte personas por la adjudicación del Auditorio de esta última localidad.
No hay comentarios:
Publicar un comentario