Citarán a declarar al empleado de la agencia que organizó el viaje de bodas de la hija de Valcárcel

MURCIA.- Manuel Abadía, el magistrado de la Sala del TSJ que instruye el caso Novo Carthago, sobre presunta corrupción urbanística en terrenos protegidos próximos al Mar Menor, citará a declarar en los próximos días al empleado de la agencia que organizó el viaje de bodas de Rosario, la hija del expresidente de la Comunidad Ramón Luis Valcárcel, y de su esposo, el cual se celebró en octubre de 2007.

Esta citación para que declare como testigo, tiene por objeto contrastar lo declarado ayer por el yerno de Valcárcel, Fulgencio Perán Jiménez, quien al declarar igualmente en esa condición aseguró que el viaje de novios a Australia y a Nueva Zelanda lo organizó el empleado de una agencia, del que facilitó solo su nombre de pila.

Igualmente, el instructor tratará de aclarar el coste del viaje, la forma de pago y quién hizo el abono, ya que, durante el interrogatorio al que fue sometido, Fulgencio Perán manifestó que no recordaba el coste, ni cómo se pagó, aunque añadió que lo que sí recordaba es que lo abonó él.

Para los próximos días será citado igualmente el responsable de una consultoría con sede en Jerez (Cádiz), que ayer no pudo acudir al TSJ porque, debido a la premura con que fue citado, no le había resultado posible comparecer.

El instructor, según las mismas fuentes, trata de esclarecer con el interrogatorio al que será sometido si el trabajo que ofreció a la hija de Valcárcel durante dos años fue debido a la relación entre la consultoría y la empresa Hansa Urbana, la sociedad que promovía la urbanización junto al Mar Menor y que está en el origen de estas actuaciones judiciales, que se tramitan por un presunto delito de prevaricación administrativa que se habría cometido al modificar el plan general de ordenación urbana para hacerla viable.

A la declaración de ayer en la sede del TSJ -inusual, por tratarse de un día festivo- acudieron los letrados de varios de los imputados y el de la acusación particular, no así el fiscal, cuya ausencia sorprendió a los asistentes.

También a una ex asesora de Cerdá

El magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Murcia que instruye el 'caso Novo Carthago' de presunta corrupción urbanística ha citado a las 19:30 horas del próximo jueves a María Antonieta Fernández, exasesora jurídica del consejero de Agricultura, Antonio Cerdá, por un presunto delito de cohecho.
En un auto dictado este lunes, el magistrado Manuel Abadía señala que esta imputada "fue la funcionaria que Cerdá se llevó a la Consejería como asesora jurídica eventual y la que se encargó en junio de 2003 del reinicio del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales" del Mar Menor.
Añade que Fernández ingresó en sus cuentas bancarias entre 2002 y 2011 más de 177.000 euros, que considera necesario investigar por si procedieran de fondos recibidos por su actuación "para calificar como urbanizable un paraje natural protegido", donde se proyectaba la urbanización Novo Carthago de viviendas, hoteles y campos de golf que está en el origen de esta causa.
Por otra parte, el juez ha dado un plazo improrrogable de 10 días, con la advertencia de que pueden incurrir en un delito de desobediencia, a los bancos en los que otros cinco imputados en esta causa, entre ellos, el delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Joaquín Bascuñana, tienen cuentas abiertas.
Abadía les recuerda que este es el segundo requerimiento que les hace, al no haber atendido el anterior, por lo que les advierte de las consecuencias que puede acarrearles no entregar los datos bancarios que les solicita.
Finalmente, el instructor cita también para el próximo jueves a las 18:45 horas a Javier M., empresario de Jerez de la Frontera (Cádiz) en cuya firma trabajó dos años una hija del expresidente murciano Ramón Luis Valcárcel, vicepresidente del Parlamento Europeo. La investigación sobre este extremo se debe a que la empresa de consultoría de Javier M. prestó sus servicios a la firma Hansa Urbana, promotora inmobiliaria de Caja Mediterráneo que impulsaba el proyecto.
Este testigo es el que estaba citado para prestar declaración este domingo, pero pidió un aplazamiento al alegar que tenía que consultar su documentación y que no había tenido tiempo suficiente para ello.
El magistrado indica que el testimonio de este testigo es "indispensable y absolutamente necesario" para el esclarecimiento del delito que se persigue, la presunta prevaricación cometida en torno al proyecto urbanístico, que implicó la modificación de las normas urbanísticas para permitir su desarrollo en terrenos próximos al Mar Menor, que gozaban de protección medioambiental.