MURCIA.- IU-Verdes de Murcia consideró este martes que la petición del fiscal
encargado del caso de la escuela infantil La Paz, cuyo derribo investiga el
Juzgado de Instrucción nº 1 de Murcia, de imputar al alcalde, Miguel
Ángel Cámara, «es la única conclusión posible tras el desaguisado
monumental que se urdió para llevar a cabo esta actuación absolutamente
irregular».
Para el concejal de la formación de izquierdas en el consistorio
murciano, José Ignacio Tornel, «hay hechos» en este proceso que son
«incontestables», como «la inexistencia de informes que argumenten el
traslado y derribo del centro educativo y la celeridad con la que se
produjeron los hechos».
«De hecho, es imposible que ningún funcionario
público en su sano juicio pudiera rubricar un informe en ese sentido,
avalando una ilegalidad manifiesta» añadió Tornel.
Por otra parte, el edil insisitó en que «no existe una orden escrita
asumida por nadie, ni nadie de los llamados a declarar recuerda de donde
partió la orden de derribo del edificio ni quien la rubricó, salvo uno
de ellos, que señala que la orden vino directamente de Alcaldía».
Tornel (en la imagen) se preguntó «quién podría, con una orden o autorización
meramente verbal, dar paso a la destrucción de un bien patrimonial del
Ayuntamiento, eludiendo todos los procedimientos legales y formales» y
«cómo es posible que el alcalde de Murcia no haya tomado él mismo la
iniciativa de investigar los hechos denunciados, de los que es
responsable en última instancia».
Asimismo, el concejal de IU-Verdes recordó que «desde el primer
momento Izquierda Unida-Verdes denunció la completa arbitrariedad de los
criterios y del procedimiento seguidos en esta actuación, ajenos al
sentido de la política como servicio a los trabajadores de esta ciudad».
«Privar a los vecinos de La Paz de un centro de interés levantado por
ellos mismos en su barrio y dificultar aún más a las familias
trabajadoras su derecho a la protección y a la educación de sus hijos es
el gran mérito del PP y de Miguel Ángel Cámara, y todo bajo las
directrices de negocio privado de un empresario cuyo único interés era
vaciar el barrio y convertirlo en su mina de oro particular», concluyó.
Por último, Izquierda Unida-Verdes expresó su respeto por el proceso judicial y por las garantías de todos los implicados.
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