domingo, 15 de junio de 2014

Se le avecina otra aventura judicial a la alcaldesa de Cartagena, Pilar Barreiro, a cuenta de la regeneración


CARTAGENA.- La alcaldesa de Cartagena y diputada a Cortes, Pilar Barreiro, está a punto de meterse en otro jardín judicial tras rechazar que un alto funcionario de carrera, el habilitado nacional por ley Fernando Urruticoechea, ocupe la plaza de interventor municipal, a la que tenía el mejor derecho, tras años de interinato en ese cargo con funcionarios municipales presuntamente designados a dedo por la misma alcaldesa a su conveniencia.

Este activo funcionario contra la corrupción desde que ocupó la plaza de interventor en el Ayuntamiento de Castro Urdiales, sentando en el banquillo a miembros de la Corporación municipal pertenecientes a varios partidos, ocupa actualmente la plaza de interventor en el Ayuntamiento de Orihuela, considerado uno de los más problemáticos de España respecto a la corrupción estructural, adonde llegó procedente del Ayuntamiento de Crevillente.
Se considera no idóneo a Urruticoechea, el único aspirante al control de la legalidad de la gestión económica municipal cartagenera, pese a pertenecer al Cuerpo Nacional de Interventores de Administración Local, que ahora estudia el caso, y que había solicitado la plaza al reunir de sobra los requisitos de cualificación para ocuparla en base a la convocatoria del concurso. 
El miedo de la alcaldesa y diputada parece tener que ver con los antecedentes del aspirante en la lucha contra las irregularidades urbanísticas en su paso por Cantabria y en su demostrada independencia como funcionario.
El actual régimen jurídico de las Corporaciones Locales prohibe dejar desierto el concurso cuando concurre un aspirante con la debida cualificación y reúne todos los requisitos, como es el caso de Urruticoechea, quien anuncia que se va a recurrir esta decisión ante los tribunales.

La Marea Tricolor de Murcia hará otra marcha para exigir un referédum el día de la coronación de Felipe VI

MURCIA.- La Marea Tricolor de Murcia, formada por distintos partidos, organizaciones y colectivos de sensibilidad republicana, convoca una concentración el próximo jueves, a las 20.00 horas, en la Glorieta de España (Plaza del Ayuntamiento) para pedir un referéndum sobre monarquía o república y la apertura de un nuevo proceso constituyente, tras el fracaso de público de hace ocho días.

De este modo, afirman que se concentrarán "por dignidad democrática, para pedir que no se vuelva a robar a la ciudadanía el derecho a decidir sobre el modelo de Estado que desea", según han informado fuentes de la organización en un comunicado.
Y es que, según explican, "esta posibilidad ya se nos hurtó en 1978 mediante un referéndum en el que el pueblo español tuvo que decidir entre la Constitución monárquica o la nada. Sobre esa nada sobrevolaba la barbarie del franquismo y no quedó otra opción que votar sí a la monarquía. Por lo tanto, dado que la opción de los ciudadanos por la monarquía se produjo en condiciones de excepcionalidad, no reconocemos su legitimidad democrática".
Por ello, la Marea Tricolor se concentrará para volver a reclamar el derecho de la ciudadanía a decidir sobre el modelo de Estado que desea. Se reivindica con ello, no sólo un referéndum, sino la posibilidad de la apertura de un nuevo proceso constituyente que rompa con la Constitución de 1978.
Asimismo, defienden que el régimen instaurado por la Constitución de 1978 "está atravesando la mayor crisis de legitimidad de su historia y que, por tanto, es el momento adecuado para la apertura de un nuevo proceso constituyente".
"La abdicación de Juan Carlos I ha sido el catalizador de las protestas contra la monarquía. Sin embargo, la crisis de legitimidad de las instituciones viene de atrás y es mucho más profunda. Los sucesivos gobiernos del bipartidismo han convertido la Constitución de 1978 en papel mojado", han añadido.
En su opinión, "la modificación del artículo 135 de la Constitución pactada por PSOE y PP han convertido todos los derechos sociales en una pura nada", y añaden que "cuando dos millones de personas van a Madrid a pedir 'Pan, trabajo y techo', es porque nuestro modelo institucional está en crisis y se ha vuelto incapaz de garantizar los derechos fundamentales de la ciudadanía".
Por ello, cuando desde la Marea Tricolor piden república "estamos pidiendo más democracia y más justicia social. No sólo se trata de acabar con los privilegios feudales de la sucesión hereditaria de la Jefatura del Estado, sino de progresar hacia un nuevo modelo de Estado que garantice el ejercicio efectivo de la ciudadanía y la participación de los ciudadanos en las decisiones políticas".
"Si el régimen monárquico de la Constitución de 1978 está al servicio de los intereses de la banca y la gran empresa, pedir república significa pedir un nuevo modelo institucional que esté al servicio de la ciudadanía y garantice sus derechos básicos", han concluido.

El gerente del camping nudista 'El Portús' detecta la presencia de mirones

CARTAGENA.- El director gerente del camping nudista de El Portús, Aurelio Vaquero, denuncia por medio de un comunicado la presencia de 'mirones' y rechaza las acusaciones de un colectivo naturista, que le acusa de cobrar un peaje a los bañistas que deben cruzar sus instalaciones para acceder a Cala Morena, la playa autorizada de la zona. 

Según ese colectivo, el acceso público al arenal se encuentra en mal estado.
Vaquero explica en su nota que «es absolutamente falso que nuestra empresa esté cobrando dos euros por acceder a la playa» y añade que «el personal del camping tiene orden de dejar pasar por nuestras instalaciones a aquellas personas que tienen su movilidad reducida, ya que el acceso público está en mal estado para que ellos puedan acceder a la playa».
No obstante, el director del camping puntualiza que muchos bañistas que pueden acceder por el paso público logran introducirse en el interior de las instalaciones privadas, «y nos hemos encontrado con problemas de seguridad como personas ajenas a las instalaciones haciendo uso de nuestros servicios (piscinas, restaurante, aseos, etc) o incluso haciendo fotografías y provocando conflictos con nuestro personal o nuestros clientes».
Vaquero explica que desde el camping se están llevando a cabo actuaciones para motivar a las administraciones a arreglar el acceso público, ya que es competencia de ellas y no del camping el mantenimiento de la vía.
El gerente del camping afirma que una resolución de 2011 aprobó el arreglo del acceso, aunque la Demarcación de Costas, hasta la fecha, no lo ha llevado a cabo.

Asaja pide la exención tributaria total para los afectados por la sequía

MURCIA.- La Asociación Jóvenes Agricultores (Asaja) de la Región de Murcia se ha sumado a la petición de sus compañeros de Alicante de que los ayuntamientos de los municipios cuyos cultivos de secano y granjas están afectados por la sequía eximan a sus dueños del pago del impuesto sobre los bienes inmuebles (IBI) de naturaleza rústica.

En un comunicado, Asaja Murcia coincide con la de Alicante al solicitar una exención completa del impuesto sobre la renta de las personas físicas y de las cuotas de la Seguridad Social y de todos los impuestos que soportan mientras se mantenga esta delicada situación económica para los agricultores y ganaderos afectados.
Asimismo, como en la provincia vecina, pide a la administración que sea consciente de que estos propietarios, al no percibir ingresos, no podrán afrontar los pagos de todos los impuestos y de los intereses de los préstamos bancarios.

El PSRM de Cartagena ratifica su defensa de la actual estación de tren y dice no al cambio a Mandarache

CARTAGENA.- El PSRM de Cartagena ha ratificado esta semana su defensa de la actual estación de tren y dice definitivamente no al cambio a Mandarache

A propuesta de la secretaria general, Ana Belén Castejón, el Comité Municipal de los socialistas aprobó esta semana una resolución en la que rechaza el cambio de ubicación de la actual estación de cara a la llegada del tren de alta velocidad y defiende la situada en la Avenida de América. 
Castejón, que también es concejal, incluyó el apoyo a las reivindicaciones mayoritarias de los vecinos del Sector Estación, y del conjunto del municipio sobre la estación, como uno de los "gestos que exigen los ciudadanos para que se vislumbre que el PSOE quiere avanzar hacia esa Cartagena que todos queremos".
"Eso que todos queremos es la remodelación de la actual estación y dotarla de condiciones dignas para el transporte de viajeros porque acogería tráfico de alta velocidad y también el de cercanías".

Murcia encabeza el aumento de autónomos afiliados a la Seguridad Social en mayo

MURCIA.- Murcia encabezó el pasado mayo el incremento interanual del número de trabajadores autónomos afiliados a la Seguridad Social en la clasificación española por regiones con respecto al mismo mes de 2013, pues creció un 4,28 por ciento, con 3.836 personas más, informa en un comunicado el Gobierno murciano.

El aumento medio nacional español interanual fue del 2,47 por ciento, con 74.766 afiliados más.
Tanto en Murcia como en el promedio de España, es el primer incremento porcentual de este registro en un mes de mayo desde 2008.
Respecto al mes de abril, el número de afiliados creció en Murcia un 0,49 por ciento, con 459 más.

El Tribunal de Cuentas denuncia que las comunidades trocean contratos para evitar hacer concursos públicos

MADRID.- El Tribunal de Cuentas señala en su 'Informe global del sector público autonómico' correspondiente a los ejercicios 2010 y 2011 que los gobiernos regionales fraccionan contratos para no tener que recurrir a contratos públicos con publicidad para su adjudicación.

   En el documento, que ha sido remitido al Congreso, el organismo que preside Ramón Álvarez de Miranda presenta los resultados del análisis realizado sobre parte de los contratos menores que las comunidades autónomas firmaron durante 2010 y 2011, un examen que ha afectado a los expedientes que el Tribunal ha considerado "oportuno" revisar.
   Así, concluye que "el análisis del fraccionamiento del gasto y del cumplimiento de la legalidad de gran parte de los contratos menores fiscalizados ha puesto de manifiesto la coincidencia en el objeto de las contrataciones y que su importe conjunto elude lo preceptuado en la Ley de Contratos del Sector Público, lo que obligaría a la utilización de otros procedimientos o formas de adjudicación con publicidad y/o concurrencia".
El informe se centra no obstante en comprobar si, en general, las adjudicaciones de contratos de más de 150.000 euros cumplieron los principios de legalidad, eficiencia y economía, de conformidad con lo previsto en la normativa, tanto en la fase de preparación como en las de tramitación del expediente, adjudicación, formalización, ejecución, modificación o extinción.
   En este sentido, el Tribunal encuentra deficiencias en relación con los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP), donde se establecía que sería considerada una oferta temeraria la "mera concurrencia de determinadas bajas", sin ofrecer al licitador la posibilidad de justificar la cifra ofertada.
   Además, rechaza que el umbral para apreciar la oferta temeraria se fijara en relación con el presupuesto de licitación de cada contrato en lugar de en función de la baja media de todas las ofertas presentadas, tal y como señala la legislación.
   También aprecia el ente fiscalizador una "incorrecta ponderación" del criterio de precio en la puntuación para la adjudicación del contrato, así como "deficiencias" sobre el establecimiento, definición y aplicación de los criterios objetivos. Y considera que la figura del 'responsable del contrato', que debería "proporcionar una mejor asignación, control, uso y finalidad" de los fondos públicos, está "muy poco utilizada", mientras que el perfil del contratante se usa de forma "deficiente" en algunas comunidades.
   De nuevo, el organismo que preside Álvarez de Miranda advierte de la existencia de contratos en los que no se especifica "con un mínimo de concreción razonable" las necesidades de servicio público que los mueven, y "en algunas ocasiones se utilizan como justificación las propias competencias u otras circunstancias igualmente genéricas".
   También se siguen utilizando "indebidamente" los procedimientos de emergencia para actuaciones "ajenas" a su finalidad, y el recurso a los procedimientos negociados sin publicidad "no queda suficientemente justificado".
   Finalmente, el Tribunal vuelve a subrayar la persistencia de "significativas y frecuentes demoras" en la ejecución de los contratos de obra, muchas veces "no justificadas" y "no siempre amparadas en la concesión de las correspondientes prórrogas". En este sentido, cree "particularmente incongruente" la mayor parte de los casos con retrasos porque proceden de expedientes tramitados por la vía de urgencia.
   Y, de nuevo, critica que las modificaciones que se aprueban para algunos proyectos en ejecución estén motivadas por "deficiencias en la elaboración, supervisión o replanteo" de los proyectos originales, y no por nuevas necesidades o causas imposibles de prever.
   Por último, el informe se refiere a las encomiendas de gestión, es decir, al encargo que una administración pública hace a otro ente del sector público para que realice una determinada actividad o prestación.
   Según el Tribunal, aunque este instrumento de gestión debería usarse sólo como "excepción" los datos apuntan a una "tendencia cada vez más generalizada" a su utilización, incluso no respetando las exigencias que la ley recoge para poder recurrir a esta opción.
   En este sentido, ve "llamativo" que empresas públicas a las que se efectúan las encomiendas y que son calificadas como 'medios propios' de la administración acaben "contratando posteriormente con terceros la práctica totalidad de esas actividades por carecer de los medios personales y materiales necesarios" para ejecutar el contrato.
   "En la práctica, estas empresas mercantiles públicas no realizan la mayor parte de las actividades materiales encomendadas sino que, por el contrario, tan sólo realizan actuaciones de carácter jurídico, como es la contratación. Esto conlleva la consiguiente degradación de los mucho más estrictos requisitos legales, tanto contractuales como presupuestarios o de personal", añade el Tribunal, para quien la "procedencia" de las encomiendas es "cuestionable".