miércoles, 10 de septiembre de 2014

Carlos Lesmes, presidente del Supremo, promete agilizar los casos de corrupción en España

MADRID.- El presidente del Tribunal Supremo y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, se ha referido al problema de la corrupción, destacando que la tramitación de los asuntos extendida en el tiempo "más allá de lo razonable" genera "desaliento en la sociedad".

En este sentido, ha subrayado que el Poder Judicial se implicará "activamente" en la lucha contra esta "lacra social", que está minando la credibilidad en las instituciones". 
"Nos comprometemos a hacer todo lo posible para revertir esta situación, agilizando la tramitación y resolución de las causas en materia de corrupción", ha destacado.

El fiscal general Torres-Dulce pide más medios contra la corrupción en España

MADRID.- El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha asegurado hoy en la apertura del Año Judicial que "el frente judicial contra la corrupción empieza a rendir frutos", pero ha reclamado más medios para combatirla ya que la respuesta de la justicia es "en exceso lenta y a veces desigual".

Por ello, la lucha contra la corrupción, ha dicho Torres-Dulce, exige "profundas reformas" en la Administración pública y en el sistema de control de los fondos públicos y del sistema financiero.
En su discurso, Torres-Dulce ha destacado que la corrupción pública "daña seriamente la imagen en la función pública y su erario", pero la corrupción política "mina la credibilidad del sistema democrático".
También se ha referido a la corrupción privada, que en el terreno financiero "compromete gravemente la estabilidad económica y la distribución de la riqueza y provoca crisis con repercusiones sociales que amplían desigualdades intolerables", ha señalado.
"Si el sistema judicial", ha dicho el Fiscal General, "no es capaz en organización, medios y procedimientos de ofrecer respuestas ágiles a estas demandas, toda la armazón de la confianza de la ciudadanía en el Estado de Derecho padecerá seriamente".
Y es que la respuesta de la justicia penal a la corrupción, ha añadido, es "en exceso lenta y a veces desigual", razón por la que hay que demandar "los medios que cambien ese rumbo, así como modificar aquellos hábitos procesales y organizativos propios que lastran" la eficiencia judicial.
No obstante, "el frente judicial contra la corrupción empieza a rendir frutos, de lo que es buena muestra el porcentaje de condenas logradas", ha afirmado.
En la introducción de la Memoria Fiscal del Año 2013, el Fiscal General ha ido más allá de este discurso, al mantener que aunque la lucha contra la corrupción empieza a dar resultados, los casos "son muchos y desbordan los recursos de las fiscalías y juzgados" y hay que atajarlos antes de que nazcan.
La actuación de la justicia contra la corrupción, sostiene Torres-Dulce en el documento, solo alcanza a proporcionar "respuestas puntuales y ejemplarizantes", pero en ningún modo "son suficientes para abarcar la totalidad del problema".
Por ello, ha reclamado una reflexión sobre el alcance de esta "lacra" y la necesidad de articular "mecanismos de prevención que aborden el problema en sus orígenes", por lo que ha abogado por el establecimiento en las instituciones, partidos y sindicatos de mecanismos de "alerta temprana" que los atajen antes de que nazcan.
Y ello se debe a que, en su opinión, uno de los grandes problemas que se afronta en la lucha contra la corrupción es "el retorno a la sociedad de los capitales defraudados", ya que "las medidas cautelares y de ejecución patrimonial no siempre alcanzan su objetivo".
Torres-Dulce ha detallado que se ha incrementado el número de diligencias de investigación incoadas y los procedimientos judiciales, al abrirse 55 nuevas causas en 2013 frente a las 41 del año anterior.
El fiscal general ha subrayado el "satisfactorio grado de conformidad" de las sentencias pronunciadas en estos procesos con las acusaciones formuladas por la Fiscalía, ya que los 18 fallos registrados han sido condenatorios, total o parcialmente.
También ha afirmado que los casos "son muchos y desbordan los recursos de fiscalías y juzgados, que alcanzan a proporcionar respuestas puntuales y ejemplarizantes, pero de ningún modo suficientes para abarcar la totalidad del problema".
Ante los "grandes problemas" que supone el retorno a la sociedad de los capitales defraudados en los casos de corrupción se impone, según Torres-Dulce, la necesidad "de articular mecanismos de prevención, que aborden el problema en sus orígenes, que lo atajen antes de que nazca".
Para ello, ha defendido, "se deben crear mecanismos de alerta temprana en el seno de las instituciones públicas, partidos políticos, sindicatos, empresas, fundaciones y demás entes involucrados en la gestión de la cosa común".
Ha apostado además por reforzar los sistemas de control actualmente existentes, como el Tribunal de Cuentas y sus homólogos autonómicos, "así como desarrollar en el plano social una intensa campaña de concienciación ciudadana que podría empezar en las escuelas".

La Fiscalía de Murcia alerta sobre el 'comportamiento' de la banca

MADRID.- La Fiscalía General del Estado señala en su Memoria de 2013 que los efectos de la crisis económica aún están teniendo como consecuencia un aumento de las actuaciones delictivas, y recomienda a los fiscales que eviten criminalizar conductas "cuya única causa sea la situación económica desesperada del autor".

La Fiscalía reconoce que los últimos datos macroeconómicos parecen permitir "algo más de optimismo de cara al futuro próximo", pero incide en que la crisis económica aún no ha sido digerida y que una parte importante de la población "sigue sufriendo en sus carnes las gravísimas consecuencias del momento: paro, desahucios y otras carencias".
Por esa razón, pide también extremar el rigor en la persecución de aquellas actividades defraudatorias que causen directa o indirectamente pérdida de puestos de trabajo o perjuicios a pequeños ahorradores.
La Fiscalía explica que en el ámbito de los delitos económicos no se puede ofrecer una información segura y fiable de la evolución de la criminalidad, aunque con "carácter aproximado" ha detectado una consolidación de la tendencia a la baja de los procedimientos abiertos por defraudación de IRPF.
En paralelo se ha producido un aumento "no excesivamente significativo, pero apreciable" de las defraudaciones de IVA y sociedades.
En este sentido se ha apreciado una subida de las cuantías de las cuotas defraudadas y el mantenimiento de redes de facturación falsa para generar gastos inexistentes a efectos de IVA y del impuesto de sociedades.
Asimismo se han incrementado los delitos societarios, también como consecuencia de la recesión económica, lo que en muchos casos ha provocado el falseamiento de la contabilidad y la ocultación a los socios de la realidad contable por parte de los administradores de la sociedad.
Respecto al IVA, desde la Fiscalía de Murcia se reseña "el alarmante comportamiento" de algunas entidades financieras que han permitido a algunos clientes que el IVA que se devengaba por compras efectuadas y que supuestamente se entregaba al vendedor, se haya destinado al pago de deudas de éste con el banco, "lo que supone que dicho IVA nunca ingresará en la Hacienda Pública".
La Fiscalía de Barcelona destaca la proliferación de empresas ficticias creadas para defraudar a la Seguridad Social y disfrutar de prestaciones indebidas.
Por su parte, la Fiscalía de Córdoba pone el énfasis en la relación cada vez mayor entre los delitos económicos y los procedimientos concursales, mientras que la de Almería lamenta la concesión generalizada de los beneficios de suspensión de condena en los "escasos" supuestos en que recae sentencia condenatoria por delito fiscal.

La Justicia estrecha el cerco sobre Valcárcel investigando al ex consejero Marqués

MURCIA.- El magistrado que instruye el caso Novo Carthago, Manuel Abadía, ha puesto en conocimiento del Fiscal Anticorrupción nuevas pruebas que aporta uno de los abogados personados en esta causa, presumiblemente Diego de Ramón, consistentes en unas fotografías datadas en 2003 en las que figura el ex consejero del Gobierno regional y ex delegado del Gobierno, Francisco Marqués; y el que fuera presidente del Ejecutivo murciano, Ramón Luis Valcárcel, en un crucero, por su pudieran constituir un delito de cohecho al considerar que pudieran ser regalos recibidos por su cargo.

Así lo ordena en una providencia dictada este lunes, en la que emplaza al Ministerio Público por si considera oportuno abrir nuevas diligencias sobre estos hechos en el marco del caso 'Novo Carthago', donde se encuentran imputados, entre otros, el delegado del Gobierno, Joaquín Bascuñana; y el consejero de Agricultura y Agua, Antonio Cerdá; además de Marqués.
En concreto, en dichas fotografías aparecen Valcárcel y Marqués en un crucero, donde se afirman que los gastos han sido pagados por Hefame, pidiendo que se deduzca testimonio por estas manifestaciones y del reportaje fotográfico.
Recuerda el magistrado instructor la pena de 12 años si fueran regalos recibidos en consideración al cargo que ocupaban y pide que para evitar una supuesta prescripción, le sea remitido el testimonio a la mayor urgencia al fiscal.
Contra esta providencia se puede interponer recurso de reforma y apelación en el plazo de tres días siguientes a su notificación.
El pasado 18 de agosto, se presentó a la Sala de lo Civil y Penal del TSJ diligencias previas en la que los denunciantes afirman "haber recibido el informe emitido por el Banco Sabadell, en relación con las cuentas en las que consta que haya sido titular o autorizado Francisco Marqués Fernández" en el período comprendido entre el uno de enero de 2002 hasta el 31 de diciembre de 2013.
Asimismo, aseguran que "llama la atención" que el ex consejero de Sanidad de la Comunidad Autónoma, Francisco Marqués, "figure en todas las cuentas como 'autorizado', no siendo titular en ninguna de ellas".
En la información se recoge que "la vinculación de Marqués, así como otros miembros del Gobierno regional entre los que se encuentra el ex presidente Ramón Luis Valcárcel, con la entidad Hefame, son públicas y notorias, aparte del nombramiento de Francisco Marqués como director general de Hefame". Además, añade el escrito, que dicha "entidad ha agasajado con regalos durante bastantes años, incluso antes del nombramiento de Marqués, no solo a este, sino también a Ramón Luis Valcárcel".
El abogado, acompaña en este informe, para probar esta vinculación de Valcárcel y Marqués con Hefame, unas imágenes que recogía el 'Boletín Informativo Julio-Agosto de 2002' editado por la citada empresa y en la que se lee, en el texto que acompaña a la imagen del ex presidente regional, que "por último el presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia que asistió al viaje -como habitualmente realiza todos los años- acompañado por su esposa, así como el consejero de Sanidad y señora, cerró el acto con unas palabras de apoyo y admiración hacia el Grupo Hefame, en su calidad de primera empresa de la Región de Murcia".
Además, en el mismo documento, se adjuntan más fotografías en las que se puede apreciar tanto a "Marqués como a Valcárcel en un crucero de placer por el Mediterráneo, incluso acompañado de sus esposas, donde todos los gastos han sido cubiertos por la entidad Hefame". Estos viajes y cenas se produjeron mientras existía un contrato entre la Comunidad Autónoma y la empresa Hefame.
Al respecto, con fecha 31 de julio de 2014, se solicitó a la Fiscalía Anticorrupción que "abriera diligencias penales para averiguar e identificar a los responsables de presunto o posible delito de cohecho y tráfico de influencias y demás recogidos en el código 149 contra Ramón Luis Valcárcel, por haber recibido regalos, que consistían en viajes de placer al extranjero a lugares como Berlín, Estambul, Grecia, Cuba, con gastos pagados por Hefame, teniendo en cuenta que es la distribuidora de fármacos y almacenistas de la Consejería de Sanidad de la Región de Murcia".
En esas imágenes, adjuntadas en las diligencias previas, hay fotografías de varios encuentros organizados por Hefame y que recogía la revista de la cooperativa de distribución mayorista farmacéutica. Una de ellas es la "cena de despedida que comenzó con un paseo en el Bósforo". Además de Estambul, hay fotografías que recogía la publicación de Venecia o Mykonos. "Y a la llegada al barco ¡Fiesta brasileña! con esculturas de hielo incluidas. Fue muy divertida". Los documentos muestran también imágenes de varias cenas organizadas por Hefame.
Las diligencias recogen que "Hefame cuenta con un privilegio para asociados como es la 'Cuenta Hefame', que ofrece remuneraciones por depósitos de capital muy por encima de las que ofrecen las entidades bancarias para depósitos a plazo de iguales características y que podrían quedar al margen del circuito oficial, y opacos para la justicia". En el escrito a la Fiscalía, se recuerda que "Francisco Marqués tenía una retribución de 600.000 euros (100 millones de pesetas) como presidente de Hefame".
En un documento que se adjunta en las diligencias, emitido por Hefame, con fecha de mayo de 2007, se informa al asociado de los "nuevos tipos de interés que entran en vigor a partir del 1 de mayo de 2007". Así, por ejemplo, la 'Farmacuenta (a la vista) ofrece un porcentaje nominal de 1,85 por ciento, y el TAE de 1,86 por ciento. En otra tabla, explican los nuevos tipos para la 'Alta Rentabilidad (largo plazo)' en los que con una cantidad de 6.000 a 29.999,99 euros, el tipo nominal es de 2,35 por ciento y el 2,37 por ciento TAE. En la rentabilidad existen cuatro tipos de interés. El que más cotiza es para "más de 100.000 euros" que ofrece un "4,15 por ciento nominal y un 4,22 por ciento TAE".
Así las cosas, se pide que se requiera al Banco Sabadell los datos del titular real de todas y cada una de las cuentas detalladas en el informe del 16 de junio de 2014.
En cuanto a los depósitos a plazo, se solicita también que "aporte el documento físico acreditativo de la imposición y cancelación del depósito, que acredite la procedencia de los fondos y datos relativos a quien ha contratado o firmado dichas imposiciones y cancelaciones", y conocer el "número de cuenta, titular y autorizados donde se ha efectuado el abono de los intereses correspondientes a dichas imposiciones a plazo".
Esas peticiones se han hecho a Manuel Abadía ya que en ningún momento se "indica la procedencia de los fondos de dichas imposiciones a plazo en la fecha en la que fueron cancelados, como tampoco informa de la cuenta corriente donde se han ingresado los correspondientes intereses para tan grandes sumas de dinero".
Además, han pedido que Hefame "certifique si Ramón Luis Valcárcel ha sido socio colaborador y ha dispuesto de 'Cuenta Hefame', con indicación de qué cuantía, por qué período y qué remuneración obtuvo". También han solicitado que se aporte los "datos relativos a si Francisco Marqués ha sido 'socio colaborador' de Hefame" y "en qué períodos".