miércoles, 14 de enero de 2015

El Sureste español necesitaría una ley de Montes específica, a juicio del ecologista Rubén Vives

MURCIA.- En la Región de Murcia la superficie forestal arbolada abarca algo más de 316.000 hectáreas, la mayoría de distintas variedades de pinos y coníferas; y el 45 por ciento de los usos del suelo son forestales.  La nueva ley de Montes, aprobada el viernes por el Consejo de Ministros, abre la puerta a otra complementaria regional dadas las características.

El mayor desastre ecológico forestal se produjo hace 20 años, cuando hubo un incendio que calcinó 26.320 hectáreas en el Noroeste de la Región y abarcó los municipios de Moratalla, Calasparra y Cieza.
«La ley es innecesaria y contraproducente. Los cambios no suponen mejoras sustanciales para la gestión de los bosques, invaden competencias autonómicas al incorporar regulaciones cinegéticas, entrañan un grave retroceso en la necesaria planificación forestal, y permiten que las comunidades autónomas autoricen la construcción en zonas incendiadas», indican desde Ecologistas en Acción, y añaden que «con esta modificación existe el riesgo de que se vuelvan a provocar incendios para permitir la construcción en zonas quemadas».
Desde el punto de vista regional, Rubén Vives, miembro de Ecologistas en Acción, subraya que «sería necesaria una ley de Montes específica del Sureste, ya que nuestros montes son más de tipo ambiental que productivos para la industria maderera».
«De todas formas, por desgracia, en la Región casi el 50% del territorio es urbanizable, sea o no monte, por lo que esta norma puede afectar sobre todo psicológicamente; lo que, en general, ocurre en todo el Levante», añade Rubén Vives (en la imagen).
Por su parte, desde la dirección general de Medio Ambiente de la comunidad murciana declinaron hacer comentarios sobre la ley, ya que estaban analizándola y estudiando sus posibles implicaciones en la normativa regional.
En materia cinegética, la organización ecologista considera que la ley «invade las competencias autonómicas», al crear licencias multiautonómicas y el registro de infractores de caza y pesca; y llevar a cabo actuaciones sanitarias en especies cinegéticas.
También la organización SEO/Birdlife ha criticado la norma porque «debilita la defensa de la naturaleza y aumenta la inseguridad jurídica».
Además, «huye del interés general y se centra en los usos productivos del monte, relegando las funciones sociales y ambientales de los sistemas forestales».
La titular del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, cuyo departamento ha redactado la ley, ha explicado que el artículo 50, que permite un cambio de uso de suelos incendiados cuando «concurran razones imperiosas de interés público», pretende «disuadir» de fuegos intencionados.
Tejerina, que destacó que 2014 ha sido el año «con menos incendios y menor superficie forestal quemada del último decenio», ha insistido en que este supuesto tendrá que estar recogido en una ley de las comunidades autónomas y que, en todo caso, se deberá reponer el daño causado.
Para la ministra, esta ley creará nuevas figuras que permitirán el aprovechamiento económico y la creación de riqueza y empleo en el medio rural y, al tiempo, acabar con el deterioro del bosque y los abandonos.

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