MADRID.- La Justicia militar ha procesado a 45 oficiales y suboficiales del Ejército del Aire
por cobrar falsas mudanzas. La resolución, dictada el pasado martes por
el Juzgado Togado Militar Central número 2, atribuye delitos contra la Hacienda Militar, castigados con cárcel, a un comandante, 20 capitanes, 18 tenientes y media docena de sargentos, según adelanta hoy 'El Mundo'.
El sistema destapado consistía en que los procesados, muchos de ellos
recién licenciados de la Academia General del Aire, reclamaban la indemnización por
traslado de residencia aportando documentos «que resultan ser falsos o
mendaces, al no llevarse a cabo ninguna mudanza». Los mandos obtuvieron
así entre 2.300 y 4.000 euros por cada falso traslado.
Los documentos falsos los proporcionaba el cerebro de la trama, el teniente David Hernández Calet,
que se llevaba a cambio en torno al 25% del dinero. El juzgado resume
así su actividad: «Durante su permanencia, primero en la Base de Cuatro
Vientos (Madrid) y luego durante su estancia en el Ala 49 (Palma de
Mallorca), se ofreció a los distintos militares que aquí aparecen como
inculpados, en su mayor parte tenientes recién salidos de la Academia,
para conseguirles [...] presupuestos de distintas empresas de mudanzas,
así como facturas falsas, para con ellas poder obtener éstos, de forma
fraudulenta y sin la realización material de mudanza alguna, la
indemnización por traslado de residencia».
Las cantidades percibidas por cada falsa mudanza oscilaron entre un
mínimo de 2.316 euros y un máximo de 4.059. Esta última cifra fue la que
se llevó en noviembre de 2011 el oficial de más graduación de entre los
que el juez pone camino del banquillo, el comandante Ignacio María Dávila Torres, destinado en el Estado Mayor del Aire.
El montaje se destapó gracias a un error de kilometraje. En abril de
2012, un empleado civil de Getafe encargado de verificar los papeles
detectó la inexactitud en uno de los tres presupuestos que es preceptivo
presentar. Se trataba de un teniente que había iniciado los trámites
para obtener la indemnización por un traslado desde Palma de Mallorca a
Albacete. Las consultas con la empresa de mudanzas acabaron revelando
que el documento era falso.
El juez militar explica que, para convencer a la dueña de la empresa afectada de que no tirara de la manta, el
principal implicado le ofreció «unas vacaciones pagadas para ella y su
familia en un complejo residencial del Ejército del Aire en Canarias»,
además de «una importante suma de dinero (60% de sus ganancias)». En
esas conversaciones el militar aseguró que falseaba anualmente en torno a
medio millar de mudanzas y que lo venía haciendo desde 2008.
Los dueños de esta empresa de mudanzas llegaron a estar imputados a
petición del principal acusado, pero el juez les ha eximido de
responsabilidad alegando que «es finalmente gracias a ellos, que
denuncian los hechos tras un breve tiempo, [...] que esta práctica
defraudatoria ha podido ser descubierta». El juez sí responsabiliza al
dueño de otra empresa de mudanzas, que colaboró en 13 de los fraudes y
se convierte en el procesado número 46.
El auto explica que la falsedad de los documentos bastaría para
demostrar que las mudanzas fueron fraudulentas, pero añade que en muchos
casos las circunstancias de los implicados hacen que, más allá de
trasladar «su equipaje y algún que otro enser», la idea de tener que
hacer una verdadera mudanza no tuviera ninguna lógica.
Es el caso de 35 recién licenciados de la Academia,
«sin ningún familiar a cargo y con el problema del alojamiento resuelto
en la propia Academia, en la que en principio debían residir salvo
autorización expresa, que ninguno tenía. De modo que el hipotético
alquiler de un piso lo sería exclusivamente para el fin de semana y
horas de paseo».
«Por lo demás», prosigue el auto, «durante el año
inmediatamente anterior a la finalización de sus estudios residieron
todos ellos buena parte del tiempo en localidades distintas a la de
Murcia y/o su provincia, adonde regresaron el último mes para la entrega
de despachos, por lo que la necesidad de buscarse un alojamiento en las
proximidades de San Javier (Murcia) resulta a todas luces lógica y económicamente descabellada».
El artículo 189 del Código Penal Militar castiga el delito contra la Hacienda Militar con penas de uno a 10 años de cárcel
cuando el dinero obtenido ilegalmente se destine, como en este caso, al
lucro personal.
El juez mantiene a los procesados en libertad
provisional al estimar que, dado que las cantidades defraudadas fueron
bajas, es previsible que la pena se aplique en su tramo inferior.
El
juzgado ha descartado finalmente procesarles también por el delito de
deslealtad que se les imputaba, al entender que la pena del delito
contra la Hacienda Militar ya castiga la falta «de probidad y seriedad
del militar».