Qué sabe Valcárcel del juez Abadía que el juez Abadía sabe que también
sabe Valcárcel? ¿Cuál es ese oscuro secreto que el presidente del PP no
revela ahora, pero que ya revelerá y que sería la verdadera motivación
de las ‘falsas acusaciones’ del magistrado contra Valcárcel y una parte
de su familia?
En su rueda de prensa de la semana pasada, el líder regional del PP y
vicepresidente del Parlamento Europeo destiló insinuaciones sobre la
integridad profesional del magistrado del TSJ que lo ha implicado en el
caso Novo Carthago, poco menos que atribuyendo a una conspiración
exógena el hecho de que él mismo, su hija y su yerno hayan perdido la
memoria sobre el regalo de bodas que ofreció el promotor de Hansa Urbana
a los dos últimos, entre otros olvidos y oportunas ignorancias.
Pues bien, lo que el entorno de Valcárcel viene poniendo en
circulación es que el magistrado, en su día, pidió al entonces
presidente del Gobierno el apoyo de su partido para alcanzar una plaza
en el Tribunal Supremo o, dicen indistintamente, en el Consejo General
del Poder Judicial, y al no lograr ese objetivo, Abadía ‘se la guardó’
hasta que encontró la oportunidad de buscarle las vueltas.
Obsérvese que, por lo que difunde su entorno, Valcárcel emplea contra
Abadía el mismo argumento que contra cualquiera que lo contradiga.
Siempre hay elementos de frustración, venganza, traición o ambición
ilegítima en quienes osan poner en cuestión sus actuaciones o
decisiones. Las cosas nunca tienen su propia lógica, sino la que él les
atribuye. Y, por tanto, no merece la pena ofrecer otras explicaciones,
pues todo lo que le importuna obedece siempre a un móvil inconfesable.
Si aplicáramos el mismo molde a las decisiones judiciales que se han
sucedido en los últimos años, que no son pocas, y las revisáramos
aplicándoles supuestos tintes políticos o de interés personal, Murcia
tendría el mismo Estado de Derecho que Corea del Norte.
Pongamos el
último ejemplo, inducido por la lógica de Valcárcel: ¿Deberíamos
atribuir al agradecimiento por el hecho de que PP haya propuesto al
magistrado Martínez Moya para el Consejo General del Poder Judicial la
circunstancia de que su voto en la sala del TSJ haya resultado decisivo
para devolver al juzgado ordinario el caso del auditorio de Puerto
Lumbreras, permitiendo así que Pedro Antonio Sánchez no fuera imputado
y, en consecuencia, pudiera ser el candidato a las autonómicas, según
los deseos de Valcárcel?
A nadie se le ocurre pensar tal cosa, y menos
sugerirla públicamente, pero si lo que hace Abadía no responde a lo que
exige su profesionalidad, nada impediría que pudiéramos pensar
legítimamente lo mismo sobre otros magistrados cuyas decisiones afectan
al estamento político. ¿O sólo él tiene la patente para enfangar a la
Justicia?
Por tanto, lo que sí es exigible de la profesionalidad política de
todo un vicepresidente español del Parlamento Europeo es el respeto, por
encima de la normal discrepancia, a las decisiones de la Justicia y a
quienes la administran y preservan.
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