CARTAGENA.- IU-V de Cartagena y Movimiento Ciudadano (MC) denunciaron hoy la
decisión del Gobierno local de ampliar durante 50 años el convenio para
que Puerto de Culturas gestione los principales yacimientos de la
ciudad, algo que consideran una maniobra política para blindar los
cargos de sus responsables.
Los dos partidos emitieron sendos comunicados en los que señalan que
la Junta de Gobierno Local del pasado 22 de diciembre aprobó ampliar la
cesión en la explotación de diversos monumentos de titularidad municipal
(Augusteum, Barrio del Foro Romano, Castillo de la Concepción, etc.) al
consorcio durante otras cinco décadas.
Para IU-V, esa iniciativa es un intento por parte del ejecutivo
municipal de «blindar afinidades políticas y personales ante los
evidentes riegos que tiene el PP de perder el poder en las próximas
elecciones municipales».
Por ello, el portavoz municipal del partido, Cayetano Jaime Moltó,
presentó una moción para pedir que se anule ese acuerdo que, en su
opinión, «extiende la privatización de la explotación» de bienes de
titularidad pública.
Algunos de esos monumentos, señaló el edil, «han requerido
millonarias inversiones para su puesta en valor», y «suponen a la arcas
municipales un esfuerzo inversor y de hacer frente a los gastos de
limpieza, mantenimiento y custodia».
Sin embargo, «no suponen el ingreso, el retorno económico, en dichas
arcas de las cantidades que genera la explotación pública de tales
elementos patrimoniales».
Por otra parte, IU-V recordó que la figura del consorcio de Puerto de
Culturas fue impulsada por la comunidad autónoma, que hacía una
importante aportación económica, pero que se ha suspendido, por lo que
«carece de sentido» mantener esa figura.
También el portavoz de MC, José López, recordó que la comunidad
autónoma no financia el consorcio desde el año 2012, y denunció que la
Junta de Gobierno acordara ampliar el convenio 50 años con la excusa de
adaptarlo a ese nuevo marco sin intervención de la administración
regional.
Para el edil, no se puede poner como justificación un hecho que
ocurrió hace ya dos años para tomar un acuerdo de estas características,
con una ampliación a su juicio «absolutamente inadecuada», a solo
cuatro meses de las elecciones municipales.
En su opinión, la ampliación del convenio es «una maniobra más» de la
alcaldesa de la ciudad y su equipo «para comprometer la labor de
quienes deben sucederla en el Gobierno municipal a partir del mes de
mayo».
Asimismo, advirtió de que se trata de una nueva muestra de que «la
principal preocupación» de la regidora «es dejar todo atado, y bien
atado, para evitar la fiscalización de su actuación y la elección de las
mejores alternativas para Cartagena».
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