MURCIA.- El consejero de Fomento, Obras Públicas y Ordenación del
Territorio, Francisco Bernabé, ha destacado que la nueva Ley del Suelo
presentada el pasado 12 de febrero en la Asamblea Regional soporta el 90
por ciento de las peticiones de las reuniones previas con el sector de
la construcción y es una ley "moderna, para el siglo XXI, que conjuga
desarrollo social, ambiental y económico", recogiendo un "amplio
respaldo".
Bernabé, que también es vicesecretario general de
Comunicación, Formación y Nuevas Tecnologías del PP regional, ha hecho
estas declaraciones en una rueda de prensa tras mantener una reunión con
los sectores implicados en dicha normativa.
En concreto, han
estado presentes en el acto, la Asociación de Promotores de la Región de
Murcia, Frecom, Colegio de Arquitectos, Colegio de Aparejadores,
Colegio de Ingenieros de Caminos, Colegio de Ingenieros Técnicos de
Obras Públicas, Colegio de Ingenieros Industriales, Colegio de
Administradores de Fincas, UPCT, UCAM y las principales organizaciones
agrarias. "Con todos estos agentes sociales estamos dialogando para
tener el mejor texto legal posible", ha matizado.
Bernabé ha
explicado que se están manteniendo estos encuentros de trabajo en la
sede del PP con todos agentes vinculados en el sector de la construcción
porque que "tienen especial interés en conocer la nueva Ley del suelo
presentada el pasado día 12 de febrero en la Asamblea Regional".
Una
serie de encuentros previos que, según el consejero de Obras Públicas,
"nos han hecho recoger la sensibilidad de este sector y así poder
realizar los cambios pertinentes en materia urbanística".
En este
sentido, ha señalado Bernabé, se van a mantener nuevos encuentros de
trabajo para comentar el resultado de esta norma y así abrir un nuevo
período de alegaciones que se extenderá unas dos semanas de cara a
seguir mejorando el texto durante la tramitación parlamentaria, "porque
queremos la máxima participación posible en todo lo relacionado con la
nueva ley".
La ley del suelo, ha recordado el dirigente popular,
se caracteriza por "agilizar los trámites y simplificar los
procedimientos, apostando de manera decidida por suprimir al máximo las
licencias y la comunicación previa a la administración".
Dos
aspectos a destacar de la norma son "la gestión de todo lo relacionado
con la ordenación del litoral y con carácter innovador se introduce la
estrategia del paisaje", ha destacado el consejero que "somos la primera
comunidad autónoma que decide implementar el paisaje como un concepto
digno de protección y del mayor de los respetos".
Bernabé ha
remarcado que esta Ley busca "agilizar los trámites, acortar los plazos,
simplificar los procedimientos". Asimismo, apuesta por suprimir "al
máximo" las licencias a través de la declaración responsable de los
técnicos, siempre que se trate de obras menores o licencias de primera
ocupación, sustituyendo el control administrativo previo.
Igualmente,
ha indicado que esta nueva Ley hace que las cuestiones ambientales
"estén desde el primer momento en la toma inicial de decisiones", y todo
ello "unificando en un solo procedimiento lo que hasta ahora eran dos
procedimientos distintos".
Y es que, hasta ahora, había un
procedimiento urbanístico y cuando se terminaba se comenzaba el
procedimiento medioambiental. Ahora, en aras de "simplificar" el
trámite, se unen los dos procedimientos en uno solo y se gestionan
conjuntamente.
El consejero ha señalado que los procedimientos
simplificados van a tener un trámite de cinco meses para llevarlo a
efecto, mientras que los ordinarios, reservados para los planes
generales y los instrumentos de mayor trascendencia, tendrán un trámite
de 12 meses.
Entre los principios inspiradores, Bernabé ha
resaltado el de la "seguridad jurídica", al entender que había que huir
de los "subjetivismos" en la interpretación de la Ley, porque daba lugar
a "mucha inseguridad, muchas faltas de certeza y muchos
pronunciamientos distintos".
También ha subrayado que la nueva Ley
hace hincapié en la coordinación de las administraciones para "evitar
duplicidades", así como la posibilidad de que se pueda adaptar la
coyuntura urbanística a las circunstancias económicas y sociales; así
como una apuesta "decidida" a la transparencia.
Para facilitar el
acceso de los ciudadanos a la información, la nueva Ley contempla la
obligación de la Administración regional y todos los municipios de más
de 5.000 habitantes de emitir un informe anual de seguimiento de la
actividad urbanística en el que se especifiquen claramente todos los
pasos que se han dado.
En segundo lugar, contempla la
obligatoriedad de que la Comunidad y todos los municipios de la Región
empiecen a funcionar con el sistema SitMurcia, que es el sistema de
información geográfica de referencia que, a su vez, está integrado en la
infraestructura de información geográfica de España, mostrando "toda la
documentación oficial, todos los planes oficiales y todas las
modificaciones urbanísticas que se vayan haciendo".
Igualmente, la
Ley pretende aumentar la participación ciudadana con la creación del
Consejo asesor de política territorial, que va a ser un órgano de
carácter participativo entre las administraciones y los diversos agentes
empresariales y profesionales que intervienen.
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