martes, 11 de noviembre de 2014

Un auto judicial recoge que la actividad en la empresa 'Halcón Food' es nula y que es insolvente

MURCIA.- El juzgado de lo Mercantil nº 2 de Murcia ha ordenado la liquidación de la empresa Halcón Foods por considerar que su situación «es de paralización total de la actividad», según se lee en el auto emitido por el juez Juan José Hurtado con fecha de 7 de noviembre. 

El juez reconoce que la firma ha solicitado la fase de convenio, pero enfatiza que el cese es absoluto. «Sin trabajador alguno, pues fueron extinguidos sus contratos en fecha 15 de abril de 2014, y con una situación no de insolvencia provisional sino de insolvencia definitiva definitiva, es decir, no existen fondos para abonar ni los créditos», se lee.
No obstante, el magistrado apunta a la posibilidad de venderla para que se reinicie la actividad. De esta forma, «tendrían cabida quizás todas las operaciones que quiere realizar la concursada si bien con patrimonio ajeno, pues ella no tiene».
El mismo juzgado que emite este auto declaró en enero de este año en concurso necesario de acreedores a la empresa de conservas y nombró administrador concursal a José Palazón Tomás. Esto ocurrió después de que un grupo de trabajadores lo pidieran.
Los obreros ya se manifestaron en repetidas ocasiones en 2010, en San Esteban, para pedir responsabilidades al Gobierno por el dinero que había dado la Comunidad y que ellos no llegaron a ver.
Desde que se declarara a la conservera en concurso de acreedores, la actividad ha sido nula dando lugar incluso a que dieciocho millones de botes de conservas empezaran a pudrirse en los almacenes, como informó este diario en agosto.
En el auto, el juez recuerda que el objetivo de los concursos de acreedores es el mantenimiento de la empresa, pero «nada se ha hecho» desde que fuera declarada en concurso en febrero de 2013. 
Asimismo, añade que «el convenio tiene sentido en un escenario de producción de la empresa, no en un escenario de futuribles con condicionantes».

Panorama 'desolador' en la Región por la insuficiente renta básica

MURCIA.- La Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión (EAPN, por sus siglas en inglés) ha pintado hoy un panorama "desolador" en la Región de Murcia por la insuficiente dotación de la partida del Gobierno autonómico para la renta básica de inserción (RBI) y la escasa cuantía de las ayudas disponibles.

En una nota, denuncian que además de haber pasado siete años desde la aprobación de esa ley sin que se haya desarrollado su reglamento, Murcia es la región con la cuantía de la prestación más baja de España, sólo igualada por Ceuta, y está entre las tres con menor tasa de cobertura, junto a Castilla-La Mancha y Extremadura, de 1,3 por cada 1.000 habitantes, frente a los 4,6 de la media nacional.
Por ello, piden que haya dotación económica adecuada de la RBI, que se amplíe la partida presupuestaria para dar respuesta en plazo a todas las solicitudes y que se incremente su cuantía de los 300 euros mensuales actuales a los 399,38, el 75 por ciento del indicador público de renta de efectos múltiples, como dicta la ley.
"No podemos pedir paciencia a quien no puede esperar. No solo son necesarias medidas paliativas de emergencia, sino además políticas garantizadas de protección social", señala la EAPN.
Según sus datos, si bien el presupuesto ha pasado de 1,7 millones de euros en 2007 a los 8,75 previstos para 2015, la demanda ha pasado de 359 personas a 4.138 en 2012, sin conocer aún datos oficiales de 2013 y 2014.
De ellas, fueron concedidas 154 en 2007, cuando quedaron pendientes de resolución 76, y 916 en 2012, con 1.610 sin resolver, según las memorias anuales del Consejo Económico y Social de la región de Murcia.
Citando datos de los medios de comunicación, la EAPN indica que hasta el pasado septiembre había 1.300 expedientes de RBI paralizados por falta de dotación presupuestaria.

Desciende la movilidad laboral en la Región por tercer año consecutivo

MURCIA.- Un estudio realizado por la empresa de recursos humanos Randstad ha detectado que la movilidad laboral de los trabajadores, analizada a partir de su lugar de residencia, ha descendido durante los últimos tres años de manera consecutiva. 

En 2010 en la Región, 18.000 trabajadores murcianos habían cambiado de ciudad en el último año por motivos laborales, una cifra que ha descendido un 56 por ciento, hasta situarse en 7.900.
En Murcia, en 2010 había 54.700 trabajadores que habían cambiado de residencia los últimos tres años, una cifra que ha descendido hasta 32.500 profesionales, un 40,6 por ciento.
Randstad, además, ha analizado la situación de aquellos profesionales que han modificado lugar de residencia, siempre que hayan variado su municipio, en el último año. Se trata, en gran medida, de empleados que han conseguido acceder al mercado laboral en los últimos 12 meses o bien han cambiado de empleo en este periodo; en cualquier caso, han tenido que variar su municipio de residencia.
En esta línea, el estudio pone de manifiesto que hay 375.000 trabajadores en esta situación; es decir, que han variado su lugar de residencia en el último año.
Esta cifra ha descendido un 37 por ciento desde 2010, cuando se registraban casi 600.000 empleados. En Murcia se ha pasado de 18.000 profesionales que llevaban menos de 12 meses en su municipio en 2010 hasta 7.900, lo que supone una caída del 56,1 por ciento.
Asturias, Murcia, Galicia y Euskadi cuentan con elevadas tasas de trabajadores autóctonos de la Región y presentan bajas cifras de profesionales que se hayan mudado en el último año.

Nace el Observatorio Murciano de la Cultura

MURCIA.- Un grupo de ciudadanos relacionados con el mundo de la cultura en la Región han decidido constituirse como Observatorio Murciano de la Cultura. Este observatorio estará compuesto por todos los ciudadanos que consideren que forman parte del mundo de la cultura y que tienen algo que aportar.

Dicho Observatorio nace a raíz de la no renovación de Javier Fuentes Feo al frente del Cendeac, que ha movilizado a más de 2.500 personas que, de uno u otro modo, han mostrado su desacuerdo.
Así pues, la primera propuesta del Observatorio Murciano de la Cultura es la restitución de Fuentes Feo al frente del Cendeac. Debido a su "intachable" gestión reconocida de forma unánime por todo el sector cultural sin excepción, considera que su restitución es "necesaria".
Sin embargo, añade el Observatorio, "si esta movilización ha sido unánime es porque todos consideramos que el de Javier Fuentes no es un caso aislado. Como todos los agentes culturales, todos sin excepción, se han encargado de señalar éste y otros casos son el resultado de una estructura política determinada".
El caso de la destitución de Javier Fuentes y la movilización que ha suscitado demuestra que "esa forma de hacer política ya no es aceptable para los ciudadanos de la Región; demuestra que la ciudadanía puede organizarse de forma activa y creativa para ofrecer a los políticos un interlocutor válido, horizontal y legítimo que se constituya como referente, un interlocutor que tenga voz y voto a la hora de decidir qué decisiones queremos tomar entre todos, el referente necesario sobre el que construir una gestión cultural verdaderamente democrática".
De hecho, a falta de formalizar el censo de sus miembros, este observatorio está ya constituido como tal a raíz del caso del Cendeac.
Como Observatorio Murciano de la Cultura y profundizando en los mecanismos de control democrático que considera "esenciales", propone que la restitución de Fuentes Feo "se vea acompañada de la puesta en marcha de un comité de agentes culturales que garantice tanto la reactivación del Cendeac y todos sus proyectos en curso, como la transparencia y participación ciudadanas en el proceso de transición que se abre durante los próximos meses".

IU-Verdes elegirá a su candidato a las autonómicas con primarias abiertas en la Región

MURCIA.- El Consejo Político Regional (CPR) de IU-Verdes en la Región de Murcia ha aprobado celebrar un proceso de primarias abiertas a afiliados y simpatizantes para elegir al candidato o candidata a la presidencia del Gobierno autonómico en las elecciones del próximo mayo.

Según han informado en un comunicado de prensa el secretario de Organización de IU-Verdes, José Manuel López, y el coordinador de la Presidencia, Sergio Ramos, la persona que salga elegida será propuesta por esta formación al proceso de primarias en el marco del espacio de convergencia en el que trabaja IU-Verdes, Ganemos Región de Murcia.
López ha indicado que en el proceso de votación podrán participar, además de los afiliados, los simpatizantes mayores de 16 años que se inscriban en la página web de IU-Verdes (www.iuverdes.es) o de IU Federal (www.izquierda-unida.es) o en las sedes que tiene la organización de izquierdas en la Región de Murcia, donde se habilitarán urnas presenciales.
La condición para presentarse a las primarias es lograr un aval del cinco por ciento del censo total, ha indicado Ramos, quien ha agregado que esta es la primera vez que en la Región se realizan una primarias abiertas a toda la ciudadanía.
Los candidatos se tendrán que comprometer a cumplir los principios políticos de IU-Verdes, con el fin de garantizar el compromiso con los valores y luchas de esta organización.
El pasado sábado comenzó el plazo para que los ciudadanos se inscriban y se extenderá hasta el 6 de diciembre.
Los candidatos serán proclamados el 1 de diciembre, cuando podrán iniciar su campaña, hasta el día 13 de ese mismo mes.
El voto telemático comienza el 2 y finaliza el 13, jornada en la que se celebrará la votación de las primarias y la proclamación del candidato o candidata, quien, en el caso de fructificar el proceso de convergencia, representará a IU-Verdes en este espacio.

El juez anula la jubilación forzosa de los médicos del SMS

MURCIA.- Los tribunales han dado la razón a los médicos que recurrieron la jubilación forzosa a partir a los 65 años. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 8 de Murcia ha dictado la primera sentencia sobre la jubilación forzosa establecida en el plan de ajuste que recogía la Ley 5/2012 de la Comunidad, declarando nula la resolución del director gerente del SMS. 

Desde entonces la Comunidad Autónoma denegaba la prolongación de la vida profesional más allá de los 65 años y acordaba la jubilación forzosa. Es la primera sentencia favorable a los afectados tras los recursos presentados por el Sindicato Médico CESM.
El documento declara el derecho a la prórroga de la ocupación del puesto de trabajo y los derechos inherentes a ese reconocimiento, así como el derecho a las diferencias retributivas entre lo que hubiese percibido en activo y la pensión de jubilación y el reintegro en el puesto de trabajo.
La sentencia se fundamenta en que la obligatoriedad de la jubilación y la denegación de prórrogas del plan de ajuste «no respeta el principio de jerarquía normativa y es contraria al artículo 26 de la Ley 55/2003 y Estatuto Marco de Personal Estatutario.

Tres exconsejeros de la CAM dicen que conocieron las dietas de Crespo por rumores de pasillo

MADRID.- Tres exconsejeros de Caja Mediterráneo (CAM) han insistido hoy en la Audiencia Nacional en que solo avalaron el nombramiento de su expresidente Modesto Crespo como consejero de una participada pero nunca que cobrara por ello dietas con carácter retroactivo, si bien han apuntado que las conocieron por "rumores de pasillo".

Hoy han declarado como imputados ante el juez Javier Gómez Bermúdez, Raquel Páez, Ginés Pérez y Salvador Piles, que en la reunión del 27 de noviembre de 2009 dieron su visto bueno junto a la otra quincena de consejeros a que Crespo fuera designado presidente de Tinser Cartera y a que percibiera por ello 300.000 euros en dietas por los dos últimos trimestres del año.
Según fuentes jurídicas presentes en su declaración, los imputados han reiterado la versión de otros consejeros que han sido interrogados en las dos últimas semanas de que aquel día solo se votó el nombramiento de Crespo, pero no el cobro de dietas.
No obstante, han añadido que las conocieron a través de "rumores de pasillo".
Mañana, el magistrado retomará los interrogatorios del Consejo de CAM con los de Elia María Rodríguez, José Rovira y Martín Sevilla Jiménez, mientras que el jueves están citados Ángel Óscar Estrada junto con el administrador único de Tinser Cartera Alfonso Rodríguez, en su caso en calidad de testigo.
La Fiscalía Anticorrupción pidió la imputación de los 19 consejeros porque "no se puede afirmar que la autoría de los hechos recaiga exclusivamente sobre Modesto Crespo", ya que la propuesta, que partió del exdirector general Roberto López Abad, fue aceptada por unanimidad por aquellos.
Para el Ministerio Público, la dieta anual de 300.000 euros que percibió Crespo "no se corresponde con ninguna actividad que conlleve dedicación de tiempo, esfuerzo o responsabilidad".
Tras este informe, Gómez Bermúdez abrió una pieza separada de la causa principal en la que investiga a la cúpula de la caja alicantina por irregularidades en su gestión, y en la que imputó a Crespo por apropiación indebida de esos 300.000 euros.
En la principal, Crespo está imputado por delitos societarios, estafa y manipulación del precio de las cosas junto a los exdirectores generales María Dolores Amorós y Roberto López, y los exdirectores de Recursos y Planificación Vicente Soriano y Teófilo Sogorb.
Asimismo, en otra de las piezas separadas, consta en un informe del Banco de España, el expresidente de CAM se embolsó más de 640.000 euros entre 2009 y 2011, cantidad que equivale a 30 veces las dietas que le correspondían por su cargo y que "nunca" fue aprobada por la asamblea de la entidad.
Según el documento, Crespo, aprovechando su presencia en otros puestos de empresas participadas en exclusiva por la caja, engordó sus ingresos en los últimos años antes de la intervención de la entidad.

El declive del urbanismo / Carlos F. Iracheta *

Todo empezó con la Ley del Suelo de 2001, J.M. Aznar había promulgado la Ley del Suelo Estatal en 1998, la del “todo urbanizable” y nuestra Comunidad Autónoma no solo se dispuso a coger el toro por los cuernos sino todo el toro también y si la Ley de Aznar te daba una taza, aquí dos tazas.

Nuestra Ley, vulneraba entre otros muchos, uno de los principios fundamentales del urbanismo, el de la utilización racional de los recursos, el de la racionalidad urbanística que más o menos significaba que los planes urbanísticos debían responder a principios de sostenibilidad económica, social y medioambiental fundamentalmente. 

Se elaboraron y aprobaron planes de ordenación disparatados, en municipios que no disponían de los medios económicos necesarios para llevarlos a cabo ni de las correspondientes infraestructuras, ignorando en los más de los casos los informes de la CHS que hacían mención a la falta de recursos hídricos. Informes que eran suplidos por el del Consejero de Agricultura que garantizaba el suministro del agua necesaria con cargo a “su” planta desalinizadora de Escombreras.

Tampoco existía demanda social, de necesidades de crecimiento de población o de nuevas actividades que justificaran las ingentes cantidades de suelo que se reclasificaba. Se trataba exclusivamente de amparar y favorecer la especulación y a los especuladores, y todo a costa de la destrucción del medio natural y agropecuario ya fuera de secano, nuevos regadíos o regadíos tradicionales, todo era susceptible de ser reclasificado, hasta las tierras del trasvase Tajo-Segura que estaban declaradas de interés nacional y en las que la comunidad murciana se apoya para reivindicar más trasvase.

Si con lo dicho no era suficiente, la Ley se encargó de rizar aun más el rizo, con lo de los sistemas generales (SSGG) dándole aprovechamiento urbanístico a lo que ninguna legislación urbanística hasta entonces había considerado, con la limitación del 25% del suelo al que se adscribían.

Esta anomalía o peculiaridad de nuestra Ley no era por si misma suficiente para incrementar los aprovechamientos urbanísticos y la plusvalía del suelo, había que ir a mas y  para ello y para otros fines similares, se modifica la Ley en 2004 de forma que se suprima la limitación del 25% de SSGG y además para que los espacios naturales especialmente protegidos puedan considerarse SSGG y generar aprovechamiento urbanístico.

Esta modificación de la Ley, se hace fundamentalmente, para dar cobertura legal a los presuntos desmanes urbanísticos que se estaban dando en el Ayuntamiento de Murcia cuyo PGOU era anterior a la Ley de 2001 y por tanto no se adaptaba a la misma. Los desmanes presuntos son causa de la conocida Operación Umbra que se investiga en medios judiciales.

Es significativo señalar que la modificación de la Ley de 2004, fue tramitada por el Grupo Parlamentario Popular y no por el Gobierno Regional con el único y espurio fin de evitar el dictamen del Consejo Jurídico, que a buen seguro habría tumbado la Ley.

Pero si el declive había comenzado con la Ley del 2001 y se acentúa con la de 2004, con la Sentencia del TSJ de 2011 por la que se anulan las disposiciones de la Ley que dan aprovechamiento urbanístico a los espacios naturales protegidos y la Sentencia del Constitucional que anula la D.A Octava de la Ley de 2001 relativa a los límites de los espacios naturales entre los que se encontraba el asunto de Marina de Cope, el declive entra en caída libre.

Gran parte de los planes de ordenación urbanística que se habían aprobado durante la última década “gloriosa” del urbanismo regional, al amparo de disposiciones legales nulas de pleno derecho, quedaban de facto, fuera de juego y deberían de haber sido revisados o anulados, pero nada de eso se ha hecho. A las autoridades responsables les importa un bledo esta nueva situación y no actúan en consecuencia y conforme a derecho, lo contrario hubiera sido reconocer los errores, irregularidades e ilegalidades cometidas y en su defecto inician una nueva huida hacia delante promoviendo una nueva modificación de la Ley del Suelo.

Modificación que enmascarada en supuestos criterios de sostenibilidad, solo pretende ajustar de nuevo la Ley a los desmanes cometidos y no de establecer bases para ajustar los planes a la nueva realidad legal, como es costumbre en esta Región.

El PGMO de Puerto Lumbreras, fue anulado por los tribunales de justicia, por no tomar en consideración el informe de la CHS relativo a la falta de garantías de los recursos hídricos necesarios para los desarrollos urbanísticos previstos. Este mismo camino pueden seguir gran parte de los planes de ordenación que se encuentran en circunstancias similares, pero parece que eso no preocupa a los responsables, hasta que no fallen los tribunales de justicia se mantendrán en sus trece.

(*) Arquitecto

España considera injusto que se haga pagar al sector agrario por el embargo ruso a las importaciones de frutas y hortalizas


BRUSELAS.- Los países de la Unión Europea (UE) debatieron hoy la utilización de la reserva de crisis de los fondos agrícolas para compensar a los productores afectados por el embargo ruso a las importaciones de frutas y hortalizas. El asunto se trató este lunes en Bruselas en un consejo de ministros de Agricultura al que asistió la titular española, Isabel García Tejerina, quien trató de buscar aliados para evitar el uso de las reservas, que no interesa a España. 


La reserva de crisis, dentro del presupuesto agrícola de la UE, cuenta con 432 millones de euros y la Comisión Europea (CE) ha planteado que se deduzcan de ese fondo los gastos de los apoyos a los agricultores comunitarios para compensar el boicot ruso, que se cifran en 344 millones de euros. Esto significa que, de cara al próximo año, la reserva solo contaría con 88 millones de euros para hacer frente a otras crisis que pudieran afectar al sector.
España considera injusto que se haga pagar al sector agrario por ese embargo, ya que la reserva de crisis se nutre de los pagos directos a los agricultores. Por ello, España confía en lograr el apoyo de "un número significativo de países", que permitiera por ejemplo formar una minoría de bloqueo en el Consejo, para "dar una señal política" e impedir que salga adelante la propuesta de la Comisión Europea, según las fuentes.
Con ello, se dejaría claro que "hay un conjunto de Estados miembros que no estarían dispuestos a aceptar el resultado de las negociaciones" sobre esa propuesta, que llevan a cabo conjuntamente el Consejo (países de la UE) y la Eurocámara.


En su lugar, España quiere que la Unión explore "otras vías" para cuadrar la corrección del presupuesto europeo para 2015.
En algunos Estados miembros hay "gran preocupación" con este asunto según las fuentes, que mencionaron en particular a los mayores productores (España, Francia, Irlanda, Grecia) y a otros países del Este, como Hungría y Lituania.
En la situación opuesta se encuentran los países más liberales de la Unión, que tradicionalmente se oponen a aumentar los gastos presupuestarios, como Reino Unido, Holanda o Suecia.