lunes, 13 de enero de 2014

A Valcárcel se le complica ahora ir en la candidatura del PP al Parlamento Europeo en un puesto de salida


MADRID.- El presidente de la Comunidad Autónoma de Murcia y del Comité de las Regiones de la Unión Europea (CdR), Ramón Luis Valcárcel, ha visto complicarse en las últimas horas su posible inclusión en un puesto de salida en la candidatura del PP al Parlamento Europeo que, previsiblemente, encabezará de nuevo el ex ministro Jaime Mayor Oreja, según fuentes absolutamente solventes de la sede central de Génova 13.

Mayor Oreja habría puesto como condición, al parecer, participar con Rajoy y De Cospedal en la elaboración de esa lista y ser acompañado por algunos de los actuales europarlamentarios en un momento en que ha quedado evidencia de que, por otra parte, Valcárcel no ha logrado sumar suficientes apoyos en el núcleo duro del Partido Popular Europeo (PPE) desde su condición de presidente de turno del CdR, cargo obtenido en su día gracias al aval de Génova 13 ante el propio PPE.
El último criterio, por otra parte el de siempre, es que Valcárcel se quede en Murcia y vuelva a liderar de nuevo al PPRM de cara a las próximas elecciones autonómicas, siempre según las mismas fuentes.
Los tres posibles sucesores y otros potenciales, pero identificados, no convencen aquí en Madrid y prefieren un Valcárcel que siempre ha ganado las elecciones y cada vez con más apoyo, y con mucho en un momento algo complicado electoralmente para el PP.
Además, los grandes proyectos regionales en marcha -se piensa en Génova 13- son proyectos personales suyos y nadie mejor que el propio Valcárcel para tratar de rematarlos en busca de rentabilidad electoral, algo absolutamente inseguro con cualquiera de los posibles sucesores.
En Madrid se cree, en el PP nacional, que la Región de Murcia viene siendo más que dignamente representada en Bruselas desde 1999 por la europarlamentaria cántabra afincada en Murcia, Cristina Gutiérrez-Cortines, y ésta podría volver a ser candidata si Valcárcel reflexiona y acepta seguir en su actual cargo autonómico hasta las elecciones regionales de 2015.
Pero podría darse todavía el peor de los escenarios y es que Valcárcel ya no quiera volver a ser candidato ni en Murcia ni en Bruselas y sea designado por su grupo parlamentario senador territorial por la Asamblea Regional de Murcia hasta 2018, tras la renuncia de alguno de los dos actuales senadores del PP por la cámara (Benito Marín y Pedro Manuel Hernández López), manteniendo, por lo tanto, su condición de aforado y posiblemente a la vez su actual condición de presidente regional del PP.
En las últimas semanas Valcárcel ha evitado las visitas a Génova 13 y cualquiera de las reuniones de la dirección del partido para quedarse, hasta la resolución de la candidatura europea, con la palabra dada por Rajoy de que iría en ella si así lo deseaba el hoy presidente murciano.

Rescatar la CAM puede costar al erario público 15.000 millones

MADRID.- El rescate de la Caja de Ahorros del Mediterráneo ( CAM ) puede acabar costando a las arcas públicas 15.000 millones de euros, según indicó este lunes el ministro de Economía, Luis de Guindos, aludiendo a la "negativa" evolución de los valores de la entidad, cubiertos por un Esquema de Protección de Activos (EPA), como causa de este incremento.

Durante su comparecencia ante la Comisión de Economía del Congreso, De Guindos reconoció que "existe la posibilidad" de que la cifra de fondos públicos que se han destinado a rescatar el sector bancario pueda aumentar a resultas del Esquema de Protección de Activos de la CAM .
Así, cifró que el rescate de la entidad "puede acabar teniendo un coste de 15.000 millones de euros", una cantidad desproporcionada si se tiene en cuenta el tamaño de la entidad en relación con otras.
Posteriormente, en declaraciones a los medios, el ministro insistió en que el coste total de rescatar esta entidad bancaria dependerá de la evolución del Esquema, por el que el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) asumió durante diez años el 80% de las pérdidas derivadas de una cartera problemática de activos de la CAM por 24.000 millones de euros, entre crédito promotor, suelo, edificios y obra en curso, así como préstamos para compra de vivienda y refinanciaciones, entre otros activos.
Así, cuando acabe ese periodo habrá que calcular el valor de esos activos de la CAM , si bien en las actualizaciones periódicas que se realizan muestran que la evolución "va peor de lo que se había previsto inicialmente". Por eso, De Guindos cree que habrá "una elevación del coste de la privatización".
 "Pero habrá que verlo", apostilla.
La CAM fue intervenida el 22 de julio de 2011 por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), después de que el Banco de España acordara la sustitución provisional de sus administradores. En diciembre del mismo año, el supervisor adjudicó la entidad al Banco Sabadell por un precio simbólico de un euro, operación que se materializó tras una ampliación de capital por parte del FGD por importe de 5.249 millones de euros.
Junto con esa ayuda, el Banco de España decidió que el plan de reestructuración de la CAM incluyera un esquema de protección de activos, así como que el FROB asumiera compromisos contingentes con la CAM destinados a garantizar el acceso de la entidad a determinadas fuentes de financiación de las que dispone actualmente.
En el momento de la operación, el FROB cifró en unos 5.500 millones de euros las pérdidas potenciales aproximadas en la CAM , que se cubrirían en primer lugar con las provisiones constituidas sobre los activos de la caja por valor de 3.900 millones de euros, lo que reduciría los 'números rojos' a 1.600 millones de euros. Así, las pérdidas que debería asumir el FGD serían de unos 1.300 millones de euros para toda la duración de la EPA.
Sin embargo, una semana después de la adjudicación, el consejero delegado de Banco Sabadell, Jaime Guardiola, aseguró que la pérdida esperada en la Caja de Ahorros del Mediterráneo "se acerca más a 17.000 millones de euros que a los 5.500 millones".

IU-Verdes denuncia el nuevo retraso de los cursos para formar empleados para el aeropuerto de Corvera

MURCIA.- La concejala de IU-Verdes en el Ayuntamiento de Murcia, Esther Herguedas, ha señalado este lunes que el nuevo retraso en los cursos de formación de trabajadores del aeropuerto de Corvera constituye "una de las imágenes más claras de la incapacidad del PP para generar empleo en la Región y en el municipio".

   Herguedas se ha referido así a la nueva adenda al convenio suscrito entre el consistorio y el Servicio de Empleo y Formación (SEF) para realizar cursos de formación para futuros trabajadores del aeropuerto, que incluye una segunda prórroga -hasta junio de 2016- para la realización de unos cursos que tenían que haberse hecho antes de junio de 2012.
   La edil ha criticado "la utilización partidista que hizo el PP de estos cursos en la pasada campaña electoral, abriendo un proceso de inscripción para cubrir los 20.000 empleos que entonces se anunciaron y que finalmente se quedaron reducidos a 315 cursillistas para el municipio de Murcia".
   Ha añadido que con esta nueva adenda, "el PP puede volver a repetir la jugada de engañar a la población con la falsa promesa de un puesto de trabajo en las próximas elecciones municipales y autonómicas del 2015".
   "Lo más triste es que si estos cursos llegan algún día a realizarse no van a servir para nada, pues el dinero previsto que se también se rebajó de 575.000 a 410.000 euros ni siquiera garantiza que las personas que reciban la formación pasen a trabajar en el aeropuerto, pues la selección final la realizará la empresa que lo gestione de acuerdo con sus criterios y el número de puestos ofertados será mínimo al tener que asumir a los trabajadores del aeropuerto de San Javier", ha indicado.
   Para Herguedas, "las dudas en torno a esta inversión aconsejan que el Ayuntamiento negocie con el SEF de forma que los fondos destinados a esos cursos puedan ser utilizados en este año en otras actividades orientadas a la consecución de empleo más realistas y necesarias para el municipio".

La Comisión Europea confirma que las autoridades españolas no han solicitado ninguna cofinanciación para el acceso del AVE a Murcia

MURCIA.- El coordinador regional de Unión Progreso y Democracia, Rafael Sánchez, ha afirmado este lunes que "ni el Gobierno de Valcárcel ni el de Mariano Rajoy tienen la más mínima intención de que la Alta Velocidad llegue a la ciudad de Murcia de manera soterrada", tras la respuesta de la Comisión Europea a la pregunta sobre esta cuestión formulada por el diputado europeo de UPyD, Francisco Sosa Wagner.

   Para Sánchez, "no nos puede quedar ninguna duda", ya que las palabras del comisario europeo de Política Regional, Johannes Hahn, "son claras y contundentes en este sentido", al afirmar que "las autoridades españolas no han solicitado formalmente ninguna cofinanciación para el acceso a la ciudad de Murcia de la mencionada línea de ferrocarril de alta velocidad".
   Como ha señalado el coordinador regional, "al mismo tiempo nos recuerdan desde la Comisión Europea" que, según la Directiva 2011/92/UE, más conocida como Directiva sobre la evaluación del impacto ambiental o Directiva EIA, "la entrada a la ciudad de Murcia de manera soterrada tendría que venir precedida del consiguiente estudio de impacto ambiental, algo que ni desde el Gobierno nacional ni el regional se ha previsto hasta este momento".
   La pregunta realizada por el diputado europeo de UPyD, Francisco Sosa Wagner, surge después del encuentro mantenido por el europarlamentario con vecinos de la zona y miembros de la Plataforma Pro-Soterramiento en su última visita a Murcia, ha explicado el coordinador regional de la formación magenta.
   En concreto, Sosa Wagner planteó en su escrito ante la Comisión Europea qué acciones están previstas para que el Corredor Mediterráneo y las Líneas de Alta Velocidad relacionadas "no generen un problema urbanístico y social, dando así cumplimiento a las políticas de cohesión europeas".

La confianza empresarial murciana baja un 0,5 % para el primer trimestre de 2014

MADRID.- La confianza de los empresarios murcianos para el primer trimestre de 2014 ha disminuido un 0,5 por ciento con respecto a la registrada para el último trimestre de 2013, con lo que Murcia se convierte en la quinta más pesimista de España en este aspecto por comunidades autónomas.

En cambio, la confianza media de los empresarios españoles ha subido el 0,8 % para el trimestre entrante, según el indicador de confianza empresarial publicado hoy por el Instituto Nacional de Estadística.
Según estos datos, la confianza empresarial acumula cuatro trimestres consecutivos de aumento si bien el ritmo de incremento se ha ido moderando.

Otros nueve ayuntamientos de la Región colaboran con la Comunidad Autónoma en la lucha contra la economía irregular

MURCIA.- La Consejería de Educación, Universidades y Empleo suscribió esta mañana los convenios de colaboración con los ayuntamientos de Lorca, Moratalla, Alguazas, Campos del Río, Ojós, Villanueva de Segura, Santomera, Librilla y Albudeite para compartir información y luchar contra la economía irregular. 

Con la incorporación de estos consistorios, ya son casi la mitad los ayuntamientos de la Región que trabajan con la Administración regional para contribuir a terminar con la actividad económica irregular.
De esta forma, la Consejería da seguimiento al compromiso que adquirió el presidente regional con los agentes económicos y sociales de buscar la participación de los ayuntamientos en la lucha contra la economía irregular facilitando información municipal para detectar actividades de economía sumergida, una acción pionera en España, según indica el Ejecutivo regional en comunicado de prensa.
   El consejero Pedro Antonio Sánchez ha destacado el trabajo conjunto que se va a realizar para "poner cerco a la economía irregular y preservar y garantizar los derechos de los trabajadores. La economía sumergida genera competencia desleal hacia aquellos que respetan las leyes y, sobre todo, priva al trabajador de acceder a prestaciones como las de desempleo o las pensiones de jubilación o invalidez".
   A los datos municipales que proporcionan los ayuntamientos, como licencias de actividad, generación de residuos o consumos de agua, entre otros, se unen otros proporcionados por las consejerías de Empleo, Economía e Industria para remitirlos a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. El análisis de estos datos proporciona claves para detectar posibles actividades de economía irregular y poner los medios para que afloren.
   "Es una acción preventiva, cuyo fin no es sancionar, sino evitar el fraude que se hace al propio trabajador, la Administración y el conjunto de la sociedad. El conjunto de los ciudadanos de la Región debemos repudiar estas actuaciones y denunciarlas", ha indicado el consejero.
   Durante 2013, las corporaciones locales proporcionaron casi 7.000 datos, a los que hay que sumar los casi 30.000 que remitió la Comunidad Autónoma a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
   Los nueve ayuntamientos que han firmado hoy su convenio de colaboración se suman a los de Torre Pacheco, Mula, Cehegín, Totana, Puerto Lumbreras, Los Alcázares, Alhama de Murcia, Jumilla, Mazarrón, San Javier y Cieza.

Ciudadanos de la Unión Europea obligan a incluir el debate sobre el agua en la agenda política de Bruselas

BRUSELAS.- El agua y quién debe proporcionarla - el sector público o el privado - se ha convertido en el primer asunto que entra en la agenda política de Bruselas a través de un nuevo mecanismo destinado a implicar a los ciudadanos de a pie en la toma de decisiones de la Unión Europea (UE). 

La Iniciativa Ciudadana de la UE fue introducida en 2012 después de cambios en el Tratado de la UE que fueron diseñados para acercar la creación de leyes a los 500 millones de europeos.
Esto otorga a los ciudadanos el derecho de plantear propuestas para elaborar políticas sobre cualquier asunto siempre y cuando hayan obtenido un millón de firmas en al menos siete de los 28 Estados miembros - aunque esto no garantiza que los legisladores aprueben la norma.
A finales de diciembre, organizadores de la iniciativa Right2Water remitieron formalmente su propuesta después de haber sobrepasado ese umbral.
Dicen que el derecho humano al agua debe ser consagrado en la legislación de la UE y que empresas públicas, y no privadas, deberían ser las responsables de proveer los servicios de agua.
La audiencia pública sobre la propuesta, prevista para febrero en el Parlamento Europeo, podría calentarse ya que varios estados, como Portugal, tienen como objetivo vender las empresas de agua estatales para pagar su deuda, mientras que otros ya tienen privatizadas.
La Comisión, el poder ejecutivo de la UE, dijo que era demasiado temprano para decir cuál será el resultado de la iniciativa ciudadana.
Según la norma, la Comisión tiene tres meses para analizar la propuesta y puede, bien estar de acuerdo con ella en principio, o decir que necesita más tiempo para considerarla, o rechazarla. Si opta por esta opción debe dar razones, que pueden ser legales o políticas.
Los impulsores de la propuesta insisten en que el agua, como "bien común", debe estar en manos públicas.
"Está extremadamente amenazada por las multinacionales. Las multinacionales están ahí para obtener ganancias y dar beneficios a sus accionistas más que para satisfacer las necesidades de los ciudadanos", dijo Anne-Marie Perret, presidenta del comité de Right2Water.