CARTAGENA.- El PSRM se ha sumado a los rechazos que en las organizaciones
ecologistas ha suscitado el Proyecto de Ley de Prevención y Protección
Ambiental. El responsable de Medio Ambiente del PSRM, Enrique Ayuso, la
califica de «paso atrás en la defensa del medio ambiente», y critica que
«carece de consenso, y no cuenta con los informes técnicos y jurídicos
necesarios».
En opinión de Ayuso, «el PP quiere aprobar esta ley de forma urgente,
saltándose todos los trámites que garantizarían la transparencia y
participación imprescindible». Por ello, recuerda que la nueva ley se ha
presentado en la Asamblea «a pocas semanas de su disolución, sin
haberse realizado una exposición pública a los agentes sociales
interesados, y sin contar con los informes de las consejerías implicadas
ni del Consejo Económico y Social ni el Consejo Jurídico».
Tampoco, destaca, ha sido debatida en el Consejo Asesor Regional de
Medio Ambiente, dejando así este importante organismo fuera de un debate
tan trascendente. «Todo parece indicar que el PP sabe que es ahora o
nunca, y que su ley es inasumible; por eso, quiere saltarse todas las
garantías para aprobarla en el último minuto y por la puerta de atrás».
A
este respecto, el PSOE se ha comprometido a esta legislación a partir
del próximo mayo, «en el que esperamos tener el apoyo social necesario
para formar un nuevo gobierno y realizar una nueva ley con todos las
garantías técnicas y jurídicas, y el máximo consenso de todos los
implicados».
El responsable de Medio Ambiente de los socialistas murcianos apoya,
asimismo, la reivindicación de la Asociación No Más Ruidos, que se opone
a la supresión de la «licencia previa» en el sector hostelero regional
incluida en esta nueva ley; ya que se pone en riesgo la salud y la
seguridad pública de la ciudadanía al eliminar, a partir de ahora, las
garantías que proporciona la licencia.
Para el Partido Socialista, es posible agilizar los trámites a las
empresas hosteleras para acelerar al máximo su instalación, pero sin
renunciar a las previas garantías de salud y seguridad para las personas
ni a los controles que permiten a este sector económico combatir el
intrusismo profesional.
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