MURCIA.- La juez que investiga los supuestos enterramientos de basura ilegales en
suelo rústico en la pedanía oriolana de La Murada, junto al vertedero
de Abanilla, ha dictado auto de procedimiento abreviado contra siete
personas y cinco empresas por un presunto delito contra el medio ambiente y
los recursos naturales.
Esta investigación es una de las piezas
separadas del denominado caso Brugal, y entre los imputados figuran el
industrial oriolano Ángel Fenoll, su hijo Antonio Ángel y el exconcejal
del PP de Albatera Francisco Javier Bru. Entre las empresas contra las
que se dirige este auto, dictado el pasado 4 de febrero por la titular
del juzgado de instrucción nº 3 de Orihuela, está
la empresa de Fenoll, Proambiente SL.
La juez instructora, Rosa María Villegas, cree que las siete personas implicadas en esta causa «coordinaron» a diversos transportistas para que «vertiesen la basura destinada a la planta de Proambiente en diversas fincas del término municipal de Orihuela» durante años, algunas de las cuales pertenecen a varias de las empresas implicadas.
La juez instructora, Rosa María Villegas, cree que las siete personas implicadas en esta causa «coordinaron» a diversos transportistas para que «vertiesen la basura destinada a la planta de Proambiente en diversas fincas del término municipal de Orihuela» durante años, algunas de las cuales pertenecen a varias de las empresas implicadas.
El auto también refleja que, al
parecer, los responsables «vertían en los terrenos sin selección previa
y, posteriormente, se cubría con tierra que se aplastaba con
maquinaria», lo que ha provocado una «gran afección sobre el territorio y
sobre los elementos y procesos naturales que tienen lugar en el
entorno».
Estos enterramientos supuestamente ilegales pueden originar un
«alto riesgo de contaminación de las aguas subterráneas, las superficiales
y acuíferos», así como provocar «emisiones de gases y fenómenos de
combustión».
Para la jueza, existe un «daño medioambiental» cuya
remisión requiere que el terreno sea sometido a un «complejo proceso de
restauración con la retirada de residuos, remodelación de taludes
generados, relleno de huecos con material inerte seleccionado y
restauración de cubierta vegetal, entre otros».
La concejalía de
Medio Ambiente de Orihuela denunció estos hechos en 2011 con el fin de
que se investigase la procedencia de estos enterramientos de basura
supuestamente ilegales en diferentes parcelas de La Murada.
Contra la
decisión de incoar procedimiento abreviado cabe interponer un recurso de
reforma ante este juzgado.
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