MURCIA.- La Audiencia Provincial de Murcia tendrá que juzgar a los empresarios
Juan Ferri y José Baldó y a otras ocho personas por un presunto delito
fiscal que habrían cometido al no declarar los beneficios obtenidos con
la venta de la conservera murciana Cofrutos, según ha ordenado el
Tribunal Supremo (TS).
La sentencia del Alto Tribunal estima así el recurso que tanto el
fiscal como la abogacía del Estado presentaron contra el auto de la
Audiencia de diciembre de 2013 que consideró que los hechos
supuestamente delictivos habían prescrito.
Para el TS, la prescripción no se había producido, ya que el plazo de
cinco años se interrumpió cuando un juzgado de instrucción de Benidorm dictó un auto en el que ya se recogían actuaciones concretas
de la administración tributaria y del fiscal que permitían conocer los
hechos y las personas a las que se les atribuían.
Por ello, el TS acuerda devolver las actuaciones al tribunal de
Murcia, el de la sección tercera, "para que proceda a celebrar el acto
del juicio oral".
La fiscalía tiene interesados tres años de prisión para Ferri y Baldó
por la comisión de un delito fiscal que habrían cometido al no declarar
los beneficios reales obtenidos con la venta de la conservera, para lo
que utilizaron una sociedad pantalla.
El ministerio público considera que la venta les proporcionó unas
ganancias de 1,3 millones de euros, cuando en su declaración tributaria
hicieron figurar, presuntamente, una cantidad muy inferior.
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