La sucesión de acontecimientos políticos y judiciales que se vienen
produciendo con el protagonismo del PP invita a que atendamos los que la
rabiosa actualidad nos presenta cada día y vayamos archivando los que
van quedando atrás. Pero es obligado que no olvidemos algunos hitos
inquietantes que no pueden quedar a beneficio de inventario, pues
atentan contra los más elementales fundamentos del Estado de Derecho.
Hay tres, entre otros, que no admiten olvido.
1. La visita durante horas del diputado Vicente
Martínez Pujalte, solo o en compañía de otros, a la sede de la Fiscalía
General del Estado en el tramo intermedio entre la publicación del auto
del TSJ que implica a Valcárcel y la toma de declaración por el Tribunal
Supremo a Pilar Barreiro. Sigue siendo imprescindible que la Fiscalía
rompa su silencio sobre este hecho así como que publique el libro de
visitas de esa tarde, las autorizaciones para el uso del parking y que
la propia fiscal general emita una explicación al respecto. Si Martínez
Pujalte se proponía, como anunció, elevar una pregunta parlamentaria a
la fiscal sobre las actuaciones de ese estamento en Murcia (un modo de
presión a la luz pública), ahora es preciso que la fiscal responda a las
inquietudes que traslada a la sociedad la visita de ese diputado, esta
vez intentando actuar en secreto. Si no es así, tendremos que pensar que
la Fiscalía admite presiones políticas. Y esto sería gravísimo. Por su
parte, el PP debería expulsar a Martínez Pujalte por un desenvolvimiento
que compromete el respeto a las instituciones por parte de ese partido.
Pero, claro, esto último sería como pedir comportamiento cívico a don
Vito.
2. La inexplicada e inexplicable destitución del
delegado de Hacienda en Murcia en el contexto de la emisión por la
Agencia Tributaria, a requerimiento judicial, de informes sobre miembros
relevantes de la clase política gobernante constituye un ataque brutal a
la profesionalidad de la Administración y un aviso a navegantes para
que esta institución básica del Estado de Derecho haga la vista gorda
ante los negocios y trapicheos de quienes abusan de la confianza
pública. El secretario de Estado de Hacienda debiera reponer de
inmediato a este funcionario en su cargo y felicitarlo públicamente por
su diligencia y eficacia. Del mismo modo, el Gobierno central debería
destituir al delegado del Gobierno en Murcia, Joaquín Bascuñana
(¡cuádrense!), otro experto en esquivar el uso de cajeros, pues es
impresentable que esté siendo investigado por la misma Policía y la
misma Agencia Tributaria sobre las que alcanzan sus competencias
políticas. Esta circunstancia es absolutamente venezolana y resulta una
vergüenza para los murcianos.
3. La Justicia debería tomar nota del pacto secreto
alcanzado entre la alcaldesa de Cartagena, Pilar Barreiro, y el
exvicealcalde de Urbanismo Agustín Guillén, después de que éste hubiera
amagado con hacer públicas informaciones que contradecirían las
declaraciones de la primera en el Tribunal Supremo acerca de su
actuación en el caso Novo Carthago. La opinión pública no debiera
asistir impávida a enjuagues de conveniencia interna, y la Justicia no
puede ser burlada con pactos de autoprotección mutua tan evidentes.
La Fiscalía, Hacienda y el sistema judicial en su conjunto (en lo que
se incluye el intento de muerte civil de los instructores incómodos)
están siendo mangoneados ante nuestros ojos para intentar salvar algunos
culos. El fragor de la actualidad, con la acumulación de sucesos cada
vez más preocupantes, no debiera apagar la alerta ante tamaño destrozo
del sistema que dicen defender.
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