MURCIA.- En la Región de Murcia la superficie
forestal arbolada abarca algo más de 316.000 hectáreas, la mayoría de
distintas variedades de pinos y coníferas; y el 45 por ciento de los
usos del suelo son forestales.
La nueva ley de Montes, aprobada el viernes por el Consejo de Ministros, abre la puerta a otra complementaria regional dadas las características.
El mayor desastre ecológico
forestal se produjo hace 20 años, cuando hubo un incendio que calcinó
26.320 hectáreas en el Noroeste de la Región y abarcó los municipios de
Moratalla, Calasparra y Cieza.
«La ley es innecesaria y
contraproducente. Los cambios no suponen mejoras sustanciales para la
gestión de los bosques, invaden competencias autonómicas al incorporar
regulaciones cinegéticas, entrañan un grave retroceso en la necesaria
planificación forestal, y permiten que las comunidades autónomas
autoricen la construcción en zonas incendiadas», indican desde
Ecologistas en Acción, y añaden que «con esta modificación existe el
riesgo de que se vuelvan a provocar incendios para permitir la
construcción en zonas quemadas».
Desde el punto de vista regional,
Rubén Vives, miembro de Ecologistas en Acción, subraya que «sería
necesaria una ley de Montes específica del Sureste, ya que nuestros
montes son más de tipo ambiental que productivos para la industria
maderera».
«De todas formas, por desgracia, en la Región casi el
50% del territorio es urbanizable, sea o no monte, por lo que esta norma
puede afectar sobre todo psicológicamente; lo que, en general, ocurre
en todo el Levante», añade Rubén Vives (en la imagen).
Por su parte, desde la
dirección general de Medio Ambiente de la comunidad murciana declinaron
hacer comentarios sobre la ley, ya que estaban analizándola y estudiando
sus posibles implicaciones en la normativa regional.
En materia
cinegética, la organización ecologista considera que la ley «invade las
competencias autonómicas», al crear licencias multiautonómicas y el
registro de infractores de caza y pesca; y llevar a cabo actuaciones
sanitarias en especies cinegéticas.
También la organización
SEO/Birdlife ha criticado la norma porque «debilita la defensa de la
naturaleza y aumenta la inseguridad jurídica».
Además, «huye del
interés general y se centra en los usos productivos del monte, relegando
las funciones sociales y ambientales de los sistemas forestales».
La titular del Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, cuyo departamento ha redactado
la ley, ha explicado que el artículo 50, que permite un cambio de uso de
suelos incendiados cuando «concurran razones imperiosas de interés
público», pretende «disuadir» de fuegos intencionados.
Tejerina,
que destacó que 2014 ha sido el año «con menos incendios y menor
superficie forestal quemada del último decenio», ha insistido en que
este supuesto tendrá que estar recogido en una ley de las comunidades
autónomas y que, en todo caso, se deberá reponer el daño causado.
Para
la ministra, esta ley creará nuevas figuras que permitirán el
aprovechamiento económico y la creación de riqueza y empleo en el medio
rural y, al tiempo, acabar con el deterioro del bosque y los abandonos.
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