Los abogados murcianos José Luis Mazón y Diego de Ramón, y parece que también la asociación regeneracionista 'Manos Limpias', se piensan querellar en breve contra miembros de la Sala de lo Civil y Penal del TSJ de la Región de Murcia. Mazón ya lo ha hecho público aunque no ha dicho que esa querella anunciada ya a la misma Sala querellada se va a presentar próximamente ante un juzgado de la Audiencia Nacional y va a ir dirigida contra el actual y antiguo presidente del TSJ, Pascual del Riquelme y Juan Martínez Moya, y el magistrado, que lo es por voluntad de la mayoría absoluta del PP en la Asamblea Regional, Enrique Quiñonero, ex profesor titular de Derecho Civil de la Universidad de Murcia.
Queda a salvo de esta acción el magistrado Manuel Abadía en base a sus votos particulares contra resoluciones que el letrado considera claramente prevaricadoras por decidir no asumir la investigación judicial sobre lo denunciado por la Fiscalía sobre la resolución del procedimiento administrativo sobre el Auditorio de Puerto Lumbreras siendo alcalde Pedro Antonio Sánchez, del PP. Pero aparte de los citados magistrados, el teórico beneficiado de la presunta prevaricación, el consejero y ex alcalde, también se va a ver querellado por el letrado que preside la elocuente asociación 'Preeminencia del Derecho'.
La decisión de la Sala de no asumir la querella presentada por la Fiscalía contra el exalcalde de Puerto Lumbreras, consejero de Educación y candidato del PP a la presidencia de la Comunidad Autónoma, y mandarla a Lorca para que se investigue en un juzgado ordinario con jurisdicción sobre aquel municipio regido en su día por Sánchez, es lo que motiva estas acciones penales contra la propia magistratura abdicante con razonamientos jurídicos muy poco consistentes y menos coherentes, según coinciden diversos miembros de la Magistratura en Murcia.
En el caso de Diego de Ramón, parece que se va a adherir a una de las otras dos aunque fuentes de su bufete indican que, de hacerlo, será a la de 'Manos Límpias'. Pero por lo que respecta a Mazón todo parece indicar que responde a una acción responsable y por propia iniciativa en su calidad de presidente de 'Preeminencia del Derecho' al trascender que la decisión se toma obviando el técnicamente perfecto informe del fiscal superior, Manuel López Bernal, y sin tener en cuenta el voto particular contrario del magistrado Abadía al considerar que la Sala del TSJ era la competente para instruir diligencias contra el candidato del PP y criticar con excepcional e inusitada dureza a sus compañeros 'por dañar el Estado de Derecho'.
Este magistrado ha denunciado días atrás 'la incongruencia procesal, antitéticos y contradictorios pronunciamientos, desconocimiento de lo que significa la propia competencia de la Sala, confundir lo más elemental del Derecho Procesal, negar la evidencia, resolución carente de anclaje jurídico alguno, exangüe y desprovista de cobertura jurídica alguna, estéril, inaplicable, sin el mínimo rigor científico y jurídico, planteamiento de supuestos procesales más propios de un temario de oposiciones o de casos prácticos a alumnos de Derecho, lacerante y descorazonador, ocurrencia...'
Mazón ha requerido el pasado martes a la Secretaría del TSJ para que le remita copia de la querella de la Fiscalía Superior por esas presuntas irregularidades en las obras del Auditorio lumbrerense, del auto de inadmisión de esa querella, del recurso presentado por el fiscal superior y del auto definitivo confirmando la remisión de las actuaciones a un juzgado de Lorca porque las necesita para hacer valer su derecho a ejercer la acción penal contra los magistrados en la Audiencia Nacional.
El famoso letrado piensa que la conducta de los tres magistrados objeto de su querella, si antes 'Manos Límpias' no ejercita acción penal contra ellos en defensa del interés social, constituye una puesta a disposición y al servicio de Ramón Luis Valcárcel y sus intereses políticos por su parte, así como de su 'delfín' no imputado en consecuencia. Para Mazón se da 'un grave quebranto de los deberes profesionales de los referidos autores a las aludidas resoluciones' por la decisión de mandar el asunto a Lorca, y deja al descubierto la existencia de una clandestina 'servidumbre de paso' de la Sala de lo Civil y de lo Penal 'en favor de Valcárcel'.
Es intención de Mazón, en consecuencia, solicitar el examen de la responsabilidad de los tres aludidos magistrados, por posible prevaricación, contra el derecho y la independencia de la Justicia.
En esa línea iba la critica profesional del magistrado Abadía al sustentar su voto particular, además, atribuyendo a sus compañeros Moya, Pascual del Riquelme y Quiñonero el haber actuado con 'una bisoñez jurídica extrema y originar el despeñamiento de todas las normas sobre competencia penal', además de haber dejado al fiscal 'sin su referencia, que es la Ley', y haber 'afectado al Estado de Derecho'.
Manuel Abadía, sin albergar la más mínima duda, se ha pronunciado de manera firme en dos ocasiones consecutivas en el mismo sentido de razonar que la Sala de lo Civil y Penal del TSJ era la competente para instruir la querella de la Fiscalía contra Pedro Antonio Sánchez por los presuntos delitos de fraude, falsificación, malversación y prevaricación por las supuestas irregularidades cometidas en la adjudicación, construcción y recepción de las obras inconclusas del Auditorio siendo alcalde de Puerto Lumbreras.
También la Fiscalía del TSJ estudia si existe posibilidad de acudir al Tribunal Supremo para tratar de revocar el insólito acuerdo de la Sala de lo Civil y Penal de mandar el asunto a reparto entre los juzgados de Lorca. En su recurso ya señalaba López Bernal, fiscal superior, que 'la confirmación del auto recurrido, dado lo irrazonable de la argumentación, supondría, dicho sea en términos de defensa de la legalidad propia del ministerio fiscal, la ratificación consciente y voluntaria de una resolución situada extramuros de cualquier razonamiento admisible jurídicamente'.
P.D.) Mientras parece que, por amistad manifiesta, otro magistrado del TSJ (?) pudiera estar actuando como asesor jurídico penal en la sombra del ahora eurodiputado Ramón Luis Valcárcel, bastante preocupado por lo que pueda afectarle todo ésto y lo suyo propio en manos aún del magistrado Abadía, en Bruselas se le investiga a instancias del presidente del Parlamento Europeo, el socialdemócrata Schultz, para ver si en su actual situación procesal de preimputado puede continuar en la Mesa como vicepresidente 17.
Tanto 'Podemos' como 'Izquierda Unitaria Europea' le han pedido al alemán que compruebe si son compatibles ambas situaciones de un Valcárcel en fase de abandono por parte del candidato Sánchez, ahora en fase de mayor cordialidad con Garre.
Queda a salvo de esta acción el magistrado Manuel Abadía en base a sus votos particulares contra resoluciones que el letrado considera claramente prevaricadoras por decidir no asumir la investigación judicial sobre lo denunciado por la Fiscalía sobre la resolución del procedimiento administrativo sobre el Auditorio de Puerto Lumbreras siendo alcalde Pedro Antonio Sánchez, del PP. Pero aparte de los citados magistrados, el teórico beneficiado de la presunta prevaricación, el consejero y ex alcalde, también se va a ver querellado por el letrado que preside la elocuente asociación 'Preeminencia del Derecho'.
La decisión de la Sala de no asumir la querella presentada por la Fiscalía contra el exalcalde de Puerto Lumbreras, consejero de Educación y candidato del PP a la presidencia de la Comunidad Autónoma, y mandarla a Lorca para que se investigue en un juzgado ordinario con jurisdicción sobre aquel municipio regido en su día por Sánchez, es lo que motiva estas acciones penales contra la propia magistratura abdicante con razonamientos jurídicos muy poco consistentes y menos coherentes, según coinciden diversos miembros de la Magistratura en Murcia.
En el caso de Diego de Ramón, parece que se va a adherir a una de las otras dos aunque fuentes de su bufete indican que, de hacerlo, será a la de 'Manos Límpias'. Pero por lo que respecta a Mazón todo parece indicar que responde a una acción responsable y por propia iniciativa en su calidad de presidente de 'Preeminencia del Derecho' al trascender que la decisión se toma obviando el técnicamente perfecto informe del fiscal superior, Manuel López Bernal, y sin tener en cuenta el voto particular contrario del magistrado Abadía al considerar que la Sala del TSJ era la competente para instruir diligencias contra el candidato del PP y criticar con excepcional e inusitada dureza a sus compañeros 'por dañar el Estado de Derecho'.
Este magistrado ha denunciado días atrás 'la incongruencia procesal, antitéticos y contradictorios pronunciamientos, desconocimiento de lo que significa la propia competencia de la Sala, confundir lo más elemental del Derecho Procesal, negar la evidencia, resolución carente de anclaje jurídico alguno, exangüe y desprovista de cobertura jurídica alguna, estéril, inaplicable, sin el mínimo rigor científico y jurídico, planteamiento de supuestos procesales más propios de un temario de oposiciones o de casos prácticos a alumnos de Derecho, lacerante y descorazonador, ocurrencia...'
Mazón ha requerido el pasado martes a la Secretaría del TSJ para que le remita copia de la querella de la Fiscalía Superior por esas presuntas irregularidades en las obras del Auditorio lumbrerense, del auto de inadmisión de esa querella, del recurso presentado por el fiscal superior y del auto definitivo confirmando la remisión de las actuaciones a un juzgado de Lorca porque las necesita para hacer valer su derecho a ejercer la acción penal contra los magistrados en la Audiencia Nacional.
El famoso letrado piensa que la conducta de los tres magistrados objeto de su querella, si antes 'Manos Límpias' no ejercita acción penal contra ellos en defensa del interés social, constituye una puesta a disposición y al servicio de Ramón Luis Valcárcel y sus intereses políticos por su parte, así como de su 'delfín' no imputado en consecuencia. Para Mazón se da 'un grave quebranto de los deberes profesionales de los referidos autores a las aludidas resoluciones' por la decisión de mandar el asunto a Lorca, y deja al descubierto la existencia de una clandestina 'servidumbre de paso' de la Sala de lo Civil y de lo Penal 'en favor de Valcárcel'.
Es intención de Mazón, en consecuencia, solicitar el examen de la responsabilidad de los tres aludidos magistrados, por posible prevaricación, contra el derecho y la independencia de la Justicia.
En esa línea iba la critica profesional del magistrado Abadía al sustentar su voto particular, además, atribuyendo a sus compañeros Moya, Pascual del Riquelme y Quiñonero el haber actuado con 'una bisoñez jurídica extrema y originar el despeñamiento de todas las normas sobre competencia penal', además de haber dejado al fiscal 'sin su referencia, que es la Ley', y haber 'afectado al Estado de Derecho'.
Manuel Abadía, sin albergar la más mínima duda, se ha pronunciado de manera firme en dos ocasiones consecutivas en el mismo sentido de razonar que la Sala de lo Civil y Penal del TSJ era la competente para instruir la querella de la Fiscalía contra Pedro Antonio Sánchez por los presuntos delitos de fraude, falsificación, malversación y prevaricación por las supuestas irregularidades cometidas en la adjudicación, construcción y recepción de las obras inconclusas del Auditorio siendo alcalde de Puerto Lumbreras.
También la Fiscalía del TSJ estudia si existe posibilidad de acudir al Tribunal Supremo para tratar de revocar el insólito acuerdo de la Sala de lo Civil y Penal de mandar el asunto a reparto entre los juzgados de Lorca. En su recurso ya señalaba López Bernal, fiscal superior, que 'la confirmación del auto recurrido, dado lo irrazonable de la argumentación, supondría, dicho sea en términos de defensa de la legalidad propia del ministerio fiscal, la ratificación consciente y voluntaria de una resolución situada extramuros de cualquier razonamiento admisible jurídicamente'.
P.D.) Mientras parece que, por amistad manifiesta, otro magistrado del TSJ (?) pudiera estar actuando como asesor jurídico penal en la sombra del ahora eurodiputado Ramón Luis Valcárcel, bastante preocupado por lo que pueda afectarle todo ésto y lo suyo propio en manos aún del magistrado Abadía, en Bruselas se le investiga a instancias del presidente del Parlamento Europeo, el socialdemócrata Schultz, para ver si en su actual situación procesal de preimputado puede continuar en la Mesa como vicepresidente 17.
Tanto 'Podemos' como 'Izquierda Unitaria Europea' le han pedido al alemán que compruebe si son compatibles ambas situaciones de un Valcárcel en fase de abandono por parte del candidato Sánchez, ahora en fase de mayor cordialidad con Garre.
7 comentarios:
Pues para los que somos juristas, y al mismo tiempo ciudadanos de a pie, es una alegría que haya compañeros con la experiencia, valentía, y visión de lo adecuado, que han decidido tirar para adelante y querellarse contra quien desde hace tiempo ha dado la impresión de no están aplicando la ley como es debido. Mi felicitación a Diego de Ramón, Mazón, y Manos limpias.
El magistrado Abadía y el fiscal Bernal tienen mucho más respaldo en la judicatura murciana de lo que se pueda pensar en un principio mientras al juez Pascual de Riquelme se le ve un juez politizado y al profesor Quiñonero un estómago agradecido a quien lo coló el PP por la puerta falsa del TSJ
¡Vaya vergüenza de nuevo TSJ!
Por poco vende su honor profesional Pascual del Riquelme a mitad de su carrera judicial
¿Qué ha sido del fiscal Campos, en su día otro asesor penal de Valcárcel en la sombra?
Todo el mundo piensa y sabe de que magistrado estamos hablando como supuesto asesor jurídico del ex presidente Ramón Luis Valcárcel. Presume de leer 'El País' desde el primer día y de no ser de derechas.
Lo de MANOS LIMPIAS viene rumoreándose por los despachos de la Comunidad Autónoma desde la semana pasada y cada vez con más fuerza.
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