jueves, 24 de abril de 2014

El abogado Mazón denuncia al Rey y a Felipe González en base al libro de Pilar Urbano sobre el 23-F

MADRID.- El partido político ‘Soberanía’, presidido por el célebre abogado murciano José Luis Mazón Costa, ha denunciado ante el Juzgado Central de Instrucción nº 1 al ex presidente del Gobierno, Felipe González Márquez, y al rey Juan Carlos de Borbón y Borbón por su cooperación –“ hasta ahora secreta”-, por hechos que pueden ser constitutivos de cooperación en un delito de rebelión acaecida el 23 de febrero de 1981, según consta en la denuncia, ahora transformada en querella, tras la admisión por el juez Santiago Pedraz.

En un auto fechado el pasado 8 de abril, el juez central nº 1 de la Audiencia Nacional, registró la querella interpuesta por el citado partido politico contra la trama civil oculta del 23-F;  Pedraz, sin entrar a valorar aun los hechos, asegura que por lo demás la querella reúne los requisitos previstos en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Inicialmente Soberanía presentó denuncia, que luego transformó en querella, sobre la cual resuelve ordenando su tramitación el auto del juez Pedraz.
Las diligencias de la querella por la trama oculta del 23-F objeto de querella han sido registradas bajo el número 28 del año 2014.
La denuncia contra Felipe González lo es por “presunto cooperador necesario, quien estaba o figuraba en la lista del nuevo gobierno que iba a salir del golpe militar, en calidad de vicepresidente, según se publica en la información histórica contenida en el libro de Pilar Urbano, cuyos datos extracta en una entrevista elmundo.es”
Según “las mismas informaciones verosímiles publicadas”, Juan Carlos de Borbón y Borbón, rey de España, “era el verdadero jefe, el cerebro visible del golpe militar frustrado que dirigió el general Armada”.
La denuncia agrega que al gozar el rey de inviolabilidad, “será citado en calidad de testigo, para cooperar en el esclarecimiento de los hechos. Si no es que se interpreta que la inviolabilidad constitucional no puede amparar la participación de un jefe de Estado en un golpe de Estado”.
La circunstancia de ‘Soberanía’ considera que si “el delito podría estar prescrito no es óbice para la apertura de una investigación para el esclarecimiento de los hechos. Y se citan como ejemplos el procedimiento seguido contra Baltasar Garzón Real ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo por los patrocinios de los cursos de Nueva York, en donde el instructor señor Marchena concluyó una investigación que luego declaró prescrita por unos hechos que ya estaban establecidos desde el comienzo de la investigación”.
“La posible implicación de Felipe González Márquez en el golpe militar como cooperador necesario dcl general Armada a la hora de dar su consentimiento a la integración en la lista del nuevo gobierno que, como consecuencia del golpe militar, iba a sustituir al que hasta entonces presidía Adolfo Suárez, reclama una investigación que impone el principio de legalidad penal en relación al artículo 23.1 de la Constitución, el cual garantiza la democracia y el derecho de los ciudadanos a la participación en el poder político, lo que combinado con el precepto penal del delito de rebelión, exige un esclarecimiento de los hechos. Y la respuesta a la pregunta ¿dio su consentimiento el denunciado Felipe González a la participación en el gobierno opuesto por el general Armada, donde aparecía como vicepresidente?”, se dice en otro de los párrafos de la denuncia.
La denuncia pide que se llame a González a declarar como testigo, “ y de aparecer evidencias de su colaboración con el golpe militar del 23 F, que ahora son indicios o sospechas, se hiciera en calidad de imputado con independencia de que de hallarse el delito prescrito acudiría con la tranquilidad de no poder ser castigado en caso de responsabilidad de cooperador necesario en los planes del general Armada quien a su vez ejecutaba según las informaciones publicadas la voluntad del rey de España, que también debe de prestar su testimonio en calidad de testigo de no ser posible la interpretación del articulo 56.3 de la Constitución (inviolabilidad del rey) en el sentido de que dicha inviolabilidad no le protege frente a actos tan fuera de sus funciones como planificar un golpe de Estado acabando con un gobierno democrático para imponer otro de su libre configuración”.
La denuncia se apoya en “una completa credibilidad tanto por provenir de una periodista, Pilar Urbano, tradicionalmente ligada al Palacio de la Zarzuela, como por el medio que la publica, el diario ‘El Mundo’. El alegato final de la denuncia de ‘Soberanía’, reza así: “Y si la Justicia de ahora no investiga estos hechos, otra Justicia vendrá que lo hará, ya liberada de la hipoteca del régimen monárquico bipartidista que tan gran estafa ha cometido contra el pueblo. cooperando en un golpe militar del que se nos presentaban como los salvadores”.
La querella recoge el siguiente párrafo:
"Básicamente el juicio del 23-F fue cerrado en falso y constituyó una gran estafa al conjunto del pueblo español. Ahora se  ha descubierto que hubo una trama civil que pasó desapercibida y resultó impune, porque la integraban personajes muy importantes del régimen bipartidista y su ocultación fue a su vez favorecida por el propio Rey que tenía interés en que no se supiera que había pasado en realidad en el golpe de Estado del 23F donde él mismo era uno de los personajes principales ocultos tras la cortina que se ha caído al cumplir la edad de Cristo, los 33 años, el tiempo máximo que aguanta en España un gran fraude institucional, una gran mentira al pueblo español".

UPyD señala que la caída en la cifra de negocios de la industria "cuestiona la ola de optimismo" del Gobierno regional

MURCIA.- La responsable regional de Unión Progreso y Democracia, Fuensanta Máximo, señala que la caída en la cifra de negocios de la industria, según datos del informe publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre la entrada de pedidos en la industria y la cifra de negocios, "confirma la fragilidad del sector industrial en la Región".

   Máximo explica que los datos indican que la Región de Murcia "sufre descensos mucho más acusados que la media nacional". Así, en el último año, el dato sobre pedidos industriales en la Región "muestra un descenso que llega hasta el 9,4 por ciento, siendo a nivel nacional de un 1 por ciento".
En cuanto a la cifra de negocios en la industria, la variación anual registrada a nivel nacional "es del -0,3 por ciento mientras que en Murcia alcanza el -8,1 por ciento".
   La responsable de la formación magenta denuncia que "estos datos cuestionan la ola de optimismo que desde el Gobierno regional se nos quiere transmitir sobre la salida de la crisis". Máximo ve razones electorales "debido a la cercanía de las europeas por parte de los dirigentes murcianos más que una mejoría real".
   UPyD considera que "esa fragilidad y los problemas estructurales de la industria lastran a la Región para la salida de la crisis". Por eso, insiste en la necesidad de "un cambio a fondo en el entramado económico de la Región que otorgue a la industria un peso específico como soporte de un modelo de desarrollo sólido y sostenible".

Garre insiste en que la única cuenca estructuralmente deficitaria de España es la del Segura

MURCIA.- El presidente de la Comunidad, Alberto Garre, ha insistido este jueves en que tanto ministerios "populares y socialistas" coinciden en que la única cuenca estructuralmente deficitaria de España es la cuenca del Segura, y todos los años, ha recordado, "el Ministerio nos da unas cantidades de hectómetros cúbicos que desde alguna cuenca van a parar al mar".

   Garre contestaba así al ser preguntado por las declaraciones de la presidenta del Gobierno de Aragón, Luisa Fernanda Rudi, quien señaló este miércoles, que el río Ebro "no tiene excedentes" y su caudal es necesario para la cuenca.
En este sentido, el jefe del Ejecutivo murciano ha señalado en Jumilla que debe ser el Ministerio, "que es que el que tiene la competencia en esta materia, no el Gobierno de Murcia ni el de Aragón, ni el de Castilla La-Mancha", el que diga cómo va a solucionar el déficit estructural de la cuenca del Segura.
   "Dirán que el PP siempre recurre a esto", pero el PP lo que está es para "defender los intereses de esta Región" y aprueba leyes "para que esos trasvases se produzcan" mientras "hay otros que los derogan por decreto y aplauden, y eso lo han visto mis ojos" el 18 de junio de 2004 "con el voto de diputados murcianos".
   Como el déficit sigue estando, "el presidente de esta Comunidad, que es deficitaria hídricamente, tendrá que seguir solicitando que el Ministerio competente, no los de Aragón ni Castilla La-Mancha, solucione el asunto".
 "No pido más que eso", ha declarado.
   Mientras viva, ha enfatizado, "estoy dispuesto como presidente de la Comunidad a seguir pidiendo lo que nos pertenece para que un día se nos conceda como se nos concedió en 1979 la llegada de las aguas del trasvase del Tajo al Segura".
   "Esa es nuestra obligación" y "debiera ser la obligación y el compromiso de cualquier partido político en esta Región", ha valorado Alberto Garre, tras asegurar que él lo seguirá haciendo y solicitando al Ministerio, "que es quien tiene la competencia", por lo que "lo que diga una señora por aquí, un señor por allá o lo que yo pueda decir en Murcia, no sirve".
   Al hilo, Garre ha recordado el artículo 2 de la Ley de Aguas, "que dice que esas aguas son del patrimonio hidráulico nacional", una ley que no aprobó el PP, "sino que fue aprobada en 1985 con una mayoría socialista y un presidente que sí creía en estas cuestiones".
   De tal forma, ha concluido, "como presidente voy a seguir reivindicando lo que nos pertenece, no se si lo vamos o no a conseguir, pero esa es nuestra obligación" y, a su parecer, debiera de ser responsabilidad de cualquier político en esta Región.
   "Este no es el interés del PP, del PSOE o IU", es, según el presidente de Murcia, "el interés regional porque es algo que no tenemos y la naturaleza no nos da", ha finalizado.

El presidente de la Comunidad destaca el compromiso del Gobierno regional con el equilibrio presupuestario

JUMILLA.- El presidente de la Comunidad, Alberto Garre, ha destacado este jueves el compromiso del Gobierno regional con el equilibrio presupuestario porque "lo que no se equilibra desde las propias cuentas de la Administración, al final sale del bolsillo de los ciudadanos con sus impuestos".

   "Nosotros somos los primeros que tenemos que dar ejemplo y hacer lo que haya que hacer para que ese equilibrio se mantenga", ha manifestado en su visita al municipio de Jumilla.
   Tras lo que ha querido dejar claro que el Capítulo I (Gastos de Personal) "será lo último que este Gobierno regional va a tocar para ese equilibrio presupuestario", en caso de tener que hacerlo, "que ojalá que no", ha insistido, "lo será en la menor proporción".
   Ese "es el compromiso que tiene este Gobierno regional", ha apostillado el presidente de Murcia, porque "esto nos va a permitir no estar pagando deuda, sino empezar a pagar nuevas inversiones".
   "El dinero no se fabrica en el gobierno de la Nación ni en el regional", ha enfatizado, sale de los impuestos que pagan los ciudadanos "y en la medida que ese dinero se mantenga en el bolsillo de los ciudadanos y no vaya a pagar impuestos, se llegará a mayor consumo, mejor economía y se producirá más empleo".

Garre expresa su compromiso para revitalizar los proyectos industriales y la creación de empleo en el Altiplano

YECLA/JUMILLA.- El presidente de la Comunidad, Alberto Garre, ha expresado este jueves su compromiso y el de todo el Gobierno regional para revitalizar los proyectos industriales en la comarca del Altiplano con el objetivo fundamental de potenciar la creación de empleo.

   Garre ha realizado estas declaraciones durante su visita oficial a Yecla y Jumilla, en el marco de la ronda encuentros institucionales que tiene previsto realizar en los 45 municipios de la Región, tal y como anunció en su discurso de investidura en la Asamblea Regional.
   El presidente regional ha iniciado su recorrido por la comarca del Altiplano en el municipio de Yecla, donde mantuvo un encuentro con su alcalde, Marcos Ortuño, y con los miembros de la corporación local, con quienes trató los aspectos más relevantes de la situación económica y social de la localidad, con la creación de puestos de trabajo como cuestión prioritaria.
   Tras este primer contacto, el presidente se ha trasladado al Vivero de Empresas de Yecla, donde se encuentra el taller de empleo-formación de atención sociosanitaria a personas en domicilio, un programa mixto que cuenta con una subvención del Servicio de Empleo y Formación de la Comunidad (SEF) que supera los 219.000 euros.
   El presidente del Ejecutivo murciano ha expresado su deseo de apostar por los pequeños y medianos empresarios y destacó que "se están iniciando en Yecla proyectos muy importantes de cara a la creación de empleo". En este sentido, ha subrayado la relevancia del Vivero de Empresas y ha remarcado que si bien "es importante que se instalen grandes empresas que creen un número importante de empleos, también lo es que haya pequeños emprendedores que puedan aportar ellos también uno o dos puestos de trabajo cada uno" porque, según ha señalado, "200 emprendedores pueden dar lugar a 200 o 400 empleos".
   En esa labor en pro de la creación de nuevos puestos de trabajo, el Ayuntamiento de Yecla recibirá de la Comunidad cerca de medio millón para llevar a cabo diversas acciones formativas y para el fomento del empleo, promovidas desde la propia Concejalía de Empleo, con la colaboración de las concejalías de Industria y de Mujer. En ese marco de ayudas de la Administración regional se engloban también los más de 45.000 euros para financiar los gastos de personal y de formación en el Vivero de Empresas para Mujeres.
   Las ayudas se completan con subvenciones que ascienden a un total de 175.000 euros para la realización de cuatro nuevos cursos de formación, entre los que también se incluyen, entre otros, la gestión comercial de ventas, atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales y la gestión comercial de ventas bilingüe en inglés.
   Estas acciones se complementan con otras que realiza el Gobierno regional en Yecla, como las ayudas a la internacionalización del sector del mueble que concede el Instituto de Fomento (Info), u otras iniciativas a nivel local que apuestan por la formación de los desempleados con la ayuda de la Consejería de Presidencia y Empleo, o la puesta en marcha de un plan de reactivación económica local, con ayudas municipales destinadas a emprendedores, pymes, comerciantes y hosteleros.
   En la actualidad, Yecla tiene 4.544 parados, una cifra menor que la registrada hace un año, ya que en marzo de 2013 el número de personas registradas en Yecla por el SEF ascendía a 4.912, lo que representa un descenso interanual del 7,5 por ciento.
   Durante su visita, el presidente Garre también se ha referido a la Feria del Mueble de Yecla, cuya LIII edición se celebrará como gran novedad a finales del mes de septiembre, y que busca reimpulsarse a través de una especialización de su oferta, enfocada hacia un sector en auge como el 'contract'.
   Una apuesta basada en un cliente corporativo e institucional diferente del doméstico, que se espera repercuta positivamente en la industria del Mueble y en todos los sectores asociados a la misma, tanto de la propia ciudad de Yecla como del resto de la Región.
   En la reunión mantenida por el presidente Garre con la corporación local, se han abordado las actuaciones llevadas a cabo en Yecla por el Gobierno regional en los últimos meses, como la finalización del tramo de 7 kilómetros de longitud de la carretera RM-404, que une el municipio con la localidad de Fuente-Álamo de Albacete; la ampliación del Hospital Virgen del Castillo; la construcción de un embalse de 500.000 m3 para aprovechar mejor las aguas depuradas; la construcción e inauguración del Instituto de Educación Secundaria nº 3, proyectado para 12 unidades de Enseñanza Secundaria y 6 unidades de Educación de Adultos, y, más recientemente, la rehabilitación de la iglesia de San Francisco y su reapertura como Museo de la Semana Santa.
   Posteriormente, el jefe del Ejecutivo murciano se ha desplazado hasta Jumilla, en cuyo Ayuntamiento mantuvo un encuentro institucional con el alcalde, Enrique Jiménez, y con el resto de miembros de la corporación local, en el que se han abordado las cuestiones de actualidad de mayor interés para el municipio, con una especial incidencia en la creación de empleo, el refuerzo de la seguridad ciudadana o la situación de la industria vitivinícola local.
   En ese sentido, destacan las iniciativas desarrolladas desde el Ayuntamiento con el fin de consolidar la distinción de Jumilla como 'Municipio Emprendedor', conforme al acuerdo suscrito con el Info, y que contempla medidas como la implantación del 'Cheque Asesora' y del 'Cheque Incuba', así como otras relacionadas con el Impulso Empresarial o el Plan de Capital Humano.
   También se ha puesto en valor el convenio suscrito recientemente con la Comunidad para la integración en el Servicio de Atención de Llamadas de Emergencia 112, que serán atendidas en Jumilla las 24 horas del día por miembros de la Policía Local. La evolución del paro también ha sido positiva a lo largo del último año en Jumilla, pasando de los 3.371 parados registrados en marzo de 2013 a los 3.055 actualmente inscritos, lo que representa un descenso interanual del 9,37 por ciento en el número de desempleados.
   En cuanto a la Red de Carreteras de la Comunidad, el Ayuntamiento de Jumilla ha expresado su especial interés en el arreglo de la carretera de El Carche (RM-A15). A este respecto se ha iniciado la redacción del proyecto de ensanche de los primeros 8,7 kilómetros y se han remitido al Ayuntamiento los planos de planta general y de los terrenos necesarios para la ejecución de las obras, cuyo presupuesto asciende a cuatro millones de euros.
   Garre, que durante su visita al municipio de Jumilla también ha expresado el compromiso del Gobierno regional de que se pueda poner en marcha lo antes posible el proyecto del Museo del Vino, ha recorrido igualmente las instalaciones de las Bodegas San Isidro, empresa cuyos orígenes se remontan a 1934 y que agrupa a un gran número de socios cooperativistas, y ha experimentado en las últimas décadas una etapa de crecimiento y expansión tanto en el mercado nacional como internacional, caracterizada por ser la de mayor producción de vinos de pie franco monastrell del mundo.

La deuda del Ayuntamiento Murcia se reduce en cerca de 18 millones con respecto al ejercicio 2012

MURCIA.- La concejal de Economía y Hacienda, Isabel Martínez Conesa, ha explicado esta mañana en el Pleno de la Corporación Municipal la Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2013. Una liquidación que ha experimentado un descenso del gasto corriente del 7 por ciento con y un aumento de las inversiones del 26 por ciento con respecto al año 2012.

   "Un año más, el importante esfuerzo del Equipo de Gobierno ha dado sus frutos, ya que el Remanente de Tesorería para Gastos Generales, que mide la liquidez de la entidad, asciende a 1,89 millones de euros, lo que refleja la buena salud financiera del Ayuntamiento de Murcia", ha señalado la edil.
   La liquidación del presupuesto del 2013 presenta un superávit de 17,56 millones de euros, "que se destinarán al compromiso adquirido de generar crecimiento y empleo en el municipio de Murcia, así como a mantener la estabilidad financiera".
   "El Ayuntamiento de Murcia hace bien sus cuentas", ha señalado, "esta buena gestión llevada a cabo por el Gobierno del Ayuntamiento es lo que ha permitido no superar los límites de endeudamiento, tener un remanente de tesorería positivo (2,16 millones de euros)".
   El Gobierno municipal, gracias a las medidas emprendidas en 2013 (la estabilidad presupuestaria, la contención del gasto, el pago a proveedores, el mantenimiento de los servicios que se ofrecen a los ciudadanos y la reducción de la deuda), ha alcanzado un ahorro de 29 millones de euros, ha indicado Martínez Conesa.
   El gasto corriente total ha alcanzado en 2013 un nivel de ejecución del 91,46 por ciento. La racionalización del gasto se ha visto reflejado en una disminución del 7%, de los 163,58 millones de euros de 2012 a los 152,47 de 2013, y manteniendo los mismo servicios que se ofrecen a los ciudadanos. La reducción también se ha visto reflejada en los gastos financieros, con una reducción del 22%. El apartado de inversiones ha experimentado un efecto contrario a los gastos, ya que se han incrementado un 26 por ciento.
   Respecto a los ingresos, se ha alcanzado un 102,5% en la ejecución de aquellos gestionados por el Ayuntamiento, un porcentaje elevado, fruto de una estimación ajustada y de las medidas de gestión y de justicia tributaria emprendidas por la Agencia Municipal Tributaria, que han supuesto la consolidación a los padrones tributarios de nuevas unidades, como las 4.240 del IBI.
   "Es especialmente destacable el resultado del Impuesto de Plusvalía municipal. Por este concepto se han liquidado un 35% más de ingresos con respecto a 2012, lo que supone una ejecución del 153,5% con respecto a lo presupuestado". En el total de ingresos, se ha alcanzado casi el 89% de lo presupuestado, ha detallado la concejal.
   Los niveles de Recaudación efectiva son similares a los de 2012, como consecuencia de las facilidades de pago ofrecidas por el Ayuntamiento de Murcia. En 2011 se realizaron más de 3.000 expedientes de fraccionamiento y aplazamiento, frente a los 15.731 registrados en el año 2014, casi un 700%.
   La implantación de nuevos servicios de Administración electrónica y de  la nueva aplicación de Contabilidad, también han tenido su reflejo en una reducción del importe de las deudas pendientes de cobro de ejercicios cerrados existente a comienzo de 2013, de más de 56 millones de euros, como consecuencia de la importante depuración de los saldos contables llevada a cabo antes de implantar la nueva aplicación contable y de las medidas de recaudación.
   A 31 de diciembre de 2013, el Ayuntamiento de Murcia ha cerrado el ejercicio con una deuda financiera a largo plazo de 191,93 millones de euros, 17,7 menos que en el cierre de 2012, y casi 14 millones de euros por debajo de la prevista en el proyecto de presupuesto, como consecuencia de la decisión de destinar parte de los recursos de 2013 a amortizar préstamos a largo plazo.

Hoy se celebra en Murcia el funeral por el catedrático jubilado Pedro Farias García, vinculado a los Batlle


MURCIA.- Pedro Farias García, abogado, periodista, catedrático de Empresa Informativa desde 1989 y director del Departamento de Periodismo IV en la Universidad Complutense hasta la pasada década, en que se jubiló, falleció el pasado martes en Boadilla del Monte, Madrid, a los 82 años. 

Nacido en Algorta, Vizcaya, fue siempre un murciano de corazón y un intelectual falangista desde su vocación universitaria ejercida primero en la Universidad de Murcia, siendo rector quien fué su padre político, el catedrático alcoyano Manuel Batlle, a la sazón procurador en Cortes y miembro del Consejo del Reino, al contraer nupcias con su hija, la también profesora de Derecho Civil, Mercedes, de la que estaba divorciado desde hace muchos años y era madre de sus dos hijos, Mercedes y Pedro, hoy reconocido profesor de Periodismo en la Universidad de Málaga.
Catedrático de Universidad (1989), Doctor en Derecho por la Universidad Complutense (1975), Licenciado en Derecho (1958) y en Ciencias Políticas, Económicas y Comerciales (1977) ambas en la U.C.M., y Diplomado en Sociología Política I.E.P. (1974), el 'camarada' Pedro Farias fue un hombre vinculado en su juventud al Movimiento Nacional hasta llegar a ser su subjefe provincial en Murcia, redactor de 'Hoja del Lunes' y asiduo colaborador en las páginas de opinión del diario 'Línea'. Su libro "El pensamiento fundamental de José Antonio", Acervo 1980, denota su ideario.

Fue presidente de la asociación universitaria 'La información al servicio del hombre'.  Y decano de la Facultad de Ciencias de la Información en base a su proyección de imagen y persona de consenso entre alumnos, profesores y personal de administración y servicios.
También impartió las asignaturas de 'Historia y Teoría de las Libertades Públicas en la Información' y 'La libertad de empresa informativa' en los cursos de doctorado, aparte de ser el coordinador en 1997 del Congreso Conmemorativo del 25º aniversario de la Facultad.
Antes que nadie, abogó porque hubiese una Facultad de Periodismo en la Universidad de Murcia a partir del núcleo de profesores nacidos en Murcia, Cartagena, Cieza o Jumilla que impartían sus asignaturas en la Complutense.
Aparte de ser un hombre siempre encantador y de un trato humano fuera de lo normal, Pedro Farias era el de mayor autoridad de entre los profesores de la Facultad de Ciencias de la Información provenientes u oriundos de la Región de Murcia, puesto que estaba familiarmente relacionado con Alhama. Los alumnos murcianos que tuvo, siempre encontraron en él, por el mero hecho de ser de aquí, toda su ayuda y orientación en cada momento y vicisitud de la profesión de periodista. Para todos y cada uno de ellos, Pedro no era un profesor mas sino una especie de maestro desde la sabiduría que destilaba siempre. Aunque suene a tópico, era alguien irrepetible, por singular, en su propio contexto.
Entre sus obras, como especialista de Empresa Informativa, están:
En torno a la libertad de Empresa Informativa, Ed. Complutense 1994.
Libertades públicas e información, Ed. Complutense 1988.
Dialéctica moderna y Estado, Fragua 1983.
Saint Simon, anticipador de la Tecnoestructura, Educación Cooperativa 1977.
Historia Constitucional de España, Ed. Latina 1977.
Esta tarde de jueves se celebra, precisamente en Murcia, un funeral en sufragio de su alma a las 20.30 horas en la iglesia de La Merced, junto a la sede primigenia de la Universidad de Murcia.
Sus hijos, Mercedes y Pedro; sus hijos políticos, Manuel Díaz Guía y María del Mar Cassinello; sus nietos, José Manuel, Pedro y Norberto; su ex esposa Mercedes Batlle, su fiel Consuelo González y demás familiares y amigos, agradecen de antemano la asistencia de la gente que lo quería en esta ciudad, siempre tan entrañable para él y a la que amó profundamente en la distancia y en el tiempo.

La revisión de la EPA rebaja la tasa de paro en la Región de Murcia

MADRID.- El cambio de base poblacional en las estimaciones de la Encuesta de Población Activa (EPA) ha producido modificaciones en las variables de población activa, ocupación y desempleo, y ha producido la rebaja de la tasa de paro de 2013 en doce comunidades autónomas, entre ellas Murcia.

Según ha informado hoy el Instituto Nacional de Estadística (INE), la tasa de paro de 2013 se ha rebajado del 26,03 al 25,73 por ciento.
Tras la Comunidad Valenciana, con un 0,76 y Madrid, con un 0,58, las comunidades en las que más se ha producido una rebaja de la tasa de paro son las de Murcia (0,48), Cataluña y Navarra (ambas con el 0,39), Cantabria (0,25), Baleares (0,20) y Castilla-La Mancha (0,18), además de la Ciudad Autónoma de Melilla, con un 1,57 por ciento.
En cuanto al número de parados, éste ha subido en otras doce comunidades, principalmente en Cataluña, Andalucía y País Vasco, con 19.100 personas, 16.000 y 15.000, respectivamente.
Por el contrario, los desempleados, según las nuevas estimaciones, descendieron en cinco autonomías, más en la Comunidad Valenciana (27.700), Canarias (6.400) y Madrid (5.400).

El TSJRM abre la puerta para imputar a la diputada y alcaldesa de Cartagena en el 'caso Novo Carthago'

MURCIA.- El instructor de la causa abierta en el Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJ) por el caso Novo Carthago, sobre presunta corrupción urbanística, ha abierto la puerta para imputar a la alcaldesa de Cartagena, Pilar Barreiro, por su participación en los hechos que se investigan.

Dada la condición de Barreiro como diputada en el Congreso, el instructor ha pedido al Ministerio Fiscal que, en el plazo de treinta días, emita informe sobre la conveniencia de tomarle declaración en calidad de imputada y sobre el órgano jurisdiccional competente para continuar estas actuaciones.
En el auto se indica que Barreiro participó, como alcaldesa, "para conseguir el propósito de reclasificar el espacio natural protegido" sobre el que la empresa Hansa Urbana proyectaba la ejecución de un macroproyecto urbanístico, en terrenos próximos al Mar Menor.
En consideración del instructor, la alcaldesa pudo cometer un delito continuado de prevaricación, ya que, legalmente, esa reclasificación no era posible.
El auto, por otra parte, no ha aceptado la personación de la empresa Hansa Urbana en las actuaciones, al mismo tiempo que ha solicitado numerosos documentos al ayuntamiento de Cartagena.
Así, se reclama al consistorio que informe sobre la contaminación por materiales pesados de los terrenos obtenidos gratuitamente en Novo Carthago y respecto a si se aportó aval para garantizar el coste total de la descontaminación de los mismos.
Igualmente, se reclama el Plan General de Ordenación Urbana de aquella ciudad de abril de 1987 y que se certifique si llegó a otorgarse licencia alguna en Novo Carthago.

La plantilla espera que el plan de empleabilidad de Navantia sea "coyuntural"

CÁDIZ.- El presidente del comité intercentros y del astillero de San Fernando, José Antonio Oliva, ha dicho hoy que espera que el plan de empleabilidad que quiere poner en marcha Navantia para paliar la subactividad de cerca de 1.600 trabajadores de Astilleros en la Bahía de Cádiz "sea coyuntural". 

   Oliva explica que en una reunión entre el comité intercentros de Navantia y la compañía mantenida recientemente los representantes de los trabajadores preguntaron a la empresa por temas como el contrato del buque gasero, el de la plataforma eólica marina, sobre el viaje del Rey a Qatar y sobre el anuncio de carga de trabajo realizado por el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro.
No obstante, Oliva señala que la empresa "no enmarcó en el espacio temporal ninguno de esos asuntos, salvo el de la plataforma eólica marina que dijeron que Iberdrola decidiría con quién contratarla en mayo aunque esa decisión se cerraría definitivamente en septiembre".
   El presidente del comité intercentros resalta "lo llamativo" de que Navantia "no sepa nada del anuncio de Montoro en el Congreso, porque supongo que actuarán con discreción, pero lo que la empresa comunica a los trabajadores es que no sabe nada".
   Sobre la situación financiera, la empresa trasladó a los trabajadores que "la tendencia es terminar el curso 2013 con la mitad de pérdidas previstas", algo que Oliva considera "una buena noticia, ya que puede ser que terminemos con menos pérdidas que 2012".
   Al respecto, indica que ese hecho "es curioso porque 2013 ha sido un año malo en cuanto a carga de trabajo, pero sí es cierto que las reparaciones han salvado un poco el cuello a la compañía, tanto en Cádiz como en Ferrol y Cartagena".
   "La tendencia de tesorería es mejor porque también se han ido cobrando cuestiones de defensa que se debían y es buena noticia que un año que no haya habido carga de trabajo haya mejorado la salud financiera de la compañía", recalca Oliva.
   Respecto a la actividad en las plantas de Navantia en la Bahía de Cádiz, Oliva expone que "no hay carga de trabajo para dar estabilidad a la plantilla, por lo que este año se espera que en torno a 1.600 trabajadores de Navantia en la Bahía, en todas las áreas y desde ingenieros a soldadores, estén en subactividad".
   En este sentido, matiza que "menos reparaciones e ingeniería de FABA principalmente, en el resto va a existir una subactividad muy importante". Ante ello, la empresa "no va a tomar en principio ninguna medida drástica" y lo que pretende poner en marcha son planes de empleabilidad.
   Navantia ha señalado que "está todavía por concretar exactamente a cuántas personas va a afectar" el plan, que "trata de paliar la subactividad de la plantilla con movilidad funcional", tal y como adelanta este jueves El País.
   Lo que la compañía pretende es "utilizar la plantilla propia para no subcontratar fuera las tareas que se puedan desempeñar internamente". Para ello habrá formación para los trabajadores, "y se está hablando de que tengan que derivarse al área de Reparaciones, bien en Cádiz, bien en Rota".
   Oliva sostiene que "aunque aparezcan contratos, este año difícilmente se va a empezar alguno en cuanto a producción se refiere, se empezaría tal vez en ingeniería, pero no en producción". El presidente del comité intercentos espera que este plan se lleve a cabo "contando con la participación de los trabajadores y cumpliendo la normativa vigente, que es el convenio".
   Así, manifiesta que "si el plan se ciñe a ello, no habrá ningún problema y si se puede rebajar la subactividad, mucho mejor", al tiempo que confía en que esta sea "una situación coyuntural" y "en ningún caso" se convierta "en una situación estructural". Para ello, defiende que las factorías de Navantia en la Bahía necesitan carga de trabajo "urgentemente".
   "Que no se convierta en algo estructural, porque podría ser peor en el futuro y las medidas podrían ser más drásticas", advierte para afirmar que se "donde hay más subactividad de los centros de Navantia es en los de la Bahía de Cádiz, por lo que las medidas del plan de empleabilidad "afectarán más en la provincia que en ningún sitio".
   Sobre ello, el también presidente del comité de empresa del astillero de San Fernando incide en que los trabajadores de la Bahía ya están "acostumbrados" a medidas de ese estilo y que la plantilla "es muy versátil desde hace mucho tiempo, porque ha habido reciclajes, capacitaciones, formaciones complementarias y de todo".
   Oliva lamenta que la gestión de Navantia "sea desde hace casi un año más política que empresarial" y que las plantas de la Bahía "tengan esa situación y la empresa tenga que estar tapando boquetes". Así, remarca que "para hacer cualquier gestión de la difícil situación que como empresa se atraviesa en esta 2014, lo urgente es que se anuncie carga de trabajo".
   En este sentido, exige a los políticos "que se pongan de acuerdo ya" para ello, y comenta que el Gobierno "más que un Gobierno parece una agencia de publicidad, porque nada más que dan anuncios y, hasta ahora, su publicidad respecto a la carga de trabajo para Navantia ha sido engañosa".
   Por ello, reclama que el Gobierno anuncie "qué barcos de Defensa se van a hacer" y pide que esos anuncios sean "rigurosos y no sólo políticos, y que estén verificados a través de información clara por la empresa". De ser así, Oliva destaca que "seguramente se podrá atravesar el desierto al que se enfrentan" los trabajadores de Navantia en Cádiz "y plantear incluso la posibilidad, el año que viene, de no sólo tener la plantilla cubierta sino también generar empleo".
   Asimismo, insiste en resaltar el "desequilibrio alarmante" entre las plantas de Navantia en España. "Hay una herida abierta y una hemorragia que no cesa en Navantia que es la poca carga de trabajo en los centros de la Bahía de Cádiz, por lo que los anuncios de carga de trabajo que sean, deben ser focalizados en la Bahía para cubrir este desequilibrio", asevera.
   Oliva expone que los trabajadores están "convencidos" de que "va a llegar carga de trabajo", pero remarca que los contratos "tardan en madurar, y lo importante es ver cómo se desbloqueaban los programas pendientes de Defensa", reiterando que "lo que hace falta es que haya anuncios fehacientes de carga de trabajo ya".

El supersubmarino español no flota / Asier Martiarena

Más vale que España no tenga que echar mano de su flota de submarinos en los próximos meses. O en los próximos años, mejor dicho. El S-80, el supersubmarino español que tenía que entrar en acción en 2011 sigue en el taller por un motivo grave: no flota. El asunto suena a chiste, como aquel en el que Gila contaba que les había costado sumergir los submarinos que salieron de astilleros para descubrir que en realidad eran barcos. O como cuando recibieron cañones sin agujeros. Pero es cierto.
Los 2.130 millones de euros presupuestados para el S-80 no sirvieron para evitar el grave fallo de diseño que arrastra. Nunca mejor dicho. Porque el submarino es más ancho y pesado de lo que debiera. Hasta el punto de que resulta imposible hacerlo emerger para renovar las reservas de aire o acceder al interior del mismo.Y eso que la aprobación del proyecto se justificó en la necesidad de dotar a la industria española de "independencia en un sector estratégico y, al mismo tiempo, colocarse en una situación competitiva en el mercado de exportación".
Las 70 toneladas de más que pesa no se pueden aligerar por lo que la solución que barajan ahora mismo en el astillero de Navantia es hacerlo más largo para hacer más esbelta su figura y favorecer su flotabilidad cuando sea necesario. Esta operación supondrá el desembolso de 700 millones de euros, tal y como reconoció el propio ministro del ramo, Pedro Morenés, a una pregunta de Izquierda Unida en el Congreso. Reconocido el error, IU exigió responsabilidades políticas pero el Gobierno no tiene pensado hacerlo. Ni siquiera después de reconocer que no hay fecha prevista para la entrega de las 4 unidades de S-80 encargadas.
Defensa insiste en que estos problemas son frecuentes en prototipos y asegura que se solucionarán pronto al haber contratado a Electric Boat, empresa puntera en el sector, para solucionarlos. Sin embargo, en el informe preliminar que los estadounidenses realizaron de los S-80 añaden, además, graves deficiencias en los mecanismos de control y procedimientos de ingeniería.
"Los problemas descubiertos por este Gobierno en el desarrollo del programa son habituales en proyectos de alto componente de I+D+i, tal y como ha ocurrido en otros países con proyectos semejantes. El desarrollo del programa proporciona a la industria naval capacidades tecnológicas punteras que le permitirán competir en el mercado internacional con un producto propio", defiende el Ejecutivo.
Además del prototipo, otro de los cuatro submarinos encargados ya está construido en más del 70%, por lo que habría que serrarlo para alargar el casco. Y el problema es aún mayor porque peligran los contratos de venta apalabrados con países como Noruega o Australia que se habían interesado por el prototipo del S-80.
Este retraso deja a España con una capacidad operativa de submarinos de tres unidades. Todos ellos deberían haber sido jubilados hace tiempo, pero se ha estirado su capacidad operativa con reparaciones y actualizaciones. Hablamos del 'Tramontana', el 'Galerna' y el 'Mistral'.

El PP reúne hoy a su lista al Parlamento Europeo para comunicarle el plan organizativo de la campaña

MADRID.- Un día después de la publicación de la lista electoral por el BOE, el PP reúne hoy jueves en Madrid a sus candidatos a las elecciones europeas del 25 de mayo para organizar con ellos su participación en la campaña y la estrategia que quiere seguir el partido para movilizar el voto.

   Al encuentro, a mediodía, están convocados todos los miembros de la candidatura incluido el número uno, Miguel Arias Cañete, que vuelve a primera hora de un viaje a Marruecos como ministro de Agricultura.
   Será la primera reunión de trabajo de todos los candidatos del PP juntos, ya que se encontraron hace diez días en Toledo pero fue en un mitin organizado tras la elección de todos ellos y para presentar a Miguel Arias Cañete.
   La lista del PP es de una gran continuidad en los 20 primeros puestos, los que tienen más posibilidades de lograr un escaño en el Parlamento Europeo según las encuestas. Con respecto a los actuales europarlamentarios 'populares', las únicas novedades son la del ministro de Agricultura, del número dos Esteban González Pons y la inclusión del expresidente de Murcia, Ramón Luis Valcárcel.
  El PP acelera poco a poco la precampaña mientras espera que el ministro sea relevado en el cargo y se dedique en exclusiva a ejercer de candidato. La agenda esta semana de Cañete como responsable de Agricultura concluye este jueves por la tarde, por lo que se especula con que pueda ser relevado hoy y mañana viernes sea otra persona quien ocupe su lugar en el Consejo de Ministros.
   La decisión está en manos exclusivamente del presidente, Mariano Rajoy, que tampoco tuvo prisa para anunciar la elección del ministro como número uno. Si Cañete deja de Agricultura hoy, tiene una apretada agenda de actos electorales para el fin de semana a los que acudiría ya sólo como candidato: el viernes por la tarde estará en Cáceres, el sábado clausurará la convención regional del PP en Baleares y el domingo hará lo mismo en Valencia.
   Además, el lunes día 28 el PP presentará su programa electoral en Barcelona, aunque el contenido del acto y sus protagonistas no se han dado a conocer. Carlos Floriano aseguró que se ha invitado a Rajoy, pero su presencia no está confirmada todavía.
   Fuentes 'populares' aseguran que el plan de campaña de Cañete está ya cerrado hasta el día 23 de mayo, es decir, hasta la jornada de reflexión. Ahora se trabaja en fijar el del resto de candidatos, los cargos públicos y cargos del PP que también harán campaña, incluido el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

El fiscal general del Estado denuncia la falta en España de leyes contra la corrupción

MADRID.-El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha urgido  a tomar medidas para combatir la corrupción en España y para cambiar la opinión "extendida" de que la justicia "no trata igual al poderoso que al resto" y que hay un trato ideológico en función del acusado.

Así lo ha puesto de manifiesto Torres-Dulce durante su comparecencia en la Comisión Constitucional del Congreso, que acoge desde este miércoles las opiniones de expertos sobre las posible soluciones para atajar esta lacra.
El titular del Ministerio Público ha subrayado que la corrupción supone "un ataque demoledor" a los pilares del Estado de Derecho que, si no se combate con "contundencia", se corre el peligro de su "generalización" en la sociedad y de que la ciudadanía, "amparándose en una percepción generalizada" de estas prácticas, "justifique" la elusión de las normas "dando lugar, por ejemplo, al incremento de los fraudes tributarios o a la Seguridad Social".
Por ello, ha llamado a llevar a cabo una actuación "lo suficientemente decidida y enérgica" contra la corrupción porque, de lo contrario, se corre el riesgo, por un lado, de "incrementar una sensación de impunidad" que sirva para "extender" comportamientos "irregulares o corruptos" y, de otro, de que puedan "generalizarse" críticas "infundadas o sectarias" cuestionando "irresponsablemente" la labor de los servidores públicos que cumplen "honestamente" con su deber.
Torres-Dulce ha señalado que hay una opinión "extendida" entre la ciudadanía de que la justicia no trata de la misma forma al poderoso que al resto y que existe ideología en la respuesta judicial, y para sostener dicha consideración ha destacado la existencia de una legislación "manifiestamente insuficiente, enrevesada y con penas no acordes con la gravedad que se demanda por la ciudadanía".
También ha constatado que se dan investigaciones que rebasan "toda una década", prescripciones que conducen al archivo de responsabilidades, absoluciones inesperadas, condenas que no llevan aparejadas la recuperación del dinero público o indultos.
A su juicio, "desmontar" este estado de opinión es una tarea que recae principalmente en la Administración de Justicia porque, ha dicho, "no basta pensar que se equivoca quien así lo considera". Según ha defendido, es necesario "acreditar" que ese prejuicio no se corresponde con la realidad dando una respuesta "eficaz, seria y rigurosa" a la corrupción y demostrando "con hechos" un trato igual para todos.
En cuanto a la respuesta que está dando la justicia da los procedimientos por corrupción, el fiscal general ha recalcado la idea de una maquinaria "lenta pero que no se detiene" se ajusta "a la realidad".
"La imagen de la apisonadora que circula con lentitud pero que ningún elemento externo es capaz de hacer parar concuerda muy bien con la actuación de la Administración de Justicia en la mayor parte de los casos de corrupción", ha apuntado Torres-Dulce, quien ha recalcado que, pese a reconocer la lentitud de la respuesta judicial, no hay "impunidad" en las causas de corrupción "ni injerencias externas que acarreen el archivo de este tipo de procesos".
Entre otras propuestas para tratar de mejorar la lucha contra la corrupción en el ámbito estrictamente judicial, el fiscal ha destacado la necesidad de que se deje la instrucción en manos de los fiscales. De hecho, ha denunciado que "en España, las causas más complejas no las instruye el juez ni el fiscal, sino que vienen "precocinadas" por la labor de la Policía y la Agencia Tributaria y la "capacidad de filtraje crítico" de lo que llega al juzgado "es muy limitado".
Torres-Dulce ha explicado que hoy la instrucción "se ha erigido en principal, no en accesoria" y ha llamado a lograr que ésta sea "más sencilla, más ágil, más rápida" y que se ajuste a los fines para los que se destina. También ha alertado de que el "agujero negro" de la justicia es la ejecución de las sentencias. "Sin una sentencia rápida no hay Justicia, pero sin una sentencia ejecutable en sus propios términos cuanto antes estamos haciendo una burla al trabajo de los tribunales", ha apuntado.
Asimismo, ha abogado por modificar el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, como ya ha planteado al ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, para reforzar la percepción externa de independencia del la Fiscalía. En concreto, propone "limitar" los poderes del fiscal general del Estado y el "blindaje" de los fiscales que llevan asuntos de especial sensibilidad política y social.
Precariedad en los medios
Durante su intervención, el fiscal general ha llamado la atención una vez más sobre la "precariedad" en los medios materiales y humanos con la que trabajan las fiscalías provinciales, donde se ventilan el 80 por ciento de las causas, lo que hace que afrontarlas se convierta en una tarea "titánica" y en muchos casos "destinada al fracaso".
De ahí que Torres-Dulce haya apostado por organizar los medios disponibles para conseguir un fiscal "impulsor" de la acción de la justicia, sobre todo para causas "complejas y gran trascendencia" evitando así que estos procedimientos se perpetúen en el tiempo.
En este punto, el fiscal ha avanzado que creará "en los próximos meses" secciones de investigación en todas aquellas fiscalías en las que estadísticamente se ha detectado un porcentaje de procesos penales que requieren una atención "más exigente y más dinámica" de estas causas, todo ello sin alterar las funciones de las fiscalías especializadas.
Además, ha avanzado que la Fiscalía General hará una circular antes de final de año para que en aquellos delitos en los que exista una percepción pública de disposición de fondos públicos o de corrupción pública o privada, la actuación del Ministerio Fiscal sea "extraordinariamente restrictiva respecto a las conformidades", como se conoce a los acuerdos con los acusados.