MAZARRÓN.- El Juzgado de Instrucción nº 2 de Totana ha admitido a trámite la
denuncia presentada por la Fiscalía, dirigida contra el actual alcalde
de Mazarrón, el socialista Francisco García, y el exregidor, Ginés Campillo, además de
otros miembros de la Junta de Gobierno, como los concejales Isidro Coy,
Andrés Valera y Juan Miguel Muñoz, y un empresario. El juez les atribuye un presunto delito de
prevaricación administrativa y ya les ha llamado a declarar en calidad
de imputados.
La Fiscalía Superior de la Región presentó hace un mes la denuncia,
que ahora ha comenzado a ser tramitada con la apertura de diligencias
previas, por un supuesto favorecimiento ilegal de un escogido grupo de
empresarios locales.
La denuncia
fue interpuesta después de una investigación
que se ha prolongado durante casi un año por la Unidad de Policía Judicial de la Comandancia de la
Guardia Civil de Murcia.
Un grupo de agentes, especializados en la
persecución de los delitos urbanísticos y de corrupción, ha venido
trabajando durante meses para desentrañar esta presunta trama de
favorecimiento de empresas en Mazarrón.
El fruto de esas gestiones está recogido en un voluminoso y detallado
atestado, en el que se relatarían las supuestas vinculaciones
personales y políticas que miembros del equipo de gobierno mazarronero
mantienen con algunos adjudicatarios de contratos municipales. Estos
informes constituyen la base de la denuncia de la Fiscalía Superior y
estarían aportados entre la documentación remitida al juzgado, según 'La Verdad'.
El origen de la investigación hay que buscarlo en la denuncia
presentada en la Fiscalía por Diego Jiménez, quien en junio de 2012 optó
a la adjudicación de un contrato público y cuya oferta fue rechazada de
manera supuestamente irregular. En concreto, el afectado informó al
fiscal de que el Ayuntamiento se había dispuesto a adjudicar, a través
de un procedimiento negociado sin publicidad, la 'Programación,
contratación, desarrollo y seguimiento de los festejos' de Mazarrón, por
un importe global de 69.030 euros.
Relató que el Consistorio -presidido en aquel momento por Ginés
Campillo, del partido independiente UIDM- contactó con tal motivo con
José Baltasar N.S., quien en ese momento ejercía como tesorero de UIDM, y
con otras dos empresas desconocidas de Fuente Álamo y Valencia, con el
objetivo de que presentaran ofertas.
A su vez, y aunque no había sido
llamado a participar, el denunciante presentó su propia oferta, que en
apariencia fue de 1.404 euros anuales más barata que la presentada por
José Baltasar N.S.
Tras un año de investigación en la Fiscalía, es ahora el juzgado de
Totana el que ha iniciado diligencias para el esclarecimiento de los hechos.
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