MURCIA.- El Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM) publicó ayer viernes el
acuerdo del Consejo de Gobierno que aprueba la Guía Metodológica para
elaborar la memoria de análisis de impacto normativo, recientemente
aprobada por el Ejecutivo regional, según han informado fuentes del
Gobierno regional en un comunicado.
Esto supone que la Administración Regional se obliga a presentar,
junto a cada proyecto normativo que realice, un informe que justifique
la necesidad de esa disposición, así como el impacto que ésta tendrá
tanto en el conjunto de la sociedad como en la propia Administración.
Según
el director general de la Función Pública y Calidad de los Servicios,
Enrique Gallego, "esto hará que los centros impulsores de normas deban
identificar el problema público que quieran resolver y cuál es la mejor
opción para solucionarlo o alcanzar los resultados deseados, así como la
necesidad de coordinar las distintas actuaciones y políticas públicas".
De
esta forma, añadió Gallego, la Guía "servirá a los centros
administrativos para desarrollar una evaluación previa de los efectos
que la aprobación de una norma pudiera tener".
Y es que, la Ley
2/2014, de 21 de marzo, de Proyectos Estratégicos, Simplificación
Administrativa y Evaluación de los Servicios Públicos de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, introduce la Memoria de Análisis de
Impacto Normativo, uno de los puntos que forman parte de la Guía
Metodológica.
Esta Memoria se configura como un documento en el
que se han de recoger todos los informes que se consideran necesarios
para una mejor comprensión y entendimiento de los proyectos normativos.
Así,
explicó Gallego, se debe plantear la necesidad o no de introducir un
determinado trámite o la obligación de aportar algunos documentos, lo
que se traducirá en "procedimientos más sencillos y, por tanto, supondrá
una reducción de costes para los ciudadanos y empresas al limitar y
minorar la carga administrativa que deban soportar".
La Memoria
contiene ocho apartados en los que se han de examinar diversos aspectos.
Así, por ejemplo, será necesario que se analice la identificación de la
reducción de cargas que se van a conseguir con la norma y el impacto
presupuestario en costes de personal o de cualquier tipo, presentes o
futuros, lo que reportará una mejor utilización de los recursos
públicos.
Otros de los apartados están relacionados con los
efectos en el empleo, los precios de productos y servicios, así como las
consecuencias en la productividad de los trabajadores y empresas y sus
efectos sobre la innovación.
La norma también se analizará desde
el punto de vista de los consumidores e incluirá un informe de impacto
por razón de género, en el que se detallarán los efectos de su
aplicación para los hombres y las mujeres destinatarias.
Al hilo,
el director general indicó que "este Análisis de Impacto Normativo es
una herramienta útil para mejorar la regulación, ya que en él se
sistematizará y ordenará la información relevante. Esto servirá para
valorar el impacto en cualquier ámbito de una iniciativa normativa y
ayudará así a la toma de decisiones".
Finalmente, la Guía deja
abierta la posibilidad de efectuar un análisis de diversos impactos,
especialmente los relativos a los ámbitos medioambiental, social, de
salud, o de igualdad de oportunidades y no discriminación, y de
accesibilidad de las personas con discapacidad.
No hay comentarios:
Publicar un comentario