CARTAGENA.- La alcaldesa de Cartagena, Pilar Barreiro, ha afirmado que avala y
defiende "la legalidad de todo el trámite de todos los que han
participado en él", en referencia al proyecto Novo Carthago, que se
encuentra bajo investigación judicial.
"Llevo meses defendiendo la auténtica legalidad de todo trámite
administrativo de esta modificación puntual", ha dicho Barreiro.
Por ello, se ha vuelto a reiterar en
su declaración como imputada la pasada semana en el Tribunal Supremo.
"En el Supremo defendí la legalidad y el rigor con que este Ayuntamiento
hace las cosas", ha insistido Barreiro.
"Defiendo el trabajo de
los técnicos y políticos", añade, al tiempo que ha dejado claro que el
Ayuntamiento "ha sido escrupuloso, legal y riguroso en toda la
tramitación de este expediente".
Sobre el exconcejal Agustín
Guillén, ha recordado que "ha sido un magnífico concejal, un estupendo
amigo y una mejor persona y lo que tenga que aclarar con él lo
aclararé".
En su declaración ante el magistrado del Supremo, José
Ramón Soriano, defendió que la tramitación del proyecto urbanístico se
hizo "de acuerdo a la Ley y por mayoría de la Corporación", por lo que
rechaza que se la pueda acusar de un delito de prevaricación
administrativa.
En esta causa se investiga una presunta trama de
corrupción urbanística relacionada con la construcción del resort 'Novo
Carthago', que consistía en la construcción de hoteles y más de 10.000
viviendas en una zona que estaba calificada como de especial protección
para el Mar Menor y donde una parte de los terrenos eran LIC, ZEPA y
ZEPIN y por otra parte como no urbanizable de protección del trasvase
(NUPT).
En la exposición elevada al alto tribunal, el magistrado
concretaba los indicios racionales de criminalidad contra Barreiro por
un delito de prevaricación.
Sobre esta
causa, el magistrado instructor acordó dar al ex presidente del
Gobierno regional y vicepresidente del Parlamento Europeo, Ramón Luis
Valcárcel, "la facultad de asumir la condición de parte, tomar
conocimiento de todas las actuaciones, y declarar voluntariamente como
imputado por los supuestos delitos de prevaricación y cohecho ante este
Magistrado Instructor".
Asimismo, acordó citar como imputados por
un supuesto delito de cohecho a una de las hijas de Valcárcel, R.V.C.; a
su yerno F.P.J.; a su cuñado J.F.C.A.; así como a J.S.C. y J.A.M.G..
En
estas diligencias se recoge, además, la imputación del actual delegado
del Gobierno, Joaquín Bascuñana, por un presunto delito de
prevaricación, investigado porque, en su condición de consejero de Obras
Públicas y Urbanismo en 2005, "firmó la aprobación definitiva de la
Modificación Puntual del PGOU de Cartagena en San Ginés de la Jara".
Además,
están imputados el que fuera delegado y consejero del Gobierno
regional, Francisco Marqués, por delitos de cohecho, prevaricación y
tráfico de influencias; y también se encuentra imputado el exconsejero
de Agricultura y Agua, Antonio Cerdá, desde que el pasado mes de julio
se decidieran abrir diligencias para investigar su actuación en este
asunto por los presuntos delitos de prevaricación, ordenación del
territorio y del medio ambiente, y tráfico de influencias.
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