MADRID/MURCIA.- El Tribunal Supremo ha citado a declarar como imputada a la alcaldesa
de Cartagena, Pilar Barreiro, por su presunta participación en el
llamado 'caso Novo Carthago', que investiga una supuesta trama de
corrupción urbanística. Barreiro deberá declarar el 5 de marzo en su condición de aforada, como diputada nacional del PP. No
obstante, el Tribunal Supremo no especifica en el auto notificado
este lunes el delito por el cual ha sido citada.
Cinco magistrados de la Sala Segunda o de lo Penal, Cándido
Conde-Pumpido Tourón como ponente, además de Manuel Marchena, Joaquín
Giménez, Alberto Jorge Barreiro y Antonio del Moral, han apreciado la
existencia de indicios delictivos suficientes como para encausar a
Barreiro por su participación en la recalificación supuestamente ilegal
de los terrenos de Novo Carthago, a orillas del Mar Menor, en los que la
promotora Hansa Urbana iba a construir una macrourbanización. Como
magistrado instructor ha sido designado José Ramón Soriano Soriano.
El Alto Tribunal asume de esta forma la tesis del magistrado de la
Sala de lo Civil y de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ)
de Murcia, Manuel Abadía, quien el pasado octubre decidió remitir una exposición razonada al Supremo por considerar que existían datos
incriminatorios suficientes como para imputar a la alcaldesa cartagenera y
que, por disfrutar ésta de un fuero especial como diputada a Cortes, el órgano
competente no era otro que el TS. En la misma línea se pronunció la
Fiscalía del Supremo el pasado mes de noviembre.
El Supremo se centra, como ya señaló en un auto el pasado 26 de
enero, "en la anómala tramitación en la Comunidad Autónoma de Murcia
del reinicio del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) del
Mar Menor. Una modificación legislativa que arranca "con la firma por
el consejero Antonio Cerdá del reinicio de ese PORN, tramitado previa
propuesta del director general Carlos Brugarolas, sin contar con los
informes de los técnicos del Servicio de Protección de la Naturaleza y
encomendando la tramitación a una asesora provisional, María Antonieta
Fernández Cano". Una decisión administrativa que permitió que zonas de
Novo Carthago destinadas a la agricultura intensiva pudieran acoger un
campo de golf y un área recretativa.
A su vez, el Ayuntamiento de Cartagena inició de oficio la
Modificación Puntual nº 113 del PGOU, "con el único fin de favorecer a
Hansa Urbana", que pretendía levantar 10.000 viviendas en una zona de
especial protección medioambiental.
El tribunal considera que la aprobación de esa modificación
urbanística, que el instructor Abadía y el fiscal consideran ilegal, fue
"promovida por la alcaldesa, que es la aforada ante esta Sala".
Una
razón suficiente para que el TS haya asumido la investigación contra
Barreiro, sobre la que ya advierte que "deberá ser oída, manifestando lo
que estime procedente para su defensa".
Interventor suspendido
El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha comunicado, por su parte, al Ayuntamiento de Torre Pacheco la suspensión provisional del interventor municipal Miguel Pérez, tras ser condenado el pasado mes de julio por un juez a la pena de inhabilitación especial por seis años y seis meses, con privación definitiva del cargo de interventor.
Tras la sentencia, Miguel Pérez siguió ejerciendo como interventor municipal a la espera del recurso presentado ante el Tribunal Supremo. Ahora ha anunciado que recurrirá también la decisión del Ministerio aunque mientras tanto el Ayuntamiento contará con un interventor accidental.
Por otra parte, la Fiscalía de Murcia no se ha pronunciado sobre la documentación que requirió hace más de un año al Ayuntamiento de Lorca sobre 17 convenios urbanísticos para recalificar con uso residencial suelo inadecuado para desarrollo urbano que el consistorio suscribió en 2005, cuando gobernaba el PSOE, y que no han llegado a ejecutarse.
El 5 de diciembre de 2013 el fiscal superior, Manuel López Bernal, reclamó al alcalde que le remitiera «a la mayor brevedad testimonio de toda la documentación relativa a los 17 convenios urbanísticos firmados en zonas no susceptibles de urbanización».
Los convenios pretendían recalificar suelo no urbanizable para construir en él complejos residenciales en distintos puntos de la geografía municipal con un total de 87.000 viviendas en las pedanías de Zarcilla de Ramos, Avilés, La Tova, Almendricos, Purias, La Escucha, Río, Ramonete, La Paca e Hinojar.
Interventor suspendido
El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha comunicado, por su parte, al Ayuntamiento de Torre Pacheco la suspensión provisional del interventor municipal Miguel Pérez, tras ser condenado el pasado mes de julio por un juez a la pena de inhabilitación especial por seis años y seis meses, con privación definitiva del cargo de interventor.
Tras la sentencia, Miguel Pérez siguió ejerciendo como interventor municipal a la espera del recurso presentado ante el Tribunal Supremo. Ahora ha anunciado que recurrirá también la decisión del Ministerio aunque mientras tanto el Ayuntamiento contará con un interventor accidental.
Por otra parte, la Fiscalía de Murcia no se ha pronunciado sobre la documentación que requirió hace más de un año al Ayuntamiento de Lorca sobre 17 convenios urbanísticos para recalificar con uso residencial suelo inadecuado para desarrollo urbano que el consistorio suscribió en 2005, cuando gobernaba el PSOE, y que no han llegado a ejecutarse.
El 5 de diciembre de 2013 el fiscal superior, Manuel López Bernal, reclamó al alcalde que le remitiera «a la mayor brevedad testimonio de toda la documentación relativa a los 17 convenios urbanísticos firmados en zonas no susceptibles de urbanización».
Los convenios pretendían recalificar suelo no urbanizable para construir en él complejos residenciales en distintos puntos de la geografía municipal con un total de 87.000 viviendas en las pedanías de Zarcilla de Ramos, Avilés, La Tova, Almendricos, Purias, La Escucha, Río, Ramonete, La Paca e Hinojar.
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