ALICANTE.- El ex director general de Caja Mediterráneo (CAM), Roberto López
Abad, se ha acogido a su derecho a no declarar ante el juez de la
Audiencia Nacional, Javier Gómez Bermúdez, que investiga las operaciones
inmobiliarias de una sociedad participada por la extinta entidad,
alegando que falta en la causa documentación de interés para su defensa.
El magistrado ha llamado también a declarar este miércoles en calidad
de imputado al ex director general de Empresas, Daniel Gil, que se ha
expresado en los mismos términos que López Abad, quien manejó el rumbo
de la CAM durante diez años desde 2001.
López Abad fue recientemente absuelto por la Audiencia Nacional por
favorecer dietas presuntamente irregulares que habrían cobrado 19
miembros de la entidad; mientras que Daniel Gil abonó el pasado
noviembre la fianza de 400.000 euros para salir de prisión que el juez
le impuso en otra pieza en la que investiga los préstamos de la CAM a un
empresa hotelera que desviaba sus beneficios al paraíso fiscal de
Curaçao. López Abad hizo lo propio con la caución de 1,5 millones
acordada en esta causa.
Gómez Bermúdez abrió el pasado febrero dos piezas separadas de la
causa principal para investigar las operaciones inmobiliarias que
realizó la sociedad Tenedora de Inversiones y Participaciones (TIP),
participada por la extinta Caja Mediterráneo (CAM), para determinar si
sus responsables cometieron un delito de administración desleal y otro
de apropiación indebida.
El magistrado, que accedió a formar estos dos nuevos procedimientos a
petición del Fondo de Garantía de Depósitos, dependiente del Banco de
España, explicó en un auto la necesidad de investigar las operaciones
con varios terrenos que realizó la TIP y la reestructuración que se
realizó en la sociedad, al objeto de beneficiar a sus respectivos
socios.
En concreto, la 'pieza separada TIP suelo' se ocupará de las
operaciones inmobiliarias Nyesa Pirineos, Emporio del Mediterráneo y
Hueznar, que permitieron al socio de la TIP "grandes beneficios sin
iniciarse el proyecto, al vender el suelo de reciente adquisición con
enormes plusvalías".
El segundo procedimiento, denominado 'pieza separada TIP
reestructuraciones', se ocupará de las "reestructuraciones claramente
beneficiosas" para el socio de la entidad, en este caso la inmobiliaria
Hansa Urbana. La operación tenía por objeto "aflorar plusvalías" en la
compañía y en la TIP para "mejorar el resultado de estas sociedades".
El juez rechazó por el momento abrir otra pieza separada sobre la
financiación de proyectos especulativos al "no aparecer suficientes
indicios" de delito sobre estas operaciones, salvo "una mala praxis
bancaria" que, en todo caso, no se podría perseguir por la vía penal.
La causa principal se abrió en octubre de 2011 y se basa en un
informe del Banco de España que ponía de manifiesto "las irregularidades
e incumplimientos de la normativa bancaria y mercantil cometidos por
los anteriores responsables de la CAM".
Están imputados el exdirector general de la CAM Roberto López Abad,
gestor principal de la caja entre 2001 y 2010; su sucesora, María
Dolores Amorós; el exdirector general de Recursos Vicente Soriano Terol;
el exdirector de Planificación y Control, Teófilo Sogorb; y el
expresidente Modesto Crespo.
La CAM fue intervenida en junio de 2011 por el Banco de España y en
diciembre de 2011 el Sabadell se la adjudicó por un euro. El Fondo de
Garantía de Depósitos inyectó 5.249 millones de euros en la entidad que
se sumaron a los cerca de 2.800 que aportó el Fondo de Reestructuración
Ordenada Bancaria (FROB).
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