jueves, 12 de junio de 2014

Cáritas Región de Murcia atiende a casi 115.000 personas durante 2013, y no espera que baje de los 100.000 en 2014

MURCIA.- El presidente diocesano de Cáritas, José Luis Leante, ha afirmado este jueves en un encuentro con los medios de comunicación que Cáritas Diócesis de Cartagena no ha visto indicios de cambio en su actividad ni en el número de personas que ha acudido a la entidad en 2013 con respecto a 2014, y que, "por cómo está yendo este primer semestre de 2014, no esperamos grandes cambios en este año tampoco".

   Así, ha afirmado que el número de personas atendidas en 2013, que quedó "rozando" las 115.000 personas, es "prácticamente el mismo" que en 2012, y en 2014 "se moverá por estos niveles, sobrepasando los 100.000 atendidos". De este modo, "se está estableciendo una cronicidad de la pobreza", algo que, en palabras de Leante, "es peligroso y preocupante".
    Leante ha abogado por una recuperación del empleo, "que es lo que da dignidad a la persona" para que los resultados "puedan verse realmente", puesto que "nosotros somos la cola del látigo, hasta que llegue a nosotros esa mejoría, va a pasar tiempo".
   "Hasta que tanto la entidad pública como la empresa privada tomen conciencia de que el trabajo es un derecho de la persona y que deben hacer un esfuerzo para que las personas puedan tener un trabajo, a las instituciones como Cáritas no nos faltará trabajo", ha declarado el presidente de Cáritas Región de Murcia, que ha recordado que "Murcia es una de las Comunidades Autónomas más pobres de España, nos movemos entre los tres primeros puestos".
   En este sentido, el obispo de la Diócesis de Cartagena, Monseñor José Manuel Lorca Planes, ha indicado que "esta situación es difícil de arreglar, pero no imposible", y ha valorado la labor de los voluntarios y personas que trabajan en Cáritas Región de Murcia, en la que ayudan unas 3.000 personas actualmente.
   "En un país con una tradición y una cultura cristiana de tantos años, tenemos más razón para cumplir 'el libro de ruta' que es el Evangelio, ayudar a los más necesitados y abrir puertas a la esperanza", ha matizado el obispo.
   Lorca Planes ha declarado que "en un mundo difícil como el que tenemos ahora, para mucha gente, el tema de la esperanza es una palabra demasiado desconocida" ya que, según ha afirmado el obispo, "están tan metido en los problemas que le hacen sufrir, que no puede pensar que eso se puede acabar pronto".
   Así, ha afirmado que, desde la Diócesis, "no luchamos contra nada", ya que "de lo que se trata no es de luchar, sino de dar respuesta a una situación".
   "La caridad no puede ser una lucha, sino que debe ir en la línea del amor", ha señalado el obispo, que ha agradecido el trabajo de las personas que trabajan "día a día, de forma totalmente gratuita" en Cáritas Región de Murcia por "ayudar a las personas que lo están pasando mal".

La Región de Murcia registra en mayo un aumento de 8.691 afiliados a la Seguridad Social respecto a abril, un 1,75% más

MURCIA.- El portavoz del Gobierno regional, José Gabriel Ruiz, ha explicado que los datos de afiliación a la Seguridad Social a fecha del 31 de mayo reflejan un aumento de 8.691 afiliaciones con respecto al mes de abril, lo que supone un aumento del 1,75 por ciento.

   En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Ruiz ha señalado que, con estos datos, la Región dobla la media de afiliaciones del conjunto de España y pone de manifiesto que la recuperación del mercado de trabajo y de la economía regional es ya "todo un hecho".
  En este sentido, los datos reflejan un aumento de casi 20.000 nuevas afiliaciones a la Seguridad Social respecto al mes de mayo del año pasado, es decir, "20.000 personas más que trabajan y cotizan".
   Por ello, ha celebrado que los "esfuerzos que está realizando el Gobierno regional y la sociedad en su conjunto, los agentes sociales, los empresarios y los trabajadores, están dando resultados y empieza a verse que esta recuperación es una realidad en la Región".
   Así, remarca que "no se trata de datos aislados y puntuales, sino que son datos estructurales". La recuperación, ha añadido, "ya no se queda en bajadas de prima de riesgo o reducción de déficit público, sino que son las familias las que ya están percibiendo esta recuperación económica en términos de trabajo".
   Aunque ha reconocido que estas cifras son "buenas", ha matizado que para el Gobierno regional "no son satisfactorias" y queda todavía "mucho trabajo por realizar mientras siga existiendo un solo desempleado en la Región de Murcia".

El PSRM insta a los responsables del PP murciano imputados por corrupción a que dimitan de sus cargos

MURCIA.- El secretario de Justicia y Libertades Públicas del PSRM, José Miguel Muñoz, ha instado a todos los miembros del Partido Popular que han sido imputados o condenados por la Justicia por casos de corrupción "a hacer un ejercicio de responsabilidad y dimitir de sus cargos", según informaron fuentes de esta formación política en un comunicado.

   Para Muñoz "es intolerable e inasumible" el apoyo que el actual presidente del Gobierno regional, Alberto Garre, está ofreciendo a las personas señaladas por la Justicia como imputadas. "Y aún es más grave, si cabe, que ofrezca este apoyo a personas ya condenadas, como es el caso de la actual alcaldesa de Pliego, condenada por prevaricación, y como lo fue el del ex alcalde de Fortuna que, ya condenado por delito electoral, seguía recibiendo el apoyo de Valcárcel".
El responsable socialista afirmó que "la calidad democrática de esta Región se pone en entredicho cada vez que un cargo del PP imputado se aferra al sillón, o, para despistar, se mueve a otro sillón". "Los ciudadanos no se merecen a estos políticos que anteponen sus intereses personales a los de todos los murcianos", añadió.
   Muñoz también se ha referido al informe emitido por el fiscal anticorrupción, Juan Pablo Lozano, que apunta a Bascuñana como la persona que dio el "beneplácito final" al proyecto urbanístico de Novo Carthago, que actualmente está bajo investigación judicial en el marco de una presunta trama de corrupción.
   En este sentido, Muñoz señala que "cada vez que se pronuncian los estamentos judiciales en el transcurso de una investigación es para solicitar que sean imputados por presunta corrupción más miembros del  PP que ocupaban cargos públicos en el pasado y/o los ocupan ahora,  imputaciones siempre relacionadas entre sí, como es el caso  del también ex consejero y ex delegado del Gobierno, Francisco Marqués, del actual consejero de Agricultura, Antonio Cerdá, o de la alcaldesa de Cartagena que todo parece apuntar que será imputada en breve a petición del Ministerio Público".
   "Es intolerable, es tremendamente dañino para la imagen de la Región, que la nuestra sea la Comunidad menos transparente de España y la de peor gestión. Es incomprensible que nadie asuma responsabilidades políticas, que la corrupción campe a sus anchas en las filas del PP, cuando debería haber tolerancia cero con ella, cuando deberían estar cesados todos los cargos que estén bajo sospecha", finalizó.

IU-Verdes sugiere a Rajoy que comience a redactar el decreto de cese de Bascuñana

MURCIA.- IU-Verdes de la Región de Murcia ha sugerido este jueves al presidente del Ejecutivo central, Mariano Rajoy, que "comience a redactar" el decreto de cese del delegado del Gobierno, Joaquín Bascuñana, según informaron fuentes de esta formación política en un comunicado.

   La formación de izquierdas ha reaccionado así tras conocer que el fiscal anticorrupción, Juan Pablo Lozano, ha emitido un informe que apunta a Bascuñana como la persona que dio el "beneplácito final" al proyecto urbanístico de Novo Carthago, que actualmente está bajo investigación judicial en el marco de una presunta trama de corrupción.
   Para la portavoz de la Presidencia de IU-Verdes, Esther Herguedas, uno de los aspectos más destacables del informe es la "unidad de actuación" para la comisión de presuntos delitos entre los máximos responsables del Ayuntamiento de Cartagena y las consejerías implicadas.
   En este sentido, ha indicado que a estos actores habría que sumar un tercero, las entidades financieras, en concreto a la empresa inmobiliaria Hansa Urbana, relacionada con la extinta CAM y promotora de 'Novo Carthago', "sin cuyo concurso difícilmente se hubiesen podido idear los pelotazos urbanísticos".
  Además, ha asegurado que el escrito de la Fiscalía trae causa de "la más que deficiente tramitación" de los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN).
   "Unos PORN que el Gobierno Regional tendría que haber finalizado hace muchos años, empezando por los espacios que así se declararon en la ley de Protección y Ordenación del Territorio aprobada hace 22 años".
   Herguedas ha opinado que esa "deficiencia" en la tramitación "pone de manifiesto la nula conciencia ambiental del PP y su rechazo a una norma en la que nunca creyó y que pretendió cargarse mediante la ley regional del Suelo, que afortunadamente fue anulada en su disposición adicional octava por el Tribunal Constitucional".
   A su juicio, la dilación del Gobierno autonómico para establecer un ordenamiento jurídico ambiental "en condiciones" ha servido de "caldo de cultivo" para la "delincuencia ambiental y económica" en varios municipios de la Región de Murcia.
   Asimismo, IU-Verdes ha manifestado su deseo de que Rajoy en esta legislatura, que espera "sea la última por el bien de la ciudadanía murciana", "no vuelva a nombrar a otro político de su partido que acabe imputado, aunque en nuestra Región, y dados los precedentes el índice de probabilidad de nombrar a un político del PP inmaculado es bastante bajo".

Fallece Domingo López Marín, canónigo de la catedral de Murcia y ex vicario de Cartagena

MURCIA.- El actual párroco de la iglesia de San Pedro Apóstol, de Murcia, vicario Episcopal para la Vida Religiosa y canónigo de la Santa Iglesia Catedral, Domingo López Marín, falleció este jueves, Fiesta de Jesucristo, Sumo y Eterno Sacerdote, a la edad de 77 años, según informa el Obispado de Cartagena en un comunicado.

El párroco llevaba más de un mes hospitalizado en la 'Arrixaca' tras presentársele una enfermedad casi irreversible a comienzos del pasado mes de mayo, según fuentes familiares.

Domingo López nació en Beniaján el 7 de marzo de 1937 y fue bautizado en la parroquia de San Juan Bautista el 3 de noviembre de 1939. Realizó sus estudios de Bachillerato en el Colegio de los Hermanos Maristas, de Murcia. A los 17 años, en 1954, ingresó en el Seminario Mayor de San Fulgencio de la Diócesis de Cartagena para cursar el primer curso de Filosofía. 

Posteriormente, y como seminarista de la Diócesis de Cartagena, residió en el Seminario de San Torcuato, de la Diócesis de Guadix, para realizar los estudios correspondientes en la Facultad de Teología de la Cartuja, en Granada. 

Fue ordenado presbítero en la parroquia de Nuestra Señora del Carmen, de Murcia, por Monseñor Ramón Sanahuja y Marcé, Obispo de Cartagena, el día 11 de junio de 1961, por lo que ayer miércoles se cumplieron sus 53 años como sacerdote.

Después de su ordenación sacerdotal había estado, por este orden, en los siguientes destinos:
  • Coadjutor de la parroquia de Ntra. Sra. de La Asunción, de Molina de Segura, desde 1961 a 1963.
  • En 1963 marcha a Ecuador y allí trabaja en el Seminario de San León, de la ciudad de Cuenca desde 1963 a 1967. Posteriormente trabaja en la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, en la ciudad de Quito, de 1967 a 1969.
  • De vuelta a Murcia pasa a ser cura ecónomo a las parroquias de San Antonio de Padua y San Andrés Apóstol, de Mazarrón, donde permanece desde 1969 a 1973. A la misma vez atiende como encargado las parroquias de Ntra. Sra. del Carmen, de Leiva, y La Purísima, de Majada.
  • En 1973 pasa a ser cura ecónomo de la parroquia de Santiago Apóstol, de Totana, donde permanece hasta 1984. Durante ese periodo también ejerce de profesor del Instituto de Totana, y es nombrado Arcipreste del Bajo Guadalentín (1973-1984) y miembro del Consejo Presbiteral de la Diócesis de Cartagena (1973-1976). También colaboró con el Rector del Seminario Mayor de San Fulgencio, en aquellos momentos en la ciudad de Granada.
  • En diciembre de 1984 es nombrado Canónigo Numerario de la Santa Iglesia Catedral de Murcia.
  • En el año 1984 ya había sido nombrado Vicario Episcopal para la Zona Pastoral de Cartagena por Monseñor Javier Azagra Labiano, Obispo de Cartagena. Permanece en este cargo hasta 2002. Por su condición de Vicario Episcopal, durante este periodo es miembro del Consejo Presbiteral y en diversos periodos es nombrado miembro del Colegio de Consultores.
  • Al dejar la Vicaría Episcopal de Cartagena pasa a ser párroco de San Pedro Apóstol, de Murcia.
  • En el año 2003 de nuevo son reclamados sus servicios en el Consejo Episcopal, en este caso como Vicario Episcopal para la Vida Religiosa, cargo que, junto con el de párroco de San Pedro Apóstol, de Murcia, desempeñaba en la actualidad.
  • También desempeñaba el cargo de Consiliario del Centro de la Asociación Católica de Propagandistas, en Murcia (ACDP).
La capilla ardiente ha quedado instalada y abierta en el Tanatorio de Jesús, en Murcia, mientras que la Misa Exequial,  presidida y oficiada por el Obispo de Cartagena, Monseñor José Manuel Lorca Planes, tendrá lugar mañana viernes, a las 17.30 horas, en la Santa Iglesia Catedral, de Murcia.

El entierro se efectuará posteriormente, en la más estricta intimidad familiar, en el cementerio de la pedanía murciana de Beniaján.

El nombramiento del ex consejero Sevilla como presidente de la Autoridad Portuaria puede destapar una financiación atípica del PP regional

MURCIA.- La propuesta del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma al Ministerio de Fomento para que el ex consejero Antonio Sevilla sea el nuevo presidente de la Autoridad Portuaria de Cartagena puede destapar, o finalmente no, un nuevo escándalo de supuesta financiación atípica del PP regional murciano, según fuentes policiales.

Al parecer, se relaciona a alguno de los apoyos externos a Sevilla para su nombramiento, como en su día para ser consejero con Valcárcel, con un foco de presunta financiación atípica del PP procedente de un sector regional del Transporte, tan señalado por la patronal comarcal del Campo de Cartagena, 'Atranscar', en su día, al menos como sospechoso de dudosas actividades investigadas actualmente por la Policía de tres grandes países de la Unión Europea.
El especial interés de algunos sectores del PP murciano por forzar la salida de Adrián Ángel Viudes de su actual cargo, tendría que ver, pues, siempre según esas fuentes, al parecer, con las fuertes presiones ejercidas sobre la voluntad del presidente de la Comunidad Autónoma, Alberto Garre, y que no terminan de explicarse ahora proveniendo él de un municipio, como el de Torre-Pacheco, donde precisamente radica 'Atranscar' y Garre ha sido concejal.
De hecho, en la biografía del madrileño Antonio Sevilla, distribuida hoy por la Comunidad Autónoma, se oculta -¿intencionadamente?- algún aspecto clave.
No se descarta que el Ministerio de Fomento se incline, al final, por hacer una contrapropuesta con algunas de las personas sugeridas desde el PP de Cartagena para sustituir a Viudes y no dejar en su lugar a Sevilla para no sucumbir así a presiones de supuestos financiadores, indeseables en este momento, aunque el entorno de Garre relacionado con el Opus Dei también apoye, por su parte, a Sevilla comenzando por el diputado Martínez Pujalte, cuñado del imputado Antonio Cerdá, y el actual consejero de Economía, Francisco Martínez Asensio.
Conforme a la Ley de Puertos, una nueva propuesta tiene que ser comunicada al Ministerio de Fomento para proceder a su publicación conjunta, tanto en el Boletín Oficial del Estado (BOE) como en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM).
   Para que la sustitución se haga efectiva hay que esperar a la publicación oficial del nombramiento.

Bascuñana y Barreiro a punto de caer en las redes de la justicia por 'Novo Carthago'

MURCIA.- El actual delegado del Gobierno, Joaquín Bascuñana, está muy cerca de convertirse en el tercer consejero de un Gobierno Valcárcel imputado por el proyecto urbanístico 'Novo Carthago' a instancias del fiscal anticorrupción de la Región de Murcia, Juan Pablo Lozano, según ha trascendido en las últimas horas a diversos medios de comunicación.

Un informe de 77 páginas elaborado y remitido a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia por el fiscal anticorrupción, Juan Pablo Lozano, apunta directamente al actual delegado del Gobierno en la Región, Joaquín Bascuñana, como la persona que dio «el beneplácito final» al proyecto urbanístico, ya que era consejero de Obras Públicas en las fechas en las que se realizaron los trámites administrativos cuya legalidad se investiga. entre 2003 y 2005.

En concreto, está bajo sospecha la aprobación definitiva de la modificación del Plan General de Cartagena que permitió la recalificación de un espacio natural situado en el entorno del Mar Menor.

El fiscal, quien no pide expresamente la imputación de Bascuñana (debe ser el juez el que decida), sí considera que el hecho de la aprobación definitiva del proyecto, que se produjo por orden expresa del entonces consejero de Obras Públicas, «pudiera entenderse como elemento del tipo de la prevaricación».

De ser así, fuentes de Interior aseguraban hoy mismo que el actual delegado sería cesado a continuación por un Consejo de Ministros en su actual cargo, al que accedió en su día sin el conocimiento preciso del ministro, Jorge Fernández Díaz, sobre su situación ante los tribunales por el riesgo objetivo ya entónces de llegar a ser imputado.

El PP de la Región de Murcia propuso a Bascuñana para el citado cargo ocultando al ministro que estaba siendo investigado por su presunta implicación en un turbio asunto de recalificación urbanística en zona ambientalmente protegida y para la que se proyectó en su día la polémica -por sus sobrecostes- desalinizadora de Escombreras a cargo de las arcas autonómicas.

También la alcaldesa de Cartagena y actual diputada a Cortes por el PP, Pilar Barreiro, puede terminar siendo imputada en este mismo caso, según trasciende de la propia investigación criminal y de la actitud de fiscal y juez instructor en los últimos días, en el sentido de darle la oportunidad de que sea ella quien dé un primer paso antes de una casi segura dirección instructora que eleve el asunto al Tribunal Supremo al tratarse de una persona aforada sobre la que habrá que solicitar el correspondiente suplicatorio al presidente del Congreso, según afirma 'La Opinión'.


Juan Pablo Lozano considera en su escrito, al que ha tenido acceso esta Redacción, que «es en sede de la Comunidad donde se realizaron los actos que permitieron tal despropósito urbanístico de Novo Carthago», señalando también que las decisiones últimas sobre el proyecto «escapan a la simple voluntad municipal por espuria que pudiera ser» y que requirieron de «una unidad de actuación que solo se puede imponer desde la responsabilidad de alguno o varios consejeros del Gobierno murciano».

«Esta clase de decisiones de alto nivel sólo se podían tomar por el que contase con el necesario poder político y la posición idónea en el organigrama del Gobierno de Murcia para hacerlo: primero, el consejero Cerdá, verdadero artífice y responsable directo de ofrecer el aparente anclaje jurídico del proyecto; seguido del consejero Francisco Marqués (también imputado), como sucesor en la consejería de Medio Ambiente, y finalmente con el beneplácito final del consejero de Obras Públicas, Joaquín Bascuñana», apunta el informe del representante del ministerio público.

Y es que Lozano resalta en su informe «el constante peloteo» entre los entonces directores generales de Calidad Ambiental (Antonio Alvarado), Ordenación del Territorio (José María Bernabé) y Urbanismo (José María Ródenas) «para, entre ellos, obtener los informes de complaciencia necesarios para ir solventando los trámites legales con ánimo de favorecer Novo Carthago».

De esta forma, y aunque en ningún momento solicita expresamente la imputación del delegado del Gobierno, el fiscal sí llama la atención sobre que «no se ha profundizado respecto a otras responsabilidades penales que pudiera haber en el dictado de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) favorable ni respecto a la aprobación definitiva de la Modificación Puntual 113 del Plan General de Cartagena», que se hizo por orden del entonces consejero Bascuñana.


Versión de Fiscalía

Los supuestos delitos de prevaricación que -sumados a otros adyacentes, como el de cohecho- se investigan en el 'Novo Carthago' «son delitos de tracto sucesivo -expone el fiscal a 'La Verdad'-, donde los distintos intervinientes van aportando el informe y cumpliendo el trámite necesario, en sí mismos insuficientes para consumar el propósito delictivo último, pero facilitando su posterior consumación. Y en donde la primera decisión, por delictiva que fuese, se debe ir asumiendo en cada una de las fases posteriores».

De esta manera resume el fiscal anticorrupción, Juan Pablo Lozano, la coordinación y la unión de voluntades que supuestamente se produjo entre el Ayuntamiento de Cartagena y las consejerías dirigidas por Antonio Cerdá, Francisco Marqués y Joaquín Bascuñana para conseguir que un megaproyecto urbanístico como 'Novo Carthago', que preveía levantar unas 10.000 viviendas junto al Mar Menor, además de hoteles y otras instalaciones, fuera superando todos los trámites hasta su aprobación definitiva. Y ello a pesar del cúmulo de presuntas ilegalidades que hubieron de cometerse para llegar a ese fin.

Entre los hechos supuestamente irregulares e indicios delictivos que reseña el Ministerio Público en su informe destacan algunos tan llamativos como el hecho de que Hansa Urbana, la promotora de 'Novo Carthago', adquiriera en julio de 2002 los primeros terrenos, que eran precisamente los calificados como protegidos. Se gastó en ellos 15 millones de euros. «Tan seguro estaba Rafael Galea (máximo responsable de la compañía) de que el proyecto estaba consensuado en conversaciones previas», advierte el fiscal.

Relata igualmente que luego se produjeron algunas supuestas llamadas desde el Ayuntamiento de Cartagena al consejero Antonio Cerdá para que impulsara el proyecto, aunque el exconcejal de Urbanismo de Cartagena, Agustín Guillén, aseguró en su declaración en el juzgado que él en ningún momento mantuvo conversaciones con responsables de la Comunidad Autónoma.

Unas llamadas, en cualquier caso, que acabaron dando lugar a reuniones entre representantes de Hansa Urbana, el propio consejero, directores generales y técnicos de la Consejería, que ya en ese momento expusieron que el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) del Mar Menor no permitía poner un campo de golf en el espacio protegido. «Ante la negativa del Servicio de Protección competente a modificar el PORN, se modificó utilizando el conocimiento jurídico de una asesora del consejero Cerdá, María Antonieta Fernández», según relata el informe.

No menos relevante es el hecho, según el fiscal, de que los planos del proyecto 'Novo Carthago', presentados en el Ayuntamiento de Cartagena, ya incluyeran en mayo de 2003 la zona protegida, cuando todavía no se había reiniciado ni la tramitación del nuevo PORN.

Otro dato a tener en cuenta es que la macrourbanización se presentó públicamente el 12 de junio de 2003, justo el mismo día en que se reiniciaba el PORN, lo cual apunta a que Hansa Urbana tenía conocimiento detallado de los trámites que iba a ir superando el proyecto.

Curiosamente, este PORN del 2003 es el único -destaca Lozano- que se ha hecho en la Región sin la intervención del Servicio de Protección y Conservación de la Naturaleza, que es el órgano competente para ello. Además, el aprovechamiento urbanístico correspondiente al espacio natural se traspasó al proyecto 'Novo Carthago', considerándolo sistema general, pese a que la ley que permitía ese 'traspaso' no se aprobó hasta un año después.

En agosto de 2004, el proyecto se aprobó provisionalmente por el Ayuntamiento de Cartagena, sin la preceptiva Declaración de Impacto Ambiental (DIA). Este informe no estuvo listo hasta el 20 de enero de 2005, después de haberse rechazado otro que era desfavorable a los intereses de Hansa Urbana.

Y en mayo de 2005 se reinició de nuevo el PORN del Mar Menor -que ya se había reiniciado a su vez en junio de 2003-, siendo entonces cuando por fin se abre un proceso de información pública y presentación de alegaciones.

Así, de supuesta ilegalidad en ilegalidad, hasta la aprobación final, siempre según recoge 'La Verdad'.